La Paridad de Género es un principio que implica garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso a posiciones laborales y puestos de representación política.
Las mujeres mexicanas estamos preparadas en todas las áreas del quehacer gubernamental, y con estas reformas muchas de ellas tendrán acceso a cualquier cargo del Estado Mexicano. Hasta ahora, solo 21% de los puestos en gobiernos estatales, en promedio.
El camino ha sido largo. La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer se aprobó en diciembre de 1952, y con ella se plasmó la lucha por la presencia social de las mujeres en todos los ámbitos de desarrollo y la importancia del reconocimiento de ésta por parte de las instituciones. México ha estado siempre avanzando en términos de igualdad gracias a las mujeres que han llevado el tema a sus distintos ámbitos laborales.
Recuerdo todavía siendo senadora, por ahí del año 2009, cuando plantee una iniciativa para poder incluir la cuota de al menos 40% de los espacios para mujeres en organismos autónomos y en el poder judicial, entonces, la paridad de género era un sueño lejano. Estas iniciativas, por supuesto, fueron rechazadas, sin embargo, los cambios impulsados por muchas mujeres que nos antecedieron, y otras más que dimos la lucha en todos los ámbitos políticos y públicos lo han convertido en realidad.
El trabajo conjunto sentó las bases para la reforma constitucional de 2014 en la que se estableció el concepto y cambió el panorama en materia de género. Así, se han creado otros instrumentos que contribuyen al ejercicio de ésta paridad como la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación en 2015. Ésta norma fomenta la paridad mediante el reconocimiento a la igualdad y la inclusión en los centros de trabajo ya que invita a cumplir con plantillas laborales de al menos 40% de mujeres y distingue a quienes mantienen estas proporciones a nivel directivo.
Hoy enfrentamos un panorama distinto. La paridad es un hecho, de forma vertical y horizontal. Como resultado del trabajo legislativo, el conjunto de reformas constitucionales en ésta materia, representan un avance histórico en la ruta para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, lo que implica igualdad en los hechos y en los resultados.
Las reformas son congruentes con las resoluciones de la Suprema corte de Justicia de la Nación y permiten dar cumplimiento a las obligaciones del Estado mexicano frente a los tratados internacionales de los que forma parte el país, en particular la CEDAW, y también responde al 5to Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, Igualdad de Género. Estas reformas, además, incorporan el principio de la paridad de género en las instancias de toma de decisión en el poder ejecutivo, legislativo y judicial, a nivel federal, estados y municipios. Ya es hora.
