/ viernes 21 de junio de 2019

¿Otra reforma electoral?

Hay que tener mucho cuidado con hacer otra reforma electoral, como se está proponiendo, y más aún si se consideran algunas de los cambios que se han propuesto, sobre los que es indispensable ponderar con total objetividad los pros, los contras y los potenciales efectos colaterales. La ciudadanía no debe permitir que se ponga en riesgo lo imprescindible por lo secundario, mucho menos una regresión en nuestra democracia.

Se aduce que el móvil principal de este nuevo paquete de ajustes en la legislación electoral sería la reducción de costos, en línea con la política de austeridad del actual gobierno. En principio, esto sería positivo, si consideramos que el presupuesto del INE para este año pasa de 15,360 millones de pesos, incluyendo los más de 5 mil millones del financiamiento a los partidos políticos, y esto ya con el recorte de cerca de mil millones que ya se aplicó de inicio.

Sin embargo, todo esfuerzo de ahorro, lo mismo en el sector público que en una empresa, debe asegurarse de no llevarse músculo en el proceso de eliminar grasa. Sobre todo, hay que impedir que sean otras motivaciones las que prosperen con este tipo de iniciativas, que en este caso podrían derivar en un socavamiento de los principios fundamentales de autonomía y carácter ciudadano de nuestro sistema electoral.

No podemos afectar las funciones y operaciones que son vitales, y menos si estamos hablando de una institución y una estructura electoral fundamentales para la democracia y la estabilidad política, y que, aunque son perfectibles, como todo, han cumplido con el cometido esencial de organizar procesos electorales con un grado aceptable de confiabilidad.

Puede haber debate al respecto, pero hay que recordar lo que teníamos antes del proceso de transición democrática y las instituciones que tanto nos costó construir. Que no fueron un regalo de la clase política o del presidencialismo de antaño, sino producto, sobre todo, de demandas y luchas de los ciudadanos.

Entre los cambios que se están impulsando destacan, bajar en 50% el financiamiento público a los partidos y la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), para que el INE se encargue de los comicios locales. Asimismo, reducir drásticamente el costo operativo de esta institución, recortar el número de consejeros nacionales, eliminar los tribunales electorales estatales y disminuir la cantidad de legisladores. Incluso se ha barajado la opción de que la autoridad electoral vuelva al seno del Gobierno.

Hay que atender a los propósitos de austeridad, pero sin descuidar los riesgos. Por ejemplo, el de una centralización excesiva, que podría acabar revirtiendo los ahorros que se pretendían, además de vulnerar el pacto federalista, con todo lo que ello implica.

¿Conviene seguir recargando de responsabilidades al INE? Recordemos que ya se le han encomendado, en reformas pasadas, tareas como un monitoreo amplísimo de los medios de comunicación y lo que muchos consideramos atribuciones de censura. ¿Vale la pena arriesgar las funciones esenciales a cambio de adicionar otras, que pueden realizar mejor otros organismos?

En cuanto al financiamiento a los partidos, en efecto es demasiado, pero no pueden soslayarse los riesgos inherentes de otros modelos, como el financiamiento privado. No conviene cerrar la puerta de un problema, para abrir otras, con amenazas más graves, como la intromisión del crimen organizado.

Como demuestran María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde en el libro que acaban de publicar, “Dinero bajo la mesa”, el financiamiento y el gasto ilegal de las campañas políticas son los mayores problemas de la democracia electoral mexicana. Es decir, el exceso de dinero, pero no del presupuesto a la vista de todos, sino precisamente del que está debajo de la mesa.

Una reforma trascendente debería concentrarse en esa problemática, que tiene que ver, de forma estructural, con el reto de la corrupción, en general. A fin de cuentas, ese dinero ilegal que entra en los procesos electorales, con los compromisos y pago de favores que conlleva, constituyen la causa-raíz de la corrupción en muchos gobiernos.

Si se buscan ahorros o un mejor modelo de financiamiento público a los partidos, hay opciones que no pueden desecharse, como la fórmula que ha promovido Pedro Kumamoto o incorporar la urna electrónica, como lo sugirió el Presidente del INE, Lorenzo Córdova.

En todo caso, no debería haber precipitación. Desde la reforma electoral de 1977, considerada como banderazo de salida de la transición democrática, se han hecho otras 10 reformas amplias, todas con elementos positivos, pero algunas con ajustes contraproducentes o innecesarios. No improvisemos.

Construir instituciones es un proceso largo, lento, complejo. Hay que levantar todo un andamiaje jurídico, administrativo y de capital humano. Al contrario, socavarlas es algo que puede ocurrir con la mayor rapidez.

Con seriedad, preguntémonos si, entre tantos desafíos de la agenda nacional, realmente urge hacer otra reforma electoral.

