/ martes 19 de enero de 2021

Permanencia o desaparición de autónomos

Al amparo de la simbiótica complicidad entre los gobiernos neoliberales y los poderes fácticos nació un sistema político cimentado en la corrupción por encima de las leyes y el estado de derecho. Aún hoy en día persiste el lastre de abusos y excesos, inhibiendo la igualdad, la justicia y el desarrollo.

Andrés Manuel López Obrador busca configurar un gobierno transparente, honesto y austero, ejes para una administración con verdadera vocación ciudadana. En esta vertiente, ha planteado la desaparición de los organismos autónomos.

Por lo pronto, el Presidente ha anunciado que comenzará a eliminar aquellos que fueron creados por decreto. De los 200 organismos autónomos existentes acumulan un gasto de 500 mil millones del presupuesto federal. De ahorrarse el 10%, es decir, 50 mil millones de pesos, podrían servir para salvar de la crisis económica a las pequeñas empresas.

Tocará al Congreso de la Unión, aprobar su desaparición a los restantes organismos o en su caso replantear su viabilidad y permanencia. Nos corresponde a los legisladores la obligación de hacer una valoración exhaustiva sobre el papel de estas instituciones como una posible duplicidad de funciones, abusos y excesos, privilegios salariales, altos costos para el erario público.

Hagamos una evaluación de algunos organismos con base al gasto anual. El presupuesto para el Instituto Nacional Electoral (INE) en 2021 es de 26 mil 819 millones de pesos. La Fiscalía General de la República (FGR) ejercerá 17 mil 275 millones. Al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se les designaron 7 mil 746 millones, 1 mil 679 millones y 905 millones, respectivamente.

Como se observa, el INE supera en el presupuesto a la FGR en un 35.5% en el presupuesto de este año, al INEGI en un 71% y al INAI en un 97%.

Bajo la premisa de estos montos millonarios, debemos evaluar la eficiencia y eficacia de estos organismos autónomos y en tal sentido, cuestionar por qué es más costosa la democracia que la impartición y procuración de justicia, la defensa y protección de los derechos humanos o la transparencia del uso y aplicación de recursos públicos. En síntesis, determinar si los organismos autónomos son verdaderos contrapesos y equilibrios entre poderes.

Existen derechos que no debemos trastocar como la transparencia; la imparcialidad en la justicia; la defensa de los derechos humanos; la evaluación de las políticas sociales; la regulación de los mercados; la autonomía cátedra y políticas cambiarias justas. Para lograr lo anterior, se necesitan organismos autónomos eficientes, de lo contrario, serán obsoletos.

Al amparo de la simbiótica complicidad entre los gobiernos neoliberales y los poderes fácticos nació un sistema político cimentado en la corrupción por encima de las leyes y el estado de derecho. Aún hoy en día persiste el lastre de abusos y excesos, inhibiendo la igualdad, la justicia y el desarrollo.

Andrés Manuel López Obrador busca configurar un gobierno transparente, honesto y austero, ejes para una administración con verdadera vocación ciudadana. En esta vertiente, ha planteado la desaparición de los organismos autónomos.

Por lo pronto, el Presidente ha anunciado que comenzará a eliminar aquellos que fueron creados por decreto. De los 200 organismos autónomos existentes acumulan un gasto de 500 mil millones del presupuesto federal. De ahorrarse el 10%, es decir, 50 mil millones de pesos, podrían servir para salvar de la crisis económica a las pequeñas empresas.

Tocará al Congreso de la Unión, aprobar su desaparición a los restantes organismos o en su caso replantear su viabilidad y permanencia. Nos corresponde a los legisladores la obligación de hacer una valoración exhaustiva sobre el papel de estas instituciones como una posible duplicidad de funciones, abusos y excesos, privilegios salariales, altos costos para el erario público.

Hagamos una evaluación de algunos organismos con base al gasto anual. El presupuesto para el Instituto Nacional Electoral (INE) en 2021 es de 26 mil 819 millones de pesos. La Fiscalía General de la República (FGR) ejercerá 17 mil 275 millones. Al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se les designaron 7 mil 746 millones, 1 mil 679 millones y 905 millones, respectivamente.

Como se observa, el INE supera en el presupuesto a la FGR en un 35.5% en el presupuesto de este año, al INEGI en un 71% y al INAI en un 97%.

Bajo la premisa de estos montos millonarios, debemos evaluar la eficiencia y eficacia de estos organismos autónomos y en tal sentido, cuestionar por qué es más costosa la democracia que la impartición y procuración de justicia, la defensa y protección de los derechos humanos o la transparencia del uso y aplicación de recursos públicos. En síntesis, determinar si los organismos autónomos son verdaderos contrapesos y equilibrios entre poderes.

Existen derechos que no debemos trastocar como la transparencia; la imparcialidad en la justicia; la defensa de los derechos humanos; la evaluación de las políticas sociales; la regulación de los mercados; la autonomía cátedra y políticas cambiarias justas. Para lograr lo anterior, se necesitan organismos autónomos eficientes, de lo contrario, serán obsoletos.