Marina Angélica Ruíz Morales*
El 11 de marzo Gabriel Boric, abiertamente feminista, inició un nuevo ciclo político en Chile que dio paso a la adopción de una política exterior feminista (PEF) para conducir la agenda internacional del Estado, este proyecto está acompañado de la primera ministra del Interior de la historia chilena, un gabinete mayoritariamente femenino y una primera dama que ha puesto al centro la atención a las juventudes trans, por lo que la PEF chilena inicia en un momentum inmejorable.
Las esferas feministas e internacionales señalan apropiadamente que la definición de lo que significa “política exterior feminista” puede conducir a acotar e invisibilizar los objetivos, propósitos y actores que esta busca beneficiar, por lo que este concepto debería realizarse bajo el contexto y las metas que busque alcanzar el estado que la adopte. Sin embargo, para efectos prácticos podemos entenderla desde la definición del Centre for Feminist Foreign Policy como un “marco político centrado en el bienestar de las personas marginadas que invoca procesos de cuestionamiento a los sistemas globales jerárquicos de la política exterior”.
La PEF chilena del gobierno del presidente Boric se propone cuestionar estos sistemas al enunciarse como una política exterior “turquesa (verde y azul), feminista, inclusiva, antirracista, descentralizada y participativa”, donde a través de diez acciones se podrá “superar la herencia conservadora y patriarcal que ha dominado el discurso y la acción de la política exterior, históricamente dominados por hombres”. Dentro de estos esfuerzos se propone una reforma al servicio exterior chileno que corrija la subrepresentación de mujeres y personas racializadas a través de criterios que aseguren la paridad de ingreso al cuerpo diplomático, así como la capacitación de este en perspectiva de género.
Por otra parte, se transversalizará el feminismo, el antirracismo y la inclusión en todas las agendas internacionales chilenas, sin privilegiar aquellas tradicionalmente ligadas a las mujeres. También, buscará apoyar paritarios o que cuya constitución incluya al menos 40% de mujeres; perseguirá también el pleno cumplimiento de la Convención de Belém do Pará y priorizará las agendas multilaterales de la resolución 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad. La agenda “turquesa” combina tareas de combate contra el cambio climático y conservación ecológica (componente verde), y acciones de protección al océano (componente azul).
Este eje se propone firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú, así como promover una regulación internacional del impacto ambiental y climático del tránsito marítimo que no está considerado en el Acuerdo de París. Por otro lado, Chile continuará impulsando la no proliferación de armas nucleares y su desmilitarización. Este último apartado toma especial relevancia al no haber sido considerado por las dos PEF que ya existen en la región (Canadá y México), posicionando a Chile como una nación innovadora que impulsa la justicia climática como prioridad en la esfera internacional.
Sin embargo, a través sólo del análisis de la propuesta discursiva de la PEF chilena y debido a lo reciente de su anuncio (el 22 de marzo de este año), puede intuirse que, como suele ocurrir con las PEF a través del globo, Chile se enfrenta con la trampa de reproducir las estructuras opresivas y binaristas que pretende superar, al no lograr visibilizar la conexión de la agenda internacional con el ámbito doméstico.
La propuesta chilena falla cuando no considera que al igual que la sociedad que representa, el servicio exterior no es un cuerpo uniforme, de esta forma, omite mencionar la inclusión específica de personas de otros géneros (fuera de hombre-mujer) dentro de los esfuerzos de paridad de ingreso y representación. Este último punto se vuelve doblemente problemático al asumir que la representación (y no la participación significativa), es el único predicamento que existe para el universo de personas a las que pretende beneficiar, y suficiente para superar las barreras de discriminación de género o raza que enfrentan.
El uso del lenguaje en la estrategia chilena de política exterior feminista conduce a pensar que esta agenda está dedicada exclusivamente a un grupo minoritario de mujeres, aislando a la comunidad LGBTQ+, hombres y otros grupos discriminados por la clase, edad, religión o discapacidad. El uso de un lenguaje neutral al género tiene que formar parte de la implementación de la PEF para lograr incluir a estas poblaciones y eliminar un malentendido común que concluye que las acciones afirmativas no buscan una sociedad más democrática e igualitaria, sino dotar de privilegios a las mujeres a costa de eliminar los derechos de otras personas.
Estos puntos no son impedimentos para la ejecución de una política exterior feminista en Chile, sino áreas de oportunidad para que el país redirija el camino de su estrategia en aras de impulsar una agenda internacional que no sólo cuestione estructuras de poder, sino que las transforme. Este mismo propósito puede cumplirse si el nuevo gobierno chileno logra romper el binarismo entre lo doméstico y lo internacional, al impulsar compromisos y cooperación en la agenda de género y con otras naciones que asignen recursos a problemas internos de larga trayectoria (violencia doméstica y en contra de la comunidad LGBTQ+, protección a territorios y comunidades originarias, representación política). De esta forma, la ciudadanía se apropia de la PEF y la repolitiza, asegurando no sólo su continuidad, sino su efectividad, un asunto que sus antecesoras continúan sin resolver.
* Licenciada en Relaciones Internacionales por la FES Aragón. Actualmente colabora en el Instituto Matías Romero en el Observatorio Mexicano de Política Exterior Feminista.