Hay que tener mucho cuidado con hacer otra reforma electoral, como se está proponiendo, y más aún si se consideran algunas de los cambios que se han propuesto, sobre los que es indispensable ponderar con total objetividad los pros, los contras y los potenciales efectos colaterales. La ciudadanía no debe permitir que se ponga en riesgo lo imprescindible por lo secundario, mucho menos una regresión en nuestra democracia.

Se aduce que el móvil principal de este nuevo paquete de ajustes en la legislación electoral sería la reducción de costos, en línea con la política de austeridad del actual gobierno. En principio, esto sería positivo, si consideramos que el presupuesto del INE para este año pasa de 15,360 millones de pesos, incluyendo los más de 5 mil millones del financiamiento a los partidos políticos, y esto ya con el recorte de cerca de mil millones que ya se aplicó de inicio.

Sin embargo, todo esfuerzo de ahorro, lo mismo en el sector público que en una empresa, debe asegurarse de no llevarse músculo en el proceso de eliminar grasa. Sobre todo, hay que impedir que sean otras motivaciones las que prosperen con este tipo de iniciativas, que en este caso podrían derivar en un socavamiento de los principios fundamentales de autonomía y carácter ciudadano de nuestro sistema electoral.

No podemos afectar las funciones y operaciones que son vitales, y menos si estamos hablando de una institución y una estructura electoral fundamentales para la democracia y la estabilidad política, y que, aunque son perfectibles, como todo, han cumplido con el cometido esencial de organizar procesos electorales con un grado aceptable de confiabilidad.

Puede haber debate al respecto, pero hay que recordar lo que teníamos antes del proceso de transición democrática y las instituciones que tanto nos costó construir. Que no fueron un regalo de la clase política o del presidencialismo de antaño, sino producto, sobre todo, de demandas y luchas de los ciudadanos.

Entre los cambios que se están impulsando destacan, bajar en 50% el financiamiento público a los partidos y la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), para que el INE se encargue de los comicios locales. Asimismo, reducir drásticamente el costo operativo de esta institución, recortar el número de consejeros nacionales, eliminar los tribunales electorales estatales y disminuir la cantidad de legisladores. Incluso se ha barajado la opción de que la autoridad electoral vuelva al seno del Gobierno.

Hay que atender a los propósitos de austeridad, pero sin descuidar los riesgos. Por ejemplo, el de una centralización excesiva, que podría acabar revirtiendo los ahorros que se pretendían, además de vulnerar el pacto federalista, con todo lo que ello implica.

¿Conviene seguir recargando de responsabilidades al INE? Recordemos que ya se le han encomendado, en reformas pasadas, tareas como un monitoreo amplísimo de los medios de comunicación y lo que muchos consideramos atribuciones de censura. ¿Vale la pena arriesgar las funciones esenciales a cambio de adicionar otras, que pueden realizar mejor otros organismos?

En cuanto al financiamiento a los partidos, en efecto es demasiado, pero no pueden soslayarse los riesgos inherentes de otros modelos, como el financiamiento privado. No conviene cerrar la puerta de un problema, para abrir otras, con amenazas más graves, como la intromisión del crimen organizado.

Como demuestran María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde en el libro que acaban de publicar, “Dinero bajo la mesa”, el financiamiento y el gasto ilegal de las campañas políticas son los mayores problemas de la democracia electoral mexicana. Es decir, el exceso de dinero, pero no del presupuesto a la vista de todos, sino precisamente del que está debajo de la mesa.

Una reforma trascendente debería concentrarse en esa problemática, que tiene que ver, de forma estructural, con el reto de la corrupción, en general. A fin de cuentas, ese dinero ilegal que entra en los procesos electorales, con los compromisos y pago de favores que conlleva, constituyen la causa-raíz de la corrupción en muchos gobiernos.

Si se buscan ahorros o un mejor modelo de financiamiento público a los partidos, hay opciones que no pueden desecharse, como la fórmula que ha promovido Pedro Kumamoto o incorporar la urna electrónica, como lo sugirió el Presidente del INE, Lorenzo Córdova.

En todo caso, no debería haber precipitación. Desde la reforma electoral de 1977, considerada como banderazo de salida de la transición democrática, se han hecho otras 10 reformas amplias, todas con elementos positivos, pero algunas con ajustes contraproducentes o innecesarios. No improvisemos.

Construir instituciones es un proceso largo, lento, complejo. Hay que levantar todo un andamiaje jurídico, administrativo y de capital humano. Al contrario, socavarlas es algo que puede ocurrir con la mayor rapidez.

Con seriedad, preguntémonos si, entre tantos desafíos de la agenda nacional, realmente urge hacer otra reforma electoral.

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