Hace un par de días, 43 congresistas de Estados Unidos, escribieron una carta a Donald Trump denunciando que la política energética de México obstruye a las compañías estadounidenses de ese sector y que ese comportamiento contraviene el espíritu del TMEC.
La queja es encabezada por un senador republicano de Texas, John Cornyn denunciando lo evidente: el Estado Mexicano está cancelando los permisos de las empresas energéticas estadounidenses, dañando a todos los involucrados en su cadena de valor, lo cual viola las reglas más elementales de la seguridad jurídica y vulnera los derechos adquiridos de cualquier inversionista.
Frente a esto el Presidente López Obrador ha dicho que la política energética actual continuará y que, de cualquier modo, “no hay acuerdos en materia energética en el TMEC”. Al respecto, hay un par de precisiones; la primera es que, si bien el Capítulo 8 habla de la propiedad inalienable e imprescriptible de México sobre sus hidrocarburos, también es cierto que existe el Capítulo 22, sobre empresas propiedad de los Estados Parte y monopolios designados, cuyo ámbito de aplicación es a las actividades de dichas empresas públicas que afectan o puedan afectar, el comercio o la inversión entre los Estados Parte dentro de la zona de libre comercio.
Entre las actividades que no regula este Capítulo, están las financieras, las regulatorias, las de contratación pública y las de orden monetario. Por lo que las actividades relacionadas con energéticos, sí podrán entrar si uno de los Estados Parte decide iniciar una revisión. Aunque, más adelante, este mismo capítulo establece que, estás disposiciones no pueden impedir que uno de los Estados parte designe un monopolio, siempre que respete las reglas de trato no discriminatorio. Es decir que la carta de los Congresistas sí pudiera iniciar una disputa, aunque es pronto para saber los alcances jurídicos.
Sin embargo, en México, ¿qué lectura debemos dar de esta carta? Desde un punto de vista particular, lo primero es que la política energética actual no está enfocada en la competitividad del sector ni en la forma de hacerlo más sustentable; sino que está concentrada en deshacer todos los acuerdos consagrados en la reforma energética que sí comprometieron al Estado Mexicano con empresas extranjeras pero también con nacionales.
Este tema activa una alerta que no debemos dejar pasar por dos razones en especial: la primera, porque el Presidente ha dicho claramente que va a favorecer a PEMEX y a CFE, a pesar de sus profundos niveles de corrupción y su probada ineficiencia; incluso instruyó a los organismos reguladores energéticos (autónomos solo en el papel), a usar todos los recurso disponibles para proteger a estas instituciones; no para sanearlas ni para mejorarlas, sino para inyectarles dinero público sin candados ni medidas de efectividad. Como empresario, tengo muy claro que invertir en un proyecto que apenas tiene rentabilidad económica es mala idea porque se convertirá en un pasivo. Estoy seguro que cualquiera con conocimientos básicos de economía y de administración coincidirá.
La segunda, es que en pleno siglo XXI, totalmente inmersos en problemas globales como el cambio climático, que nos obligan a repensar las formas de producir energía y buscar disminuir las emisiones de CO2, el Presidente ha declarado que las energías limpias son un sofisma y “lo que se necesita es comprar más carbón”. Esto, además de ser contradictorio con los acuerdos en materia ambiental que México ha firmado, es una clara muestra de ignorancia alimentada por una retórica de los años 50 que sobredimensiona los beneficios económicos de producir petróleo y que, por si fuera poco, desdeña los argumentos técnicos y jurídicos para fomentar la ilegalidad.
Empresario
