Por: Alix Trimmer
Hace un año que en México (y gran parte del mundo) el Covid-19 revolucionó la forma en la que estábamos acostumbrados a vivir, la forma de trabajar, la convivencia social, todo cambió de un día para otro.
El distanciamiento social obligó a explorar medios alternativos de producción y la tecnología que ya teníamos se convirtió en nuestra mejor aliada para mantener a la economía funcionando, aunque al día de hoy existen sectores que no pueden modificar sus esquemas de trabajo porque la naturaleza de los mismos los obliga a ser presenciales; adicionalmente un importante número de fuentes de trabajo se han visto afectadas como consecuencia del decrecimiento económico que ha representado el confinamiento.
Desde los inicios de lo que pretendía ser una cuarentena voluntaria, los centros de trabajo de todos tamaños se vieron envueltos en una disyuntiva que permanece al día de hoy: abrir y exponer al personal y clientes al virus, cerrar y exprimir hasta el último recurso para atender las cargas laborales a sabiendas de que la bancarrota es una consecuencia posible, o despedir personal y quedarse con los elementos estrictamente indispensables para la prestación de servicios.
Aunque, gubernamentalmente, se haya instado a los patrones a no despedir a sus empleados, a pagar salarios y prestaciones y a continuar cubriendo cargas sociales y fiscales, es una realidad que no todos pueden hacer frente a tales obligaciones.
Según cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE), ambas realizadas por el INEGI, existía una proyección de que para finales del 2020 la tasa de desempleo de población económicamente activa sería de 11.7%, es decir un aproximado de 6 millones de personas. Además a dicha tasa habría que incrementarle el porcentaje de empleos informales que también se vieron afectados.
Es claro que la clase trabajadora en México ha sufrido un golpe duro, sin embargo, aún dentro de los afectados existen diferencias. Los miembros de la comunidad LGBTTIQ+ que forman parte del sector económicamente activo de la población mexicana sin duda se consideran como uno de los grupos más afectados.
La UNAM, realizó una investigación dirigida por el Doctor Mendoza-Pérez, miembro del departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina: la “Encuesta Mexicana de Vivencias LGBT+ ante la Covid-19”.
De todos los encuestados, al menos 59% reportaron que su situación económica se había visto perjudicada derivado de la crisis sanitaria.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Telefónica sobre COVID-19 y Mercado Laboral (ECOVID-ML), elaborada por el INEGI, entre abril y julio de 2020, aproximadamente el 43.8 porciento de la población ocupada señaló que sus ingresos fueron menores.
Considerando los datos anteriores, podemos concluir que por cada 100 trabajadores en México, 40 sufrieron reducciones económicas y, al menos, 24 de ellos se identifican como parte de la comunidad LGBTTIQ+, convirtiéndose así en uno de los grupos más afectados por la crisis económico-sanitaria en la que nos encontramos.
Los datos duros y resultados arrojados por la encuesta son preocupantes y sin embargo, no alcanzan a reflejar la verdadera magnitud del problema puesto que, como consecuencia de la discriminación y falta de aceptación que viven las personas LGBTTIQ+ en México, un gran porcentaje de dicha comunidad omite indicar su pertenencia a la misma o se niega a participar en los estudios por el temor a sufrir (más) las consecuencias.
Desde hace tiempo, existen en México un número importante de consejos, asociaciones, fundaciones y demás que buscan la inclusión de la comunidad LGBTTIQ+ en los centros de trabajo y el reconocimiento de la diversidad. La participación de los patrones es consecuencia, no solo de la conciencia de reconocimiento e igualdad, sino de una realidad comercial que ha demostrado que existe crecimiento considerable en aquellos negocios que hacen una apuesta por la diversidad y la inclusión de todos los individuos en el mercado laboral, además de ser un buen instrumento para mejorar la imagen.
Hoy es tiempo de revertir la estadística, hoy se requiere que los sectores mayormente afectados reciban protección, que se conserven sus fuentes de trabajo y que, dentro del marco económico existente, no sufran afectaciones que los sumergan (más) en la vulnerabilidad; hoy es momento de cambiar las certificaciones de diversidad e igualdad por una realidad plausible en la que los miembros de la comunidad LGBTTIQ+ tengan un respaldo, como cualquier otro empleado, y dejen de sentirse (y ser) blanco de despidos y afectaciones precisamente por ser parte de la diversidad.
