/ viernes 18 de septiembre de 2020

Pandemia y responsabilidad del Estado

Por: Marcos Pablo Moloeznik


Durante una entrevista realizada a BBC News, el pasado 6 de septiembre, Dominic Wilkinson, profesor de Ética Médica de la Universidad de Oxford, expresó que la situación generada por el coronavirus puede equipararse con un conflicto armado, dado que existen muchos paralelismos con las difíciles y profundas preguntas que enfrentan los países cuando se enfrentan a este tipo de eventos. La propagación del COVID-19 coincide con el 75 aniversario de la finalización de la II Guerra Mundial (1939-1945), por lejos el más letal de los conflictos armados en la historia de la humanidad, con un saldo aproximado de 60 millones de muertos y desaparecidos.


En aquellos años, Hersch Lauterpacht, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge, introdujo a la disciplina el concepto de crímenes contra la humanidad, que apuntaba a la protección de los individuos que perecieron o fueron víctimas de las infamias del conflicto, en el que se potencializaron los asesinatos en masa. Asimismo, a Lauterpacht le tocó participar como asesor jurídico en el proceso que juzgó a los criminales de guerra nazi en Nüremberg, considerado un punto de inflexión en el sistema de justicia penal internacional, que transformó la idea de protección del individuo, y la idea de la responsabilidad penal individual ante crímenes de lesa humanidad, en el que la soberanía del Estado ya no proporcionaba un refugio absoluto ante delitos de esta envergadura.


En fechas recientes, también se conmemora medio siglo de vigencia de la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad”. En este marco, cabe preguntarse si, una vez superada la epidemia, ¿la jurisdicción penal internacional (encarnada en la Corte Penal Internacional) iniciará procesos contra las autoridades que no adoptaron las medidas necesarias para garantizar la atención adecuada y oportuna de salud y cuidado de la población? El único indicador válido sería el número de fallecidos durante la emergencia global sanitaria, pero es difícil responder a esta pregunta.



Así, en el ámbito regional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó el 27 de julio pasado la Resolución 4/20 que establece directrices sobre los “Derechos Humanos de las personas con COVID-19”, documento que expresa que todo deterioró o violación a los derechos humanos atribuibles a la acción u omisión de cualquier autoridad pública compromete la responsabilidad internacional de los Estados. A la par que advierte sobre la continuidad del deber de mantener los servicios esenciales de diagnóstico, tratamiento, cuidado (incluyendo de tipo paliativo) y rehabilitación de otras enfermedades, patologías o necesidades médicas que requieran soporte vital o atención médica de forma oportuna y adecuada a las personas en mayor situación de vulnerabilidad, como las que padecen enfermedades crónicas.


Estos postulados contrastan con la realidad y la reacción de la actual administración del Gobierno Federal a las cifras de contagio y decesos acontecidos en el país, ya que el portal digital de noticias Animal Político, expresó que al menos 1 millón 500 mil personas, con distintos padecimientos como cáncer, hipertensión o diabetes no recibieron atención primaria hospitalaria o de urgencias en México durante el primer semestre de 2020. A lo anterior se suma el hecho que nuestras autoridades no se caracterizaron por preservar la integridad del personal médico comprometido en la primera línea de combate de la pandemia. Dado que la organización Amnistía Internacional expresó, el pasado 2 de septiembre en su portal de noticias, que tan sólo en México hay al menos 1,320 fallecimientos de personal médico confirmados, la cifra más alta para un solo país, por encima de Estados Unidos (1,077) y Brasil (634). De ahí que la Resolución 4/20 de la OEA incluya una clara preocupación por las cifras de contagios y muertes relacionadas con COVID-19 de personas trabajadoras de salud y cuidado.


En conclusión, cuando esta guerra contra el COVID-19 llegue a su fin, el poder público tendrá que rendir cuentas, y de acreditarse la comisión de crímenes contra la humanidad, podría intervenir la Corte Penal Internacional y sancionar a funcionarios responsables de crímenes imprescriptibles.



