/ martes 26 de enero de 2021

Palabra de Antígona | Pedagogía Feminista en el INE: Senado

¿Es el poder público potestad de los hombres? No. Muy relevante el análisis del Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado de la República, recién difundido. La investigadora Lorena Vázquez Correa opina que los lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre violencia política contra las mujeres podrían romper el pacto patriarcal de la impunidad, así como las restricciones contra los derechos políticos de la mitad de la población.

Viniendo del Senado, el análisis es una bocanada de aire, tras los diferendos públicos generados por las acusaciones de violación sexual que pesan sobre Félix Salgado Macedonio, protegido por Morena y la sanción impuesta por el Tribunal Electoral al diputado federal Gerardo Fernández Noroña, que aclara con ciencia social el IBD, una institución creíble y consolidada.

Los lineamientos para los partidos políticos, dice la autora, colocan a México frente a un nuevo paradigma del reparto del poder público, y constituye un avance en la construcción de un nuevo pacto social, a partir de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en ambientes libres de violencia, acordados por el legislativo.

Las dirigencias partidarias se resisten, porque los lineamientos del INE también los obligan al derecho de las candidatas a recibir el 40 por ciento del financiamiento público para sus campañas, como igual acceso a los tiempos de radio y televisión, y así competir en igualdad de condiciones que los hombres en campañas equitativas este 2021.

Me puedo imaginar el enojo, siempre mezquino, de dirigentes y precandidatos, y lo que significa desnudar al partido gobernante, al obligarlo a respetar la ley.

Estos lineamientos buscan simplemente que se cumpla la Constitución en lo relacionado con la violencia política contra las mujeres y representan —por su difusión y discusión— una pedagogía feminista y democrática. Además, constituyen un instrumento jurídico para garantizar que personas condenadas por delitos de violencia política, violencia familiar, violencia sexual o incumplimiento de obligaciones alimentarias no puedan aspirar a un cargo de elección popular. Es también resultado del feminismo: repartir el poder y el dinero, lo que hace que los hombres estén molestos.

El análisis del IBD, “No más personas agresoras de mujeres en el poder”, documenta la importancia de que los partidos se cuiden de promover a individuos o aspirantes con antecedentes machistas y violentos, ya que no los pueden registrar en las listas electorales. La tarea se antoja difícil, porque entraña mostrar sus principios democráticos. Van a intentar evadirse; habrá que estar alertas.

El IBD reconoce que los lineamientos emitidos por la autoridad electoral son vías jurídicas para defender el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres en ambientes libres de violencias. Las protege de otros tipos de violencia como la sexual, de género y económica. Ellas están documentando a todo lo largo y ancho de la república casos y cosas. Será una sorpresa el Registro que está en marcha.

Sería antiético e ilegal que personajes de esta ralea intenten llegar a las cámaras y los gobiernos en disputa. Ellas ahora lo saben y no van a dejarse. Deberían considerarlo estos señores que creen tener el monopolio de la política en México. Veremos.

¿Es el poder público potestad de los hombres? No. Muy relevante el análisis del Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado de la República, recién difundido. La investigadora Lorena Vázquez Correa opina que los lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre violencia política contra las mujeres podrían romper el pacto patriarcal de la impunidad, así como las restricciones contra los derechos políticos de la mitad de la población.

Viniendo del Senado, el análisis es una bocanada de aire, tras los diferendos públicos generados por las acusaciones de violación sexual que pesan sobre Félix Salgado Macedonio, protegido por Morena y la sanción impuesta por el Tribunal Electoral al diputado federal Gerardo Fernández Noroña, que aclara con ciencia social el IBD, una institución creíble y consolidada.

Los lineamientos para los partidos políticos, dice la autora, colocan a México frente a un nuevo paradigma del reparto del poder público, y constituye un avance en la construcción de un nuevo pacto social, a partir de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en ambientes libres de violencia, acordados por el legislativo.

Las dirigencias partidarias se resisten, porque los lineamientos del INE también los obligan al derecho de las candidatas a recibir el 40 por ciento del financiamiento público para sus campañas, como igual acceso a los tiempos de radio y televisión, y así competir en igualdad de condiciones que los hombres en campañas equitativas este 2021.

Me puedo imaginar el enojo, siempre mezquino, de dirigentes y precandidatos, y lo que significa desnudar al partido gobernante, al obligarlo a respetar la ley.

Estos lineamientos buscan simplemente que se cumpla la Constitución en lo relacionado con la violencia política contra las mujeres y representan —por su difusión y discusión— una pedagogía feminista y democrática. Además, constituyen un instrumento jurídico para garantizar que personas condenadas por delitos de violencia política, violencia familiar, violencia sexual o incumplimiento de obligaciones alimentarias no puedan aspirar a un cargo de elección popular. Es también resultado del feminismo: repartir el poder y el dinero, lo que hace que los hombres estén molestos.

El análisis del IBD, “No más personas agresoras de mujeres en el poder”, documenta la importancia de que los partidos se cuiden de promover a individuos o aspirantes con antecedentes machistas y violentos, ya que no los pueden registrar en las listas electorales. La tarea se antoja difícil, porque entraña mostrar sus principios democráticos. Van a intentar evadirse; habrá que estar alertas.

El IBD reconoce que los lineamientos emitidos por la autoridad electoral son vías jurídicas para defender el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres en ambientes libres de violencias. Las protege de otros tipos de violencia como la sexual, de género y económica. Ellas están documentando a todo lo largo y ancho de la república casos y cosas. Será una sorpresa el Registro que está en marcha.

Sería antiético e ilegal que personajes de esta ralea intenten llegar a las cámaras y los gobiernos en disputa. Ellas ahora lo saben y no van a dejarse. Deberían considerarlo estos señores que creen tener el monopolio de la política en México. Veremos.