/ lunes 8 de julio de 2019

Policías merecen jubilarse con honores

La reforma en materia de justicia penal de junio de 2008 fue concebida con claros/oscuros. Lo negativo de esa reforma fue legitimar el arraigo en el artículo 16 a pesar de su cuestionamiento por ser contrario al derecho internacional de los derechos humanos.

Otro cambio negativo es el que sufrió el artículo 123 constitucional Apartado B párrafo XIII que señala policías ministeriales, peritos y policías de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno pueden ser susceptibles de corrupción simplemente por formar parte de estas profesiones, por lo tanto si son despedidos injustamente y lo comprueban ante la autoridad de conciliación y arbitraje, tienen derecho a salarios caídos e indemnización, pero no pueden ser reinstalados. Al leer la argumentación de los promoventes y la del decreto de esta reforma de 2007/2008 se confirma la opinión prejuiciosa del legislador al señalar que no tienen derecho a ser reinstalados porque siempre prevalecerá una falta de confianza.

Recordemos que fue en el sexenio de Calderón cuando se gestó esta reforma. Y me llama la atención que hoy Calderón dice que siempre les ha apoyado, entonces ¿porqué no vetó en 2008 esa reforma aberrante contra policías?

En el sexenio pasado quisimos derogar ese precepto; Renato Sales Heredia y el diputado Waldo Fernández promovieron la reforma en la Cámara de Diputados y yo lo hice en mi calidad de Senadora. Cualquier promoción para que las corporaciones avancen en su mejoramiento debe inscribirse en la derogación de este precepto que promueve una imagen negativa y discriminatoria de policías.

Hoy que se pretende desaparecer a la Policía Federal se ha evidenciado las pésimas condiciones laborales a las que les someterían en su transición a ser parte de la Guardia Nacional, si es que pasan la prueba que está bajo la jurisdicción militar. Y si no pasan la prueba, les dicen podrían formar parte de otro ámbito que no corresponde a su formación como profesionales de la PF con demérito de los derechos y promociones que han logrado.

El maltrato por parte del Presidente López Obrador contra la Policía Federal es malévolo porque lo que está detrás es el montaje sin cortapisas de la Guardia Nacional y la seguridad pública militarizadas; la Policía Federal es un obstáculo para su propósito.

De 2012 a diciembre de 2018 más de 580 Policías federales habían muerto, un tercio de éstos tenían más de 20 años de servicio; sólo en el sexenio de Peña más de 362 Policías muertos y 816 heridos, siempre en el cumplimiento de su deber.

Hoy reclaman lo elemental: no perder antigüedad; no les retiren sus bonos de productividad que usan para comprar botas, cargadores, guantes, o para pagar el pasaje cuando regresan a sus hogares. Al ingresar a la GN entran a un régimen militar. Decir que no pasan la prueba porque están gorditos y que pueden hacer otras actividades contrarias a su formación, es desconocer su adiestramiento en el manejo de armas, en contextos e inteligencia criminal, es ofensivo y contrario a lo que hemos exigido: su profesionalización; se pretende tirar a la basura todos los recursos del Estado invertidos para avanzar en este cometido.

Qué paradoja, mientras que en el mundo se trabaja institucionalmente para lograr la profesionalización de las policías civiles hacia su jubilación con honores, el régimen de López Obrador los denigra y maltrata.

Defensora de Derechos Humanos

@angelicadelap

La reforma en materia de justicia penal de junio de 2008 fue concebida con claros/oscuros. Lo negativo de esa reforma fue legitimar el arraigo en el artículo 16 a pesar de su cuestionamiento por ser contrario al derecho internacional de los derechos humanos.

Otro cambio negativo es el que sufrió el artículo 123 constitucional Apartado B párrafo XIII que señala policías ministeriales, peritos y policías de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno pueden ser susceptibles de corrupción simplemente por formar parte de estas profesiones, por lo tanto si son despedidos injustamente y lo comprueban ante la autoridad de conciliación y arbitraje, tienen derecho a salarios caídos e indemnización, pero no pueden ser reinstalados. Al leer la argumentación de los promoventes y la del decreto de esta reforma de 2007/2008 se confirma la opinión prejuiciosa del legislador al señalar que no tienen derecho a ser reinstalados porque siempre prevalecerá una falta de confianza.

Recordemos que fue en el sexenio de Calderón cuando se gestó esta reforma. Y me llama la atención que hoy Calderón dice que siempre les ha apoyado, entonces ¿porqué no vetó en 2008 esa reforma aberrante contra policías?

En el sexenio pasado quisimos derogar ese precepto; Renato Sales Heredia y el diputado Waldo Fernández promovieron la reforma en la Cámara de Diputados y yo lo hice en mi calidad de Senadora. Cualquier promoción para que las corporaciones avancen en su mejoramiento debe inscribirse en la derogación de este precepto que promueve una imagen negativa y discriminatoria de policías.

Hoy que se pretende desaparecer a la Policía Federal se ha evidenciado las pésimas condiciones laborales a las que les someterían en su transición a ser parte de la Guardia Nacional, si es que pasan la prueba que está bajo la jurisdicción militar. Y si no pasan la prueba, les dicen podrían formar parte de otro ámbito que no corresponde a su formación como profesionales de la PF con demérito de los derechos y promociones que han logrado.

El maltrato por parte del Presidente López Obrador contra la Policía Federal es malévolo porque lo que está detrás es el montaje sin cortapisas de la Guardia Nacional y la seguridad pública militarizadas; la Policía Federal es un obstáculo para su propósito.

De 2012 a diciembre de 2018 más de 580 Policías federales habían muerto, un tercio de éstos tenían más de 20 años de servicio; sólo en el sexenio de Peña más de 362 Policías muertos y 816 heridos, siempre en el cumplimiento de su deber.

Hoy reclaman lo elemental: no perder antigüedad; no les retiren sus bonos de productividad que usan para comprar botas, cargadores, guantes, o para pagar el pasaje cuando regresan a sus hogares. Al ingresar a la GN entran a un régimen militar. Decir que no pasan la prueba porque están gorditos y que pueden hacer otras actividades contrarias a su formación, es desconocer su adiestramiento en el manejo de armas, en contextos e inteligencia criminal, es ofensivo y contrario a lo que hemos exigido: su profesionalización; se pretende tirar a la basura todos los recursos del Estado invertidos para avanzar en este cometido.

Qué paradoja, mientras que en el mundo se trabaja institucionalmente para lograr la profesionalización de las policías civiles hacia su jubilación con honores, el régimen de López Obrador los denigra y maltrata.

Defensora de Derechos Humanos

@angelicadelap