Por una #SociedadHorizontal
Es cuestión de semanas para que los mexicanos sean convocados a acudir nuevamente a las urnas. En esta ocasión, se propone que el próximo 1º de agosto, se vote en una consulta popular para determinar -se nos ha dicho - si se debe tomar acción legal contra los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Esta es la primera vez que el INE organizará un proceso de esta naturaleza. Se llegó a él, tras un largo y tortuoso camino. Los simpatizantes de AMLO levantaron firmas a lo largo y ancho de todo el país para hacer la solicitud al Congreso. Dado que no lograron juntar el porcentaje requerido de apoyos (2% del listado nominal), fue el propio presidente quien hizo la solicitud para que la SCJN revisara una pregunta que originalmente incluía los nombres de los ex mandatarios del país. Sin embargo, en una cerrada votación -con seis ministros a favor y cinco en contra- la Corte reformuló el planteamiento y al final aprobó un galimatías que causa pena:
"¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?".
En síntesis, se le preguntará al pueblo de México si está de acuerdo con que se cumpla la ley y que se castigue a quienes no lo hayan hecho. Mi primera reacción al releerla, después de algunos segundos para entender su abigarrada redacción fue, ¿quién en su sano juicio votará por el NO?
Han pasado algunos meses de aquel penoso episodio en el que algunos ministros con su voto, en lugar de ser jueces, jugaron a quedar bien. El INE habrá de instalar alrededor de 55 mil mesas y se gastarán 528 millones de pesos en el “histórico evento”.
La consulta es un símbolo más en la narrativa del actual sexenio. Se busca que el juicio a la corrupción, que para algunos ciudadanos representan las gestiones pasadas, apalanque a la actual administración. El propósito es mediático no jurídico. De propaganda, no de justicia. La pregunta es tan amplia que en ella caben ex funcionaios desde Porfirio Díaz, hasta Irma Eréndira Sandoval. Si se quisiera proceder en términos judiciales, se harían las denuncias correspondientes frente a la Fiscalía General de la República y se les daría seguimiento especial.
Además es un gasto lastimoso. El dinero que se empleará en este procedimiento pudo haber servido para otras cosas. Hoy que gracias al desliz de Lopez-Gatell, ha estado tan vigente la discusión sobre el apoyo con medicinas a los niños que sufren de cáncer, ese monto pudo utilizarse para financiar a una sexta parte de los 17,518 pacientes que no tendrán medicamentos los próximos seis meses.
Si de símbolos se trata, puede también configurarse uno poderoso por parte de la ciudadanía. La ley señala que solo “cuando la participación total corresponda, al menos, al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio”. Si la gente no participa, sería tanto como decirle al poder que no haga preguntas absurdas, que no gaste el dinero inutilmente.
Esta es una oportunidad para que la #SociedadHorizontal avance en su fortalecimiento para tomar el poder. Cabe recordar que casi 94 millones de electores podrán ejercer su prerrogativa ciudadana y participar. Si no participan 37 millones de personas, será un fracaso. Por eso no hay que ir a votar. #ParticipaNoVotando.
