Por: Iván Juárez y Andrea Velasco
De acuerdo con la clasificación mundial de la Libertad de Prensa 2020, realizada por la organización internacional Reporteros Sin Fronteras, México ocupa la posición 143 de 180 países en el ranking general. Asimismo, el pasado 8 de septiembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que, del año 2000 al presente, el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos reporta el homicidio de 162 periodistas y, de 2006 a 2019, ha registrado 49 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. Estas cifran confirman el elevado nivel de riesgo que representa para estos grupos desempeñar su labor en nuestro país.
En este contexto, el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A.C. (CASEDE) ha dado puntual seguimiento mediante su Informe Libertad de Expresión en México (2018-2020) a las condiciones generales en las que se ejerce el periodismo y la defensa de los derechos humanos, siendo ya un recurso indispensable en este campo.
De manera más profunda, el estudio de los fenómenos sociales a nivel subnacional ofrece la oportunidad de reconocer y diferenciar las dinámicas propias de las regiones y las circunstancias específicas que afectan de distintas formas a la libertad de expresión. En este sentido, el Índice Estatal de la Libertad de Expresión 2020, herramienta elaborada por CASEDE que permite medir las condiciones para el pleno ejercicio de este derecho, en las 32 entidades federativas durante 2019, contribuye a la construcción de políticas efectivas desde el ámbito local. Los resultados obtenidos a partir de su aplicación (disponibles en el sitio www.casede.org), han permitido identificar las ausencias legales, institucionales, de representación y estructurales que explican el clima de inseguridad, corrupción, impunidad, así como una percepción amplia de abandono por parte de las autoridades hacia periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
De manera particular, los resultados del estado de Puebla son variopintos. En una escala del 1 al 10 (donde 1 corresponde a la evaluación más baja), las mayores deficiencias observadas corresponden a las dimensiones de “Marco legal” (1.70) y “Pluralismo de medios” (4.75) mientras que la dimensión mejor evaluada es “Seguridad” con 8.80. Aunque buena parte de esta última calificación responde a la ausencia de homicidios de periodistas y de personas defensoras de derechos humanos durante 2019, no resta que estos grupos sean víctimas recurrentes de amenazas, por parte de personas funcionarias públicas, el crimen organizado y actores privados (Encuesta sobre Seguridad y Ejercicio de la Libertad de Expresión en México 2019).
Frente a esta necesidad, la reciente iniciativa de Ley de Protección al Ejercicio del Periodismo del Estado de Puebla, presentada a finales de agosto en el Congreso del Estado de Puebla por la diputada Bárbara Morán Añorve. es un avance hacia el cumplimiento de algunos estándares internacionales establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Específicamente, en lo relativo al reconocimiento del secreto profesional, la cláusula de conciencia y la prohibición de la previa censura. Asimismo, incluye medidas de prevención y de protección urgentes para periodistas, así como la coordinación con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.
Cabe señalar que el documento propuesto puede ser mejorado, por ejemplo, en términos de fortalecimiento institucional. Como ocurre en otros estados (Ciudad de México, Veracruz, Guanajuato, por ejemplo), elevar a nivel de ley la presencia de una Unidad Estatal de Protección o de un Mecanismo es fundamental para definir claramente sus facultades, así como el presupuesto y personal suficiente que sustente su operación. Estas consideraciones son necesarias para que las leyes estatales se traduzcan en acciones de prevención y protección efectivas.
Iván es Director de Comunicación del CCSJ Puebla y Andrea Velasco, investigadora del CASEDE
.jpg "Pemex (2).jpg")