Si queremos garantizar el acceso de las mujeres a puestos de toma de decisiones públicas, tenemos que resolver las carencias en la prestación de servicios de cuidado.
Con el inicio de las vacaciones escolares los hombres, pero sobre todo las mujeres, nos organizamos para distribuir la carga de los cuidados de hijas e hijos. Más aún quienes realizamos un trabajo remunerado fuera del hogar.
Y es que, como se sabe, el trabajo doméstico no remunerado y los cuidados infantiles, caen casi exclusivamente en las mujeres.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las mujeres mexicanas soportan casi el 77 por ciento de los quehaceres domésticos y del cuidado infantil sin alguna remuneración.
La participación laboral femenina sigue siendo baja en América Latina. Y en el caso de México, sólo el 58.5 por ciento de las mujeres se han incorporado al mercado laboral, según datos recientes del Banco Interamericano del Desarrollo (BID) y del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS).
Un reciente estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revela que México destinó al gasto público en políticas de cuidado montos comparables con los de Ghana, Sudáfrica, Turquía, India e Indonesia, entre otros países.
Adicionalmente, en el país tenemos 53 personas en edad dependiente por cada 100 en edad productiva, informa el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en la Encuesta Intercensal 2015.
Los déficits de cobertura de las políticas de cuidado afectan a los grupos más desfavorecidos, obstaculizando más aún sus posibilidades de participación en la vida pública.
Ante este panorama, para lograr la paridad de género constitucional en los cargos públicos se requiere una política de corresponsabilidad social de los cuidados en la que deben participar Estado, empresas y familias (hombres y mujeres), en este caso, en los cuidados infantiles.
Si en esta nueva etapa concreta de igualdad política, las mujeres permanecen como las casi únicas responsables del cuidado infantil, se corre el riesgo de limitar sus posibilidades de incursionar en la vida pública o hacerlo sin los resultados deseados, con un enorme desgaste adicional a las dobles y triples jornadas.
Citando a Amalia García, dice: “La paridad es un gran salto pero no es suficiente. Tiene que garantizarse la presencia de las mujeres en la toma de decisiones, porque eso va a transformar las políticas públicas.”
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