Cuando se habla de política industrial, la mayoría se refiere a incentivos y subsidios, apoyos del gobierno y esquemas de fomento crediticio, tecnológico y comercial. Pero rara vez se habla de la política industrial con efectos en la regulación económica y rectoría del Estado para garantizar la seguridad de los consumidores, de los productos y servicios, así como la salud de los ecosistemas. Es decir, que el sistema económico que genera bienes y servicios en la economía, debe seguir reglas y normas establecidas para múltiples propósitos, algunos tecnológicos, otros de calidad, muchísimos como especificaciones de insumos, partes, componentes de productos terminales y otros se refieren a la inocuidad, la bioequivalencia o a reglas de etiquetado e información comercial.
En este concierto de regulaciones técnicas y legales se requieren mediciones exactas, con adecuada incertidumbre de medición y que los equipos de medición estén calibrados y trazados con el Centro Nacional de Metrología, el corazón técnico de la regulación de mercados, de equipos de medición para la ciencia y el desarrollo y para la metrología legal que obliga a los actores a dar “litros de a litro” por ejemplo. En buena medida, el surgimiento del Estado Nación se dio por la articulación territorial de mercados, la medición de lo producido y los impuestos asociados, que a fin de cuentas establecían las reglas del juego en los territorios y los mercados.
De tal suerte que la normalización como política industrial, no sólo se trata de las regulaciones técnicas y legales, sino que también se refiere a una infraestructura tecnológica que contribuye a verificar que los requisitos se cumplen, que certifican la confiabilidad de las organizaciones y laboratorios que emiten dictámenes sobre los parámetros evaluados y su nivel de desviación respecto a las normas y regulaciones. Es así que se configuran estructuras técnico-legales, tanto públicas como privadas, para evaluar la conformidad de personas, procesos, productos y organizaciones, respecto a requisitos establecidos en regulaciones técnicas y que sobre bases científicas y procesos controlados, emiten resultados confiables, íntegros y con base en reglas internacionales, regionales y nacionales. Es decir que los sistemas nacionales se intercomunican y usan protocolos convencionales para que la regulación de los mercados, permita el comercio internacional a gran escala, bajo reglas básicas de seguridad de producto y del consumidor, así como la salud de los ecosistemas.
Entonces la política industrial de la normalización y la rectoría económica del Estado para el bienestar se tiene que ocupar de normar, articular y fomentar las infraestructuras científicas y tecnológicas que permiten contar con un sistema nacional de metrología, normalización y evaluación de la conformidad robusto, con jugadores públicos, privados y sociales confiables para garantizar que los bienes y servicios que se ofrecen al mercado son inocuos al consumidor, que son seguros, que no dañan la salud y que no afectan al medio ambiente.
Si bien, los antecedentes del Sistema Nacional de Metrología Normalización y Evaluación de la conformidad, vienen desde la época precolombina, cuya teocracia fundamentaba su poderío económico en el régimen tributario, lo cierto es que el hito fundamental, es la ley sobre metrología y normalización la cual articuló el sistema, para poder transformar las reglas económicas de una economía cerrada a una economía abierta, en el contexto de la negociación del TLCAN. Por supuesto, las asimetrías continúan entre los tres países en la materia, tanto a nivel de normalización, como de infraestructuras de laboratorios, organismos de certificación y sistemas de inspección y vigilancia.
La complejidad de este sistema de metrología normalización y evaluación de la conformidad es altísima y se requiere en todo el país, tanto para regular riesgos sanitarios, como agropecuarios o ambientales, como los sistemas de verificación vehicular para incidir en la calidad del aire de ciudades. En el sistema, participan casi todas las dependencias federales que emiten regulaciones tecnológicas a los actores económicos y sociales, también participan todos los sectores productivos (primario, secundario y terciario), todo el sistema de salud, también participa el sistema de ciencia, tecnología e innovación, y de manera muy importante, participamos todos como consumidores, quienes esperamos, calidad, precio, seguridad, servicio postventa, información, instructivos y alertas sobre riesgos, entre otras cosas que abonan a un consumo responsable y sostenible.
El sistema que tenemos en México, ha demostrado reconocimiento internacional, liderazgo técnico, el desarrollo de un cuerpo normativo, de y una infraestructura diversificada y competente, así como una comunidad tecnológica y de innovación que participan en mercados especializados y altamente técnicos, para garantizar que los bienes y servicios que se ofrecen en México son confiables y cumplen con requisitos.
Sin embargo, como todo sistema requiere planeación estratégica interinstitucional, el reforzamiento de los actores y la convicción de su importancia para el bienestar y el comercio internacional. Tratar de simplificar el sistema o promover cambios que lo reduzcan a la “infraestructura de calidad” es un gravísimo error de diagnóstico, que lejos de fortalecer la rectoría del Estado en la economía que marca el artículo 25 constitucional, estaría reduciendo sus alcances, aumentando la dependencia tecnológica y cediendo a intereses que claman por la desregulación y eliminar todo obstáculo al comercio y el cumplimiento costoso de requisitos y que se erigen como “barreras técnicas” y no como un sistema que busca la legítima convergencia hacia el bienestar, la seguridad de la población y la salud de los ecosistemas.
