Hoy inicia formalmente actividades la Guardia Nacional, institución pública creada con el consenso de las fuerzas políticas nacionales para atender los riesgos que ponen en peligro la seguridad pública en el país.
Serán 52 mil elementos con los que cuente inicialmente este cuerpo del Estado mexicano, proviniendo en su mayoría del Ejército Mexicano y de la Marina-Armada de México, así como de la Policía Federal, los cuales serán desplegados en 150 regiones críticas.
Se trata de una acción de gobierno encaminada a fortalecer el estado de derecho y a hacer frente a los grupos delincuenciales que han intensificado su presencia en numerosas comunidades del país, aterrorizando a la población y frenando la actividad económica.
Una vez más, las Fuerzas Armadas ponen a disposición de la población su capital humano para atender la que es, sin duda, la mayor preocupación de la sociedad.
No es sencillo prescindir de elementos de las Policías Militar y Naval, sin embargo, los militares no regatean el apoyo a la sociedad.
La Guardia Nacional enfrenta muchos retos para funcionar plenamente, lo cual implicará que las instituciones públicas y los legisladores permanezcan atentos, a fin de atender sus requerimientos en tiempo y forma, de lo contrario, por más adiestramiento, capacidad y vocación de servicio, los guardias nacionales no podrán realizar plenamente su labor.
La Guardia Nacional es concebida como una institución del estado que participa como salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas, protegiendo su seguridad y patrimonio, así como los bienes de la nación, en los casos y bajo las condiciones dispuestas en la Constitución y en las leyes.
Cada día sabemos de hechos de desapariciones, hallazgo de narco fosas, lavado de dinero por medio de diversas empresas, trata de personas, secuestros y enfrentamientos entre grupos criminales que cobran vidas humanas, y ello no puede seguir sucediendo impunemente.
Dentro de las funciones de la Guardia Nacional se plantea que auxilie directamente en territorios del país donde la violencia tiene focos alarmantes y de acuerdo con la cooperación con las instituciones policiales municipales y estatales se brinde una mayor protección a la población.
Pero la Guardia Nacional no puede sola, y ello lo tiene muy claro el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, quien ha dicho que mientras no se toquen los pilares del financiamiento del crimen organizado, de la delincuencia organizada y de los ilícitos cometidos por servidores públicos, nuestro país no estará actuando con eficacia en el combate a estos delitos.
Por ello, con la participación de los distintos grupos parlamentarios el Senado aprobará mañana una nueva ley de extinción de dominio, una más eficaz para debilitar financieramente a la criminalidad.
De tal forma, mientras la Guardia Nacional lucha en contra de los grupos criminales, el Estado los debilitará financieramente.
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