/ martes 16 de junio de 2020

Órganos autónomos

El pasado 10 de junio se publicó en la gaceta del Senado de la República la iniciativa del senador Ricardo Monreal para reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución mexicana. Solamente estos dos artículos acumulan más de 30 reformas. En esta ocasión se pretende eliminar a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE). En su lugar, se propone crear al Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob).

En el IMCO nos dimos a la tarea de analizar la iniciativa y encontramos que no existe evidencia que justifique la eliminación de los órganos autónomos. Los argumentos empleados van desde suponer un ahorro de recursos, hasta un mejor desempeño y eficiencia en materia regulatoria. Sin embargo, la iniciativa tiene la virtud de poner sobre la mesa, la función e importancia de los órganos constitucionalmente autónomos y reguladores.

Atinadamente, la iniciativa plantea un contexto cada vez más complejo en el que los órganos tienen que conciliar los objetivos regulatorios y, a su vez, defender los objetivos de la competencia económica. Por ejemplo, desde la perspectiva regulatoria en el sector de telecomunicaciones, las tarifas de acceso a estos servicios podrían ayudar a financiar más y mejor infraestructura (antenas, cableado, equipamiento e instalaciones en general), pero desde el punto de vista económico, una tarifa baja fomentaría la entrada de empresas que compitan por clientes y ofrezcan precios competitivos.

La iniciativa no resuelve los problemas sustantivos entre lo que ordena la Constitución en materia de competencia económica y los objetivos regulatorios del Estado mexicano. Tampoco mejora la interacción entre las materias de competencia económica, telecomunicaciones y sector energético.

La justificación de la iniciativa en términos de austeridad y ahorro de recursos es insostenible. En conjunto la Cofece, el IFT y la CRE representan únicamente el 0.04% del presupuesto federal (PEF) 2020. El costo presupuestal no llega ni al 1%, sin embargo, los costos de afectar a estos órganos autónomos pueden ser inmensamente mayores.

El trabajo de los reguladores tiene un impacto directo en el bolsillo de los mexicanos. Esto se ve reflejado en las acciones que buscan que servicios como internet, luz, gasolina, bienes de consumo, entre otros, sean de calidad y a precios competitivos. El bienestar para la población es sustancialmente mayor al 0.04% del PEF. La extinción de los órganos generaría obligaciones laborales, costos contractuales e ineficiencias administrativas.

La propuesta del senador genera más dudas que respuestas. La incertidumbre es enemiga de la inversión y el crecimiento económico. Independientemente de si se cree o no en la técnica, la especialización y el mérito de los funcionarios, la iniciativa pone en riesgo los intereses de los ciudadanos y consumidores frente a prácticas abusivas y falta de competencia. México necesita reguladores independientes y especializados.

El domingo 14 de junio, el senador anunció que solicitaría posponer los trámites de la iniciativa presentada, una decisión responsable y para celebrarse (ojalá la petición se traduzca en el retiro definitivo de la iniciativa de reforma constitucional). En cualquier caso, este proceso legislativo deja un aprendizaje: el Parlamento Abierto no puede ser una simulación. Es un ejercicio que no se agota en el papel. Es necesaria la intervención de los propios órganos autónomos, conocer su funcionamiento, sus fortalezas y debilidades.

P.D. Si puedes, #QuédateEnCasa.


Coordinador de Gobierno y Finanzas del @IMCOmx.

@ManuGuadarrama

El pasado 10 de junio se publicó en la gaceta del Senado de la República la iniciativa del senador Ricardo Monreal para reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución mexicana. Solamente estos dos artículos acumulan más de 30 reformas. En esta ocasión se pretende eliminar a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE). En su lugar, se propone crear al Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob).

En el IMCO nos dimos a la tarea de analizar la iniciativa y encontramos que no existe evidencia que justifique la eliminación de los órganos autónomos. Los argumentos empleados van desde suponer un ahorro de recursos, hasta un mejor desempeño y eficiencia en materia regulatoria. Sin embargo, la iniciativa tiene la virtud de poner sobre la mesa, la función e importancia de los órganos constitucionalmente autónomos y reguladores.

Atinadamente, la iniciativa plantea un contexto cada vez más complejo en el que los órganos tienen que conciliar los objetivos regulatorios y, a su vez, defender los objetivos de la competencia económica. Por ejemplo, desde la perspectiva regulatoria en el sector de telecomunicaciones, las tarifas de acceso a estos servicios podrían ayudar a financiar más y mejor infraestructura (antenas, cableado, equipamiento e instalaciones en general), pero desde el punto de vista económico, una tarifa baja fomentaría la entrada de empresas que compitan por clientes y ofrezcan precios competitivos.

La iniciativa no resuelve los problemas sustantivos entre lo que ordena la Constitución en materia de competencia económica y los objetivos regulatorios del Estado mexicano. Tampoco mejora la interacción entre las materias de competencia económica, telecomunicaciones y sector energético.

La justificación de la iniciativa en términos de austeridad y ahorro de recursos es insostenible. En conjunto la Cofece, el IFT y la CRE representan únicamente el 0.04% del presupuesto federal (PEF) 2020. El costo presupuestal no llega ni al 1%, sin embargo, los costos de afectar a estos órganos autónomos pueden ser inmensamente mayores.

El trabajo de los reguladores tiene un impacto directo en el bolsillo de los mexicanos. Esto se ve reflejado en las acciones que buscan que servicios como internet, luz, gasolina, bienes de consumo, entre otros, sean de calidad y a precios competitivos. El bienestar para la población es sustancialmente mayor al 0.04% del PEF. La extinción de los órganos generaría obligaciones laborales, costos contractuales e ineficiencias administrativas.

La propuesta del senador genera más dudas que respuestas. La incertidumbre es enemiga de la inversión y el crecimiento económico. Independientemente de si se cree o no en la técnica, la especialización y el mérito de los funcionarios, la iniciativa pone en riesgo los intereses de los ciudadanos y consumidores frente a prácticas abusivas y falta de competencia. México necesita reguladores independientes y especializados.

El domingo 14 de junio, el senador anunció que solicitaría posponer los trámites de la iniciativa presentada, una decisión responsable y para celebrarse (ojalá la petición se traduzca en el retiro definitivo de la iniciativa de reforma constitucional). En cualquier caso, este proceso legislativo deja un aprendizaje: el Parlamento Abierto no puede ser una simulación. Es un ejercicio que no se agota en el papel. Es necesaria la intervención de los propios órganos autónomos, conocer su funcionamiento, sus fortalezas y debilidades.

P.D. Si puedes, #QuédateEnCasa.


Coordinador de Gobierno y Finanzas del @IMCOmx.

@ManuGuadarrama

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