Coincido en que la consulta popular es un mecanismo de participación directa orientado a que las y los ciudadanos manifiesten opinión sobre un tema y conforme a las reglas establecidas se tome una decisión vinculante, cuyos efectos alcancen a la colectividad. Más allá de deliberaciones jurídicas se trata de un ejercicio ciudadano que entraña múltiples beneficios para la vida en democracia cuando su implementación permite definir políticas públicas indispensables para el desarrollo de la sociedad.
Como medio para propiciar que los ciudadanos intervengan en decisiones “trascendentes” para el país, sus impulsores y la fuerza política mayoritaria, la defienden con un propósito implícito: buscan replantear acuerdos políticos en lo fundamental, sosteniendo que las acciones de gobierno se definen por la decisión mayoritaria del pueblo. Creo, sin embargo, que hoy por hoy la consulta va, por mandato constitucional y porque, con interpretaciones y ajustes extraños, la Suprema Corte de Justicia de la Nación la validó. Es momento para continuar el análisis y para obtener lecciones que permitan una mejor regulación e implementación en el futuro.
Mientrás el INE avanza en la organización, sigue debatiéndose el costo que a cifras actualizadas será de alrededor de 520 millones de pesos, dado que se instalarán 57 mil 286 mesas receptoras, que implican la selección y capacitación de 286 mil 430 funcionarios, para recibir la opinión de poco más de 93.4 millones de personas con credencial; participan, también, 9 mil 630 instructores distribuidos en el territorio nacional. Si el punto es optimizar el uso de recursos públicos entonces fue un error enviar su realización al primer domingo de agosto en lugar de empatarla con la jornada de votación ordinaria, demos marcha atrás y que se aplique con la jornada, al menos que no se prohiba esa fecha, además de explorar la posibilidad del voto electrónico.
Otro aspecto relevante está en la determinación de la pregunta, pues si se orienta a definir temas que beneficien a todos habrá que sumarse y aplaudir la normalización de la consulta. En este caso, el tema es ambiguo, la ruta seguida para definir la pregunta fue larga y estuvo precedida de una amplia discusión mediática y política. ¿Cómo se materializará el resultado? ¿Qué acciones se desprenderán en un sentido o en otro? Más allá de si se alcanza el 40% de participación, esto es, poco más de 37 millones de votantes.
El hecho concreto es que seguimos debatiendo si someter a juicio a quienes hayan infringido la ley y generado daños sociales depende de una consulta, mi postura es que no, pues ello, por la vía de los hechos, sustituiría procedimientos legales regulados en nuestro orden jurídico y dejaría decisiones fundamentales sujetas a particulares estados de ánimo o a los influjos de la política, que podrían violentar derechos humanos o dejar impunes conductas delictuosas.
Diversos opinadores y el propio presidente de la SCJN, han señalado que la consulta podría dar pauta, con independencia del resultado, para integrar las llamadas comisiones de la verdad, que se responsabilicen de investigar hechos del pasado y de proponer acciones legales concretas y modalidades que, de ser posible, permitan reparar los daños ocasionados a posibles víctimas.
Es un momento trascendente para el país, voto por normalizar las consultas, por armonizar el marco jurídico que las regula, por revisar las restricciones temáticas que tiene y por potencializar los beneficios que implica su naturalización en el contexto de nuestra democracia.
*Profesor en UP y UNAM. Especialista en Materia Electoral.
@MarcoBanos
