Cuando el presidente peruano Pedro Castillo asumió la primera magistratura del país en julio pasado, la victoria que encarnó fue la del regreso del pueblo al poder, aunque también la del embate político permanente a su investidura, así como a su gobierno, por una derecha cada vez más radicalizada y predominante en el Congreso.
La coexistencia política entre un Ejecutivo y un Parlamento de mayorías diferentes no es extraña en la democracia de un régimen presidencial o de uno semipresidencial, como el peruano. Lo que no resulta común ni deseable para efectos de gobernabilidad y coexistencia institucional entre las ramas de gobierno es la permanente fragmentación de las fuerzas políticas dentro de un Congreso, debido a una patológica indisciplina partidista y a una nociva instrumentalización política de sus facultades.
Tal es el caso del país andino, cuyo Congreso tiene un nivel de desaprobación popular del 75 por ciento, y en el cual existen diez fuerzas políticas con una indisciplina partidista y programática que ha sido altamente perjudicial para la democracia, la gobernabilidad y la coexistencia institucional entre poderes.
Esto se ha materializado a través de la instrumentalización política de figuras constitucionales como la vacancia, que implica una permanente incapacidad moral o física (del presidente), declarada por el Congreso. No obstante, su definición es tan amplia que puede ser utilizada para cualquier propósito.
Cabe recordar que la vacancia se ha aplicado a varios presidentes peruanos, pues esta figura ha existido jurídicamente en diversas constituciones del país. Los más recientes casos involucraron al expresidente Pedro Kuczynski, acusado de sobornos y corrupción, quien, sin embargo, renunció como primer mandatario del país antes de ser vacado en 2018, así como al expresidente Martín Vizcarra, en 2020, por “permanente incapacidad moral”.
En días recientes, diversas fuerzas opositoras de derecha y ultraderecha, entre las que se encuentran Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular —esta última liderada por Keiko Fujimori— han formalizado el pedido de destitución del presidente Castillo por “permanente incapacidad moral”. La solicitud será discutida el 7 de diciembre en el Congreso, cuya composición es de 130 integrantes, y requiere de por lo menos 52 votos para que sea admitida a debate. Si esto sucede, se necesitarían posteriormente al menos 87 votos para separar de su cargo al mandatario.
Entre las acusaciones al jefe del Ejecutivo se encuentran el presunto uso ilegal de fondos para su campaña electoral, el delito de tráfico de influencias en los ascensos de altos mandos de las Fuerzas Armadas, y el ser “una persona peligrosa para la democracia”, entre otras.
Si bien el presidente Castillo ha removido a diversos ministros del gabinete por razones políticas o de otra índole, y recientemente erigió un segundo gobierno, no son éstas razones suficientes para defenestrarlo. Sin embargo, lo que realmente se pretende es hacer a un lado a un líder político electo democráticamente y continuar con la deriva parlamentaria en el ejercicio del poder en perjuicio del pueblo, único depositario real de la soberanía.
El presidente Castillo ha respondido a los congresistas que promueven su destitución que soliciten su salida en la calle y en las plazas en donde él se dirige a la población, “y no dentro de cuatro paredes”. Además, les ha hecho un llamado a rendir cuentas de los poco más de cien días de gobierno, ya que tanto el Congreso como el mandatario fueron elegidos en la misma fecha y oportunidad.
El gobernante peruano no sólo ha llevado al pueblo al poder, sino que también busca que la ciudadanía lo ejerza realmente. De ahí su comunicación directa y permanente con la gente, así como su propuesta de una nueva Constitución, que elimine la seudodemocracia parlamentaria que prevalece, restablezca el equilibrio de poderes, elimine el modelo económico neoliberal plasmado en la Constitución vigente de 1993 y allane el camino para una verdadera democracia.
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