El presidente López Obrador emprendió cambios estructurales en el sistema de justicia penal realmente preocupantes. No nos depara buen futuro para que desciendan las cifras de víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos.
El pensamiento de quien gobierna no es progresista. Mira al país y solo se mira él, como quien se refleja a si mismo en el agua. Nada es rescatable, desconoce procesos que han llevado años de esfuerzos, particularmente procesos de reforma estructural que se han logrado por la presión de quienes con sabiduría han evidenciado que el Estado democrático no puede subsistir sin respuestas de fondo.
El gobierno debería seguir avanzando hacia la consolidación del sistema garantista, pero nada indica que las nuevas instituciones lo harán. Por desgracia para el pueblo mexicano quien gobierna no resolverá estos pendientes, por el contrario ha emprendido lamentables retrocesos; tres ejemplos:
Guardia Nacional: las OSC defensoras de derechos humanos y especialistas señalan los militares no deben seguir realizando tareas de policías. México ha sido sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones a los derechos humanos perpetrados por elementos militares en tareas de seguridad y ha recomendado al Estado mexicano constituya policías totalmente civiles. El Presidente López Obrador se ha propuesto que militares sigan realizando tareas de seguridad. No aprende de los catastróficos errores de sus antecesores.
Fiscalía General de la República; la exigencia razonada de que este nombramiento surgiera de una elección entre las propuestas de especialistas para asegurar plena independencia de esta Fiscalía con el gobierno y constituir una procuración de justicia de cara a la gente y no a los poderes políticos y económicos no se logró. El Presidente nombra como Fiscal a alguien de su equipo.
Reforma al artículo 19 de la constitución; en 2008 se reforma la CPEUM para instaurar el sistema de justicia penal inscrito en el debido proceso legal con garantías procesales que den certeza a las partes; con transparencia, rigor, eficiencia e inmediatez en el proceso judicial. La regla general es que a quién se le impute una comisión de delito pueda estar en libertad a menos que se pruebe por parte del ministerio público que las medidas cautelares no son suficientes para garantizar la comparecencia de la persona imputada en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, o el imputado esté o haya sido procesado por la comisión de delito doloso. Hasta aquí está bien el art 19. Sin embargo se mantuvo que el juez decidirá prisión preventiva oficiosamente para ciertos delitos que hoy MORENA amplía, a pesar de que los organismos internacionales de Naciones Unidas y de la OEA han recomendado al Estado Mexicano que derogue la PPO.
La prisión preventiva en automático como la ha definido el Instituto de Justicia Procesal Penal bajo la dirección de Javier Carrasco es sumamente perniciosa para la presunción de inocencia; por eso el IJPP junto con litigantes de la abogacía, jueces, juezas, emprendieron una campaña para derogar la PPO.
Los movimientos de #SeguridadSin- Guerra #FiscalíaQueSirva y #JusticiaSin- Pretextos han encontrado un gran muro impenetrable con frases simplistas escritas miles de veces en su superficie. Nombre del muro: populismo jurídico.
Defensora de los derechos humanos
@angelicadelap