Miembro activo del CASEDE y Profesor-Investigador de la Universidad de Guadalajara

Por: Marcos Pablo Moloeznik


Durante una entrevista realizada a BBC News, el pasado 6 de septiembre, Dominic Wilkinson, profesor de Ética Médica de la Universidad de Oxford, expresó que la situación generada por el coronavirus puede equipararse con un conflicto armado, dado que existen muchos paralelismos con las difíciles y profundas preguntas que enfrentan los países cuando se enfrentan a este tipo de eventos. La propagación del COVID-19 coincide con el 75 aniversario de la finalización de la II Guerra Mundial (1939-1945), por lejos el más letal de los conflictos armados en la historia de la humanidad, con un saldo aproximado de 60 millones de muertos y desaparecidos.


En aquellos años, Hersch Lauterpacht, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge, introdujo a la disciplina el concepto de crímenes contra la humanidad, que apuntaba a la protección de los individuos que perecieron o fueron víctimas de las infamias del conflicto, en el que se potencializaron los asesinatos en masa. Asimismo, a Lauterpacht le tocó participar como asesor jurídico en el proceso que juzgó a los criminales de guerra nazi en Nüremberg, considerado un punto de inflexión en el sistema de justicia penal internacional, que transformó la idea de protección del individuo, y la idea de la responsabilidad penal individual ante crímenes de lesa humanidad, en el que la soberanía del Estado ya no proporcionaba un refugio absoluto ante delitos de esta envergadura.


En fechas recientes, también se conmemora medio siglo de vigencia de la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad”. En este marco, cabe preguntarse si, una vez superada la epidemia, ¿la jurisdicción penal internacional (encarnada en la Corte Penal Internacional) iniciará procesos contra las autoridades que no adoptaron las medidas necesarias para garantizar la atención adecuada y oportuna de salud y cuidado de la población? El único indicador válido sería el número de fallecidos durante la emergencia global sanitaria, pero es difícil responder a esta pregunta.



Así, en el ámbito regional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó el 27 de julio pasado la Resolución 4/20 que establece directrices sobre los “Derechos Humanos de las personas con COVID-19”, documento que expresa que todo deterioró o violación a los derechos humanos atribuibles a la acción u omisión de cualquier autoridad pública compromete la responsabilidad internacional de los Estados. A la par que advierte sobre la continuidad del deber de mantener los servicios esenciales de diagnóstico, tratamiento, cuidado (incluyendo de tipo paliativo) y rehabilitación de otras enfermedades, patologías o necesidades médicas que requieran soporte vital o atención médica de forma oportuna y adecuada a las personas en mayor situación de vulnerabilidad, como las que padecen enfermedades crónicas.


Estos postulados contrastan con la realidad y la reacción de la actual administración del Gobierno Federal a las cifras de contagio y decesos acontecidos en el país, ya que el portal digital de noticias Animal Político, expresó que al menos 1 millón 500 mil personas, con distintos padecimientos como cáncer, hipertensión o diabetes no recibieron atención primaria hospitalaria o de urgencias en México durante el primer semestre de 2020. A lo anterior se suma el hecho que nuestras autoridades no se caracterizaron por preservar la integridad del personal médico comprometido en la primera línea de combate de la pandemia. Dado que la organización Amnistía Internacional expresó, el pasado 2 de septiembre en su portal de noticias, que tan sólo en México hay al menos 1,320 fallecimientos de personal médico confirmados, la cifra más alta para un solo país, por encima de Estados Unidos (1,077) y Brasil (634). De ahí que la Resolución 4/20 de la OEA incluya una clara preocupación por las cifras de contagios y muertes relacionadas con COVID-19 de personas trabajadoras de salud y cuidado.


En conclusión, cuando esta guerra contra el COVID-19 llegue a su fin, el poder público tendrá que rendir cuentas, y de acreditarse la comisión de crímenes contra la humanidad, podría intervenir la Corte Penal Internacional y sancionar a funcionarios responsables de crímenes imprescriptibles.



Miembro activo del CASEDE y Profesor-Investigador de la Universidad de Guadalajara