La que fue joya de la corona de otras administraciones, empieza a dejarnos en la calle a los aztecas, por el capricho y las ocurrencias del tlatoani. Para acabarla de fastidiar, viola la ley y los Derechos Humanos de empleados y trabajadores y ¡aquí como si no pasara nada!
Me entero de la tragedia que viven 10 funcionarios de las oficinas centrales de la Ciudad de México y 15 profesionistas y trabajadores de Coatzacoalcos, Veracruz.
A la Gerencia Jurídica de Cumplimiento Legal y Transparencia (CDMX), llegó una neófita. De acuerdo a las normas de AMLO, sin experiencia ni preparación para el cargo y lo de “honrada”, a saber, porque por lo pronto su actuación es contraria a la cantaleta “cristiana”, del “prócer”.
Lleva por nombre el de Laura Alicia Stefany (Si les ponen nombres extranjeros, los papis deberían saber, cuando menos, cómo se escriben) Garduño Martínez y si le suena el apellido le diré que es hija del ínclito Director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño (Un saco de mañas).
Los Morenos decidieron repartirse el pastel y lo quieren completo. Sin acabar de sentarse en la silla de sus codiciados despachos, empiezan con el corredero. ¡Carambolas!, hay que colocar a los “adoradores” de la 4T y reitero, en el marco de la normativa del mero, mero (Ignorantes, pero “honestos”).
La chicuela del triple nombre, debe haberse sentido apantallada por quienes quedaron bajo su férula. Diez personas preparadas, con sólidos conocimientos y gran experiencia, cualidades que le deben haber retorcido el hígado, por lo que, de la noche a la mañana decidió deshacerse de ellos.
El hacha Garduño (Se ve que no hurta, hereda) cayó sobre quienes tienen entre 15 y 20 años de antigüedad y edades entre los 50 y los 70 (Que no se diga que fue por añosos porque, en el gabinete, la mayoría los rebasan.
Se las hizo cansada. Después de mil vueltas, al fin dijo que se les iba a liquidar por término de la relación laboral y que ya no fueran (Le urgían los puestos para otros recomendaditos influyentes, que no le hagan sombra).
La Directora Jurídica, Luz María Zarza, convino en que, de acuerdo al Artículo reglamentario y al Oficio del 6 de septiembre del 2019, “no se debe separar al trabajador hasta que se obtenga el convenio y el cheque del finiquito”.
Sin papel alguno de por medio, sin cheque, los echaron y, a la fecha no les han pagado. El asunto está en manos de Samantha Escalante, personajilla que no da la cara, mientras sus colaboradores dicen que los trámites están suspendidos, a saber hasta cuándo.
Entre los agraviados están Sara Silva López, Arturo Uribe, Virginia Reynaud, Lucía Rosa Aviña, Demetrio Cipriano Zamudio y Andrés Villaseñor. En pleno coronavirus, con el encierro de la cuarentena y sin liquidación, se truenan los dedos desesperados.
¿Hay derecho a correr a funcionarios de probada trayectoria, por los complejos, inseguridades y caprichos de arribistas?
Pedir que la nulidad de Octavio Romero Oropeza se ocupe del asunto, es pedirle peras al olmo. El amiguete del tabasqueño ni idea tiene de dónde está parado. Pemex sigue cayendo en su producción y los mexicanos metiéndole dinero bueno al malo, por la tozudez de AMLO.
Tendría la 4T que dar ejemplo de apego al Estado de Derecho y de cumplimiento estricto de la Ley. Por el contrario, ni la conocen, ni la respetan ni la obedecen. Veremos si Romero toma cartas en el asunto y demuestra que es distinto.
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