En la retórica del cambio se estableció un diagnóstico muy cercano al sentir de la población, que en su mayoría sufre la pauperización salarial, la informalidad laboral y la violencia. La inseguridad que perciben las personas y en las ciudades del país, refleja un ámbito de la vulnerabilidad que se expresa en la vida cotidiana, los sectores productivos y diversas regiones de México.
La transición de la retórica del cambio a una nueva realidad organizacional del gobierno se expresa en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que fundamenta una nueva organización del Poder Ejecutivo en función de la estrategia de gobierno. Destaca por supuesto en esta reingeniería del gobierno, la renacida Secretaría de Seguridad Pública y el marco del plan de pacificación y seguridad pública, presentado por el presidente electo y su equipo de trabajo.
A la nueva estructura corresponde un marco de acción pública que se pone a debate ciudadano y a un escrutinio público de todas las partes interesadas. El plan de seguridad del nuevo gobierno establece una integralidad interesante, un modelo de gestión y comunicación, así como un esquema transversal de fomento económico, atención a la juventud, derechos humanos y justicia transicional.
Aunque la correlación de pobreza e inseguridad no es tan clara, las políticas de fomento económico son indispensables para incentivar aspectos donde existen fallas de mercado, carencias tecnológicas y escases de capital humano y financiero. Los territorios de mayor rezago económico y social son a su vez los de menor empresarialidad e inversión. Por tanto, los que mayor expresan las desigualdades en indicadores de pobreza e informalidad laboral.
La heterogeneidad también es un atributo de los sectores productivos, ya que también observamos una fuerte presencia PYME y concentraciones territoriales en clusters y zonas industriales de especialización, sobre todo en agroindustria y manufacturas.
Por ello, la “causa PYME” ha sido retomada por las políticas públicas en todo el mundo, dado que en nuestro país representan la mitad del PIB y poco más del 70% de empleo, un universo de más de 5 millones de Unidades Económicas como se les conoce censalmente a las empresas. Las PYMES representan la mayoría de la estructura económica y son factor de movilidad social.
En la retórica del cambio, el tema PYME no ha tenido mucha repercusión, ni trascendencia. El presidente electo ha mencionado la importancia de las PYMES y las cadenas de valor en el contexto de los proyectos que someterá a consulta esta semana. Una combinación de proyectos de inversión con programas sociales dirigidos a compensar los efectos de la desigualdad en México y la vulnerabilidad social.
La reingeniería de las instituciones de fomento económico también es aplicable en la estrategia de desarrollo y ya se empieza a visualizar la fusión de instituciones financieras, la desaparición de instituciones de promoción, la desregulación y la supervisión de la regulación por sorteo. También se habla de la importancia de la innovación y acceso real al financiamiento.
Otro aspecto que se ha manejado en la reingeniería institucional es el poder de compra del sector público y la consolidación de las unidades compradoras en la Secretaría de Hacienda para reducir la corrupción, pero también esperamos que se de acceso a las PYMES, al igual que nuestros socios comerciales, que se reservan el 28% de las compras a PYMES, minorías y de base tecnológica. En México no llegamos al 17% de las compras del gobierno a PYMES, situación que sin duda, tendrá que cambiar mediante objetivos claros a nivel sectorial y regional de Política Industrial; consumir lo hecho en México.
La creación del Consejo Asesor Empresarial, así como la posibilidad de que la presidencia de la república institucionalice comisiones intersecretariales y consejos consultivos, permite a la nueva administración la posibilidad de reorganizar las estrategias de interlocución con empresarios y gobiernos en función de objetivos y proyectos concretos. Por ejemplo, una “comisión intersecretarial de política industrial” es pertinente, no sólo porque ya existe un antecedente exitoso, sino porque en la política industrial intervienen al menos 12 dependencias federales con más de 100 programas de apoyo empresarial, que no se coordinan entre sí, no complementan recursos y carecen de evaluación de impacto económico, es decir no se sabe si funcionan realmente o no.
Una “comisión intersecretarial de política industrial” en el marco de la reingeniería institucional planteada por el nuevo gobierno serviría de instancia de monitoreo de los avances, mecanismo de transparencia y evaluación de los impactos, un espacio para estudios de política comparada y mecanismo de cooperación técnica internacional.
Repensar el sistema de promoción industrial, los esquemas de fomento a la innovación sectorial y las interfaces con los gobiernos estatales y municipales, serán algunos retos de la nueva política industrial, que por un lado centraliza funciones e incentivos, pero por otro lado, multiplica sus aliados sectoriales y los territorios de intervención.
Vicepresidente de Canacintra
