Las personas que se desempeñan en la policía están para prevenir el delito, impedir o ayudar a sancionar las faltas administrativas, responder frente a los delitos cometidos en flagrancia y, por último, auxiliar en las labores de investigación del delito. Por desgracia, algunos de sus elementos, no están cumpliendo dicha misión, sino, que están lesionando o matando a mexicanos y mexicanas de forma arbitraria. Esto es lo que estamos viviendo en las últimas semanas. Éste es el post scriptum de una larga historia de incentivos perversos, omisiones, silencios, complicidades y corrupción de todas las administraciones de gobierno respecto de las fuerzas del orden.
El abuso policiaco en nuestro país lleva más de siete décadas. El régimen hegemónico construyó policías para ejercer control social, simular la existencia del orden público y asociarse con la delincuencia organizada. La familia revolucionaria fomentó el abuso policial, en aras, de demostrar su poder y capacidad de control en cualquier espacio del ámbito público. Para lograr lo anterior, se puso especial énfasis en centralizar todas las decisiones en seguridad pública.
El expresidente Vicente Fox relegó este tema, permitió que la corrupción creciera, guardó silencio mientras que la delincuencia organizada crecía, más y más, con auxilio de ciertos miembros de la policía. Fox no prestó la atención debida al asunto más importante de cualquier Estado, a saber: salvaguardar la integridad y la seguridad de cada uno de los habitantes del país que gobierna. Este personaje esperó a que el problema explotara en la siguiente administración.
Desde los tiempos de Zedillo y Fox se sabía la solución: todo radicaba en el federalismo y en invertir recursos públicos en una de las instituciones que más lo necesitaban. En efecto, una correcta distribución de competencias en el ámbito federal, estatal y local daban luz para salir del brete. La lustración de las policías a nivel nacional, la inversión en capacitación, equipo, sueldos, seguros médicos, seguros de vida a favor de los policías nos daban una ventana de oportunidad.
Una transición democrática nos obligaba a repensar el federalismo y la seguridad pública, sin embargo, optamos por las viejas fórmulas de centralizar las decisiones de seguridad y, seguimos con la idea de centralizar, primero fue la Policía Federal Preventiva y ahora es la Guardia Nacional. Sin embargo, siguen pendientes asuntos prioritarios como elevar los sueldos de los policías estatales y municipales, un servicio civil de carrera, capacitación en derechos humanos y una correcta distribución de competencias. Ahora, sufrimos los brutales resultados:
Una ejecución extrajudicial en el estado de Jalisco, otra en el estado de Veracruz, uno más en Oaxaca, lesiones en la Ciudad de México, y así nos podemos seguir de largo. La mayoría de los policías quieren hacer un buen trabajo, sin embargo, todos aparecen en los medios como homicidas. La federación, los estados y los municipios están obligados a elevar sueldos, a dar la capacitación debida, pero, sobretodo, el poder legislativo está llamado a construir una seguridad pública en un sistema federalista y con las prestaciones necesarias para los policías. Ya es hora de que nuestro México se decante por instituciones y no por la creaciones de héroes momentáneos (como García Luna) que se desmoronan al pasar de pocos años.
