Por Mara Gómez y Chrístel Rosales
La impunidad y las graves violaciones a derechos humanos continúan en todo el país. A diario, se suman casos a la estadística que no reciben respuestas de las autoridades.
Ante la desesperación de la ciudadanía, ciertas narrativas reduccionistas encuentran eco en la conversación pública. Como la denominada ‘puerta giratoria’, o la noción de que ‘el sistema es benevolente con los delincuentes, pero exigente con las víctimas’. Lo que está detrás de estas narrativas es la idea incorrecta de que los derechos de víctimas e imputados son ‘un juego de suma cero’, donde el respeto a los derechos de uno implica la vulneración a los derechos del otro. Como si tener a más personas en las cárceles, fuera sinónimo de más seguridad y menos víctimas.
Hoy, legisladores de todos los partidos piden soluciones simplistas como, precisamente, aumentar las penas, ampliar la prisión preventiva automática para más delitos o, de plano, regresar al oscuro sistema inquisitivo, que permitía tantísimas violaciones a derechos humanos.
En la actual Legislatura se han presentado 362 iniciativas para reformar la justicia penal. Del total, 72% busca limitar el ejercicio de derechos, y 14% ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva automática. Observamos —como cada año— la puesta en marcha de la ‘locomotora legislativa’, con una mayor carga de contrarreformas y apuestas para reducir garantías y libertades, pero escasa de soluciones reales.
Es decir, el riesgo de retroceso en la justicia penal es más grande que nunca.
Pero debemos ser conscientes de lo que podría perderse si la contrarreforma avanza. La justicia penal oral de corte acusatorio ha sido diseñada para proteger de igual manera los derechos de víctimas e imputados bajo la lógica del debido proceso. Por ejemplo, permite respetar la presunción de inocencia, base de toda democracia; controla mejor las detenciones ejecutadas por policías y miembros de las Fuerzas Armadas; obliga a los fiscales a aportar pruebas antes de mandar a alguien a prisión; posibilita una participación más activa de los jueces como garantes fundamentales de los derechos humanos de la ciudadanía, y permite más y mejores reparaciones del daño a las víctimas.
El aumento de la prisión automática no ha logrado contener la inseguridad, ni mucho menos las graves violaciones a los derechos humanos. Los casos en que los jueces liberan a personas imputadas se deben más a la operación deficiente de policías y fiscales en las fases previas del proceso, que a la proclamada ‘benevolencia del sistema’ (véase nuestra serie #CasosFallidos).
Ahí está la alerta: hay que evitar que la genuina exigencia social se utilice como pretexto para acotar los derechos y libertades de la población.
En México Evalúa estamos decididos a aportar no sólo diagnósticos, sino también propuestas de solución factibles que nos permitan transitar hacia la justicia que todos deseamos.
Por ello, este próximo 22 de octubre presentaremos la séptima edición del reporte Hallazgos, la evaluación más longeva, completa y precisa del sistema de justicia penal mexicano.
Su presentación constituye una oportunidad inmejorable para analizar los avances y retrocesos del sistema, así como para tener certeza de si lo que se ha propuesto desde la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Gobernación, la Presidencia y el Poder Judicial Federal realmente sirve para fortalecer el sistema de justicia penal o no.
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Mara Gómez es coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa. Chrístel Rosales es investigadora del mismo.
@DoctoraMaraGo / @Chris_Ros
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