"Se purificarán a los organismos autónomos para evitar corrupción y conflicto de intereses": Andrés Manuel López Obrador
Esta semana, los diputados cumpliremos con nuestra obligación de aprobar un presupuesto responsable, que apuntale y al propio tiempo avale el gran proyecto de cambio encabezado por nuestro presidente. El anhelo es que en el espíritu del presupuesto estén ya imbuidos los principios de la 4a. Transformación.
Desde la campaña, el clamor popular fue un YA BASTA a la corrupción y al dispendio. La promesa de conformar un gobierno para servir a la gente y no para servirse de ella, está ahora en proceso de cumplirse. Es por esto que aprobamos una reforma constitucional para que nadie pudiera ganar más que el presidente y una ley de austeridad republicana aplicable incluso a los organismos autónomos del Estado.
De los diez órganos constitucionales autónomos que tenemos —a dos décadas de la creación de los primeros—, podemos decir que los resultados son variopintos, debido, sobre todo, a su discontinua relación de sometimiento / autonomía con el poder.
Desafortunadamente, no se puede negar que, con el tiempo, algunas de estas autónomas instancias, se han ido pervirtiendo en sus funciones. Hay casos emblemáticos como el del Instituto Nacional Electoral (INE), que tiene consejeros asignados al modo de las cuotas partidistas; o el del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que ha estado dominado por las ideas que dictan los preponderantes en el sector; o el de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que ha tenido una presidenta que ha dejado de ser una funcionaria imparcial.
Uno de los temas más problemáticos en cuanto a la asignación presupuestal a estos organismos es el que corresponde al capítulo 1000, relacionado con los sueldos y prestaciones. En la Comisión Federal de Competencia Económica, hay un presupuesto total de más de 570 millones de pesos, de los cuales $403 mdp se usan en pagos a salarios de sus 433 empleados. El promedio anual por empleado es de $930,919 mdp. Casi 1 millón de pesos, si dividiéramos el monto total entre los trabajadores. Esto en sí mismo es ya un dato impresionante: cuatro centenas de trabajadores que ganan, en promedio, casi un millón de pesos al año.
Para el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de un total presupuestado de 1,700 millones de pesos, son $939 mil millones los asignados para sueldos y prestaciones de los empleados. Hay 1,428 trabajadores en total, y el promedio de sueldos es de $657,633 mil pesos por empleado, por año. Pero la realidad es que en el IFT, el sueldo mensual neto de un dictaminador de solicitudes de concesión comunitarias e indígenas es de $8,295 pesos, contra el sueldo de un comisionado, que es de $106,172 pesos y más.
En el Instituto Nacional Electoral, lo asignado al capítulo 1000 es de $7’721,239 millones de pesos, con los que se pagan salarios de 18,602 empleados ($41,507.57 anual, en promedio).
Hemos avanzado en la lucha para desmantelar una estructura diseñada para favorecer a la burocracia dorada y sus amigos vividores del erario. Hemos hecho importantes esfuerzos en el proyecto de reformar y desaparecer estructuras gubernamentales duplicadas o que no responden a intereses genuinos del pueblo. Además, estamos proponiendo la reducción del presupuesto a los partidos políticos. Pero en materia de órganos autónomos aún nos falta mucho por hacer.
Morena y el pueblo de México han demostrado que para hacer política y difundir ideas no se requieren millonarios recursos. Esta moderación tiene que notarse en todos los frentes. De este modo tendríamos considerables ahorros en todos los sectores y del gobierno y los organismos de la sociedad.
De eso se trata la Cuarta Transformación: de hacer que los impuestos sirvan para el bienestar y el desarrollo del pueblo, y no para perpetuar burocracias doradas e impunes. En esta transformación, el presupuesto de los órganos autónomos deberá revisarse a mucha profundidad.
Diputada Federal. Coordinadora temática de economía del grupo parlamentario de Morena.
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