El periodista mexicano, Javier Valdez, escribió en 2016 que vivir en este país y ejercer su profesión era un gran error. Sus palabras tenían sustento: durante ese año ocurrieron 426 agresiones en contra de la prensa y once asesinatos de periodistas, siendo la cifra más alta de la que se tenía registro. Esta violencia se debía, en palabras del mismo periodista, al imperdonable delito de documentar los acontecimientos tan lamentables que ocurren, denunciar los actos de corrupción y darle voz a las víctimas y a los inconformes. Él, siendo uno de los mejores del gremio, también sufrió las consecuencias: en 2017 fue asesinado debido a su labor periodística.
Una de sus obras más reconocidas -Narcoperiodismo- termina con una nota en la que señala el asesinato de dos periodistas: “…la muerte sigue, entonces este libro no podrá cerrarse ni tendrá fin: puntos suspensivos sin punto final. No hay manera de contar tanto dolor.” Y lo cierto es que esta violencia no ha tenido fin. Desde 2000 a la fecha se han registrado 142 asesinatos de periodistas. Para dimensionar esta cifra, basta mencionar que México ha ocupado durante los últimos años los primeros lugares respecto al número de periodistas asesinados en todo el mundo; el año pasado fue el primer lugar. La organización Reporteros sin fronteras refiere que es el país más peligroso y mortífero a nivel mundial para ejercer dicha profesión.
La creencia más común es que las agresiones provienen, principalmente, de los grupos delincuenciales. Si bien es cierto que sí son protagonistas de una buena parte, sorprendentemente, la mayoría las cometen servidores públicos. Entre los supuestos lamentos por las agresiones que causan, comenten u omiten, las autoridades todavía tienen la desvergüenza de asegurar que no hay persecución ni censura en el país. Tan solo el último asesinato del periodista veracruzano, Jacinto Romero Flores, que sucedió hace menos de 15 días, fue precedido por una serie de amenazas porque dio a conocer abusos cometidos por elementos de la policía municipal que eran familiares del alcalde y de una síndica de la misma localidad. El imperdonable delito de denunciar el despotismo.
Resulta bastante lógico que los gobiernos no hagan nada al respecto: nunca antes se ha visto que un delincuente evite, por su propia cuenta, cometer un crimen. Actualmente, existe el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que, evidentemente, ha fallado en su misma razón de existir: proteger a periodistas. Incluso, en el colmo de lo absurdo, se han hecho denuncias que este Mecanismo ha sido utilizado para espiar a la prensa. Tuvieron que ocurrir 22 asesinatos de periodistas en lo que va del sexenio para que el gobierno decidiera -hace unos cuantos días- revisar y mejorar dicho Mecanismo. La verdadera realidad es que el Estado mexicano -incluyendo a todos los partidos políticos- no ha brindado las condiciones necesarias para proteger y, mucho menos, prevenir los ataques en contra de la prensa.
Durante la transmisión del programa en el que Jacinto Romero denunció las amenazas que había recibido, comentó que un amigo cercano le había preguntado si no tenía miedo: “…sí tenemos miedo; sin embargo, alguien tiene que hacer estas denuncias.” Este mismo deber es la causa de que se documenten las tragedias que ocurren en el país; que se siga alzando la voz ante el contubernio entre criminales y autoridades; que cada día nos lleguen las noticias más relevantes; y que exista información certera y veraz, misma que utilizo constantemente para escribir esta columna. Por esto y mucho más, las personas periodistas merecen, sin duda alguna, un gran reconocimiento: muy pocas sobrepondrían la vocación al miedo.
David Blanc. Consultor en seguridad y justicia. @ddblanc
