En el artículo pasado, hablábamos de los once años que han transcurrido desde de la reforma constitucional para cambiar la operación del Sistema de Justicia Penal (SJP) de nuestro país y lo mucho que falta por hacer. Y nos preguntamos: ¿Las reformas constitucionales que pretenden transformar a México necesitan tiempo o voluntad política?
Traemos esto a colación, pues se cumplieron cinco años desde la reforma a nuestra Carta Magna que modificó al artículo 102, Apartado A, en el que se dispuso la transformación de la Procuraduría General de la República (PGR) en una Fiscalía General de la República (FGR), como un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en 2014. Y no fue hasta cuatro años después que, en diciembre de 2018, se expidió la Ley Orgánica de la FGR.
Durante el mismo mes y año, se publicó también la Declaratoria de entrada en vigor de la Autonomía Constitucional de la FGR, de conformidad con el primer párrafo del artículo Décimo sexto Transitorio del Decreto publicado en el mismo medio de difusión oficial el 10 de febrero de 2014, cuatro años antes.
Al respecto, se ha mencionado que la Ley Orgánica mandató la formulación de un Plan Estratégico de Transición, a partir de la realización de un inventario integral; un diagnóstico de los recursos financieros, humanos y materiales; casos pendientes; y procesos de colaboración e inteligencia y cualquier otro insumo que considere necesario para su integración.
Además de priorizar el establecimiento del Servicio Profesional de Carrera y su Estatuto, la consolidación del sistema de información y análisis estratégico para la función fiscal, así como la reestructura y definición de los órganos administrativos y los sustantivos para la función fiscal.
También nos detuvimos en comentar sobre la creación de una Unidad de Transición, a través del Acuerdo por el que se integra, publicado el primero de marzo de este año; organizada en dos Sub-Unidades: una de Clausura de la PGR, y la otra; de Diseño e Instalación de la FGR.
Todo ello parece tan lejano para el anhelo más grande que tiene la ciudadanía, lograr un acceso a la justicia penal, que castigue a los responsables y repare el daño a la víctima, por lo que creo que dentro de este esquema el legislador consideró importante acercar esta transformación a una participación del sector social y, por ello, señaló que debería instalarse un Consejo Ciudadano en la FGR, el cual será un órgano especializado de consulta, de carácter honorífico; e integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio, destacados por su contribución en materia de procuración e impartición de justicia, investigación criminal y derechos humanos, en especial de las mujeres, de los pueblos y las comunidades indígenas, de las niñas, niños, adolescentes y personas migrantes.
Al respecto, la Cámara de Senadores el pasado 23 de abril designó a la Comisión de Selección que llevará a cabo el proceso de elección de los integrantes del Consejo Ciudadano de la FGR, pero aún no se ha abierto la convocatoria pública que se estableció como el mecanismo para seleccionarlos.
Ojalá que dicho Consejo pueda en breve ser una realidad, pues considero que un acompañamiento a esta importante transformación desde el ámbito externo y ciudadano ayudará a tener una visión cercana a lo que todos los mexicanos esperamos que sea la nueva FGR. En ese sentido es importante considerar que los legisladores que conforman dicha Comisión tienen la responsabilidad de encontrar a las mejores personalidades para que, durante cinco años improrrogables, tenga un real compromiso para participar en las sesiones que se realicen al menos una vez al mes o cuando deban conocer de un tema para opinión y visto bueno, ello de acuerdo a los términos que establece la Ley Orgánica de la FGR, con el fin de aportar su conocimiento y opinar sobre la creación de estructuras propuestas por el Fiscal; el fortalecimiento del presupuesto de la institución; la normatividad interna de la FGR; las propuestas y planes del Servicio Profesional de Carrera; así como, en su caso, hacer del conocimiento del Órgano Interno de Control las probables responsabilidades administrativas. Su participación será esencial para evaluar el contenido e implementación del Plan de Persecución Penal que presente el Fiscal.
Por ello, lo más importante de todo esto, será ¿quiénes conformarán este Consejo Ciudadano?, para que a través de la experiencia práctica y académica de sus miembros fortalezca de manera efectiva el servicio de procuración de justicia en nuestro país. No sin mencionar, que también es importante los tiempos, el cómo y las formas en que se designarán a estos expertos.
La gran pregunta que ponemos en esta ocasión para los Legisladores de la Cámara Alta es: ¿Qué tan importante es tener una FGR con un Consejo Ciudadano, que no aún no se realiza la convocatoria correspondiente?
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