Afortunadamente se concedieron suspensiones definitivas a empresas que se ampararon contra el acuerdo del Cenace del 29 de abril, mediante el cual se pretendía frenar proyectos de generación eléctrica de fuentes renovables bajo una justificación de supuesta emergencia por la pandemia.
Un pretexto cuestionable, entre otras razones, por el antecedente de toda una serie de acciones contrarias a la inversión en energías limpias, al menos desde la cancelación de la cuarta subasta de largo plazo a inicios de 2019. Sin embargo, el acoso sigue, en el marco de una política regresiva que descarta toda lógica de eficiencia energética, económica y ambiental en favor de una orientación ideológica anacrónica.
Lo confirmó, de última hora, la decisión de la CRE de subir las tarifas de transmisión a centrales de renovables que operaban antes de la reforma energética. Se teme que el aumento podría ser de mínimo 500%, lo que podría sacar a muchas de estas plantas de energía limpia del mercado.
Sigue abierta la amenaza, aún más preocupante, de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, emitida el pasado 15 de mayo por la Secretaría de Energía, aunque se dio una suspensión provisional por un amparo promovido por Greenpeace. Es más grave porque mediante un decreto busca arrogarse facultades discrecionales y monopólicas que pueden derivar en múltiples problemas, como pérdida de inversiones y empleos, incumplimiento de compromisos internacionales frente al cambio climático e inclusive, según especialistas, derivar en un aumento en los índices de mortalidad y de enfermedades por afecciones respiratorias.
Dicha política puede verse como otra muestra de fragilidad del Estado de derecho en México. Máxime si la relacionamos con otras decisiones y maniobras de cuestionable legalidad o institucionalidad. Por ejemplo, la subversión de la autonomía técnica de órganos reguladores como la propia CRE, junto con la afectación al sistema de contrapesos democráticos.
En el fondo, se contraviene un vasto entramado de leyes y tratados ratificados por nuestro país: de la Constitución a las leyes de la Industria Eléctrica, la General de Cambio Climático y la de Transición Energética. Asimismo, acuerdos de libre comercio, el Protocolo de San José (derecho humano al medio ambiente sano) y el Acuerdo de París.
Por supuesto, se vulnera la competencia, con determinaciones contrarias a los principios de la legislación correspondiente. La justificación de beneficiar a los consumidores es inverosímil. El costo promedio de generación de las plantas de combustóleo o carbón de CFE, que se verían favorecidas al sacar del mercado a la competencia privada más eficiente, asciende a 140 dólares por megawatt-hora. En cambio, el de las renovables puede ser de poco más de 20 dólares, conforme a la última subasta eléctrica.
Se estima que los costos de electricidad para la industria por parte de CFE son 20% superiores a los de sus contrapartes en Estados Unidos, mientras que para empresas medianas el sobrecosto es equivalente a un 40 por ciento. Con las inversiones en tecnologías como las eólicas y las solares esto ha ido mejorando, pero ahora los grandes consumidores pueden encontrar obstáculos insalvables para mejores alternativas de suministro.
Si se desplaza la energía más barata, el costo tendría que pagarlo el consumidor o, en su defecto, el erario. La necesidad de subsidio aumentará, a la par que las pérdidas de la CFE o del Estado, que estará aún más limitado en su capacidad de actuar en temas como educación o salud. Pedir a los generadores privados que compartan una lógica de incurrir en pérdidas evitables es un contrasentido lógico.
Más allá de lo económico, de acuerdo con estudios con respaldo científico, cada año fallecen de forma prematura 25 mil personas a nivel nacional debido al combustóleo. Especialistas han hablado de hasta 20 mil más por año si se extiende su uso en las plantas termoeléctricas de CFE.
Como ha resaltado el Premio Nobel de Química mexicano Mario Molina, no tiene caso regresar al siglo pasado o antepasado: es un mito decir que es imposible dejar de usar combustibles fósiles por su importancia económica; en todo el mundo la tendencia es a dejarlos para la historia y otros usos menos dañinos.
Además, no es de extrañar que se hayan activado tensiones con otros países donde están las sedes de empresas que estaban realizando importantes inversiones en México. La política de la Sener afecta a 44 proyectos renovables programados para entrar en operación comercial este año y en 2021, incluidos varios en construcción que representan inversiones por alrededor de 6 mil 400 millones de dólares. Y esto cuando enfrentamos el escenario de la recesión más aguda desde los años 30 del siglo pasado.
Claramente, se afecta el perfil de riesgo-país para la inversión privada. Si se puede hacer un cambio de reglas en una forma tan arbitraria, la pregunta que se hacen los inversionistas es cuáles serían los límites y protecciones en cualquier otro rubro. Por si no fuera suficiente, se camina en sentido contrario ante el cambio climático, uno de los mayores desafíos de la humanidad, y podríamos dar paso a una tragedia de salud.
No hay beneficios para el país en una re-estatización del sector eléctrico, y menos de este tipo. Urge rectificar
Empresario
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