Por Andrea Velasco
El 2 de noviembre se conmemora el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. Desafortunadamente, sigue siendo necesario hacer hincapié en la necesidad de trabajar contra este tipo de prácticas en México. ¿Por qué resulta fundamental hablar de las agresiones cometidas contra los periodistas? México es un país donde la procuración de justicia es casi inexistente y presenta rezagos imposibles de cubrir con las capacidades y recursos actuales. Por ello, necesitamos entender el papel que desempeña la libertad de expresión para el goce de los demás derechos humanos y de la democracia, incluyendo la función social que cumple el periodismo al proporcionar información y herramientas para la exigencia de los derechos de la ciudadanía.
Como lo ha establecido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado tiene la obligación de prevenir, proteger, investigar, perseguir y sancionar las agresiones contra periodistas. La impunidad tiene un efecto negativo en todas las acciones anteriores, pues no sólo implica impedir el acceso a justicia tras la comisión de un delito, sino que incentiva la repetición de estos crímenes al no haber una sanción o, con frecuencia, siquiera una investigación. Asimismo, tiene un efecto inhibitorio de la libertad de expresión, al generar un clima de autocensura que genera y expande progresivamente las zonas de silencio. En estas el crimen organizado y también agentes estatales se involucran en actos de corrupción, y han desarrollado estrategias para silenciar a la prensa. Ello se debe se da para imponer información favorable a sus intereses, y para silenciar aquella que revela sus métodos de control territorial e institucional. Ver. https://bit.ly/35HI2dB.
Como lo documentó el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) en su Índice Global de la Impunidad 2019, México se encuentra en el 7º lugar en el número de homicidios contra periodistas que permanecen impunes, solamente por debajo de países como Somalia, Siria, y Filipinas.
Por su parte, el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE) ha constatado en sus Informes de Libertad de Expresión en México 2018-2020 las profundas deficiencias, tanto a nivel federal como estatal, en el acceso a justicia para periodistas y personas defensoras. Es alarmante, por ejemplo, que a pesar de la cantidad de homicidios, desapariciones y agresiones que sufren estos grupos, solamente las fiscalías de 4 estados cuentan con áreas especializadas para la investigación de delitos contra la libertad de expresión. Por su parte, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) carece de recursos, personal y capacitación suficientes para dar seguimiento a los casos. Esto tiene como consecuencia unos niveles de confianza institucional extremadamente bajos, lo que provoca que incluso no se denuncíen, teniendo el país una cifra negra de entre 75 y 80 por ciento.
Pocos casos han avanzado en investigaciones y las sentencias son casi inexistentes. Incluso para Miroslava Breach y Javier Valdez, los casos más emblemáticos de homicidios contra la prensa en años recientes en México, la justicia tarda y se aplaza. Tras tres años de la muerte de Miroslava, por fin uno de los autores materiales fue sentenciado a 50 años de prisión en una decisión histórica. Sin embargo, después de tres años de la muerte de Javier Valdez, apenas se llevó a cabo la audiencia intermedia de uno de los autores materiales, tras aplazarse en seis ocasiones.
Si este es el seguimiento y avance de los casos más visibles, ¿cuándo se hará justicia para las decenas de periodistas asesinados y desaparecidos en las últimas dos décadas? El reclamo social, en este sentido, debe incluir y diferenciar estos casos por las gravísimas consecuencias para la ciudadanía. Los recursos limitados no pueden ser una excusa para no atender el tema.
Investigadora del CASEDE
