El pasado domingo, los diarios reportaron que la mamá de José Antonio Yépez había sido liberada por una jueza en el estado de Guanajuato. Esto se ha vuelto un escándalo nacional; ya hasta el Presidente de la República acuso de ineficientes y de corruptos a los jueces y a la procuraduría local. Para colmo, los comunicadores editorializan la nota para también culpar a los jueces.
En una democracia constitucional es normal que las personas acusadas de cometer un delito sean liberadas o sujetas a proceso por decisión de los jueces, pues, la policía y los fiscales no siempre tienen la razón. Sin embargo, en México es un alboroto y un ping-pong de acusaciones cada vez que se da una libertad. Ya es una tradición de los medios de comunicación, hacer una bulla por cada liberación. Se insiste en que esto es normal en una democracia, pues, la policía y los fiscales fallan o no convencen a los jueces en ciertas ocasiones.
Todos y todas las involucradas en estos temas debemos de explicar un poco el sistema de justicia penal para hacerlo más comprensible a nuestra sociedad. Querido lector, los primeros pasos que realiza un juez penal son los siguientes: (i) verificar que la detención se haya realizado de manera legal; (ii) decirle al acusado quién y de qué lo acusan; (iii) decidir si la persona es sometida o no a un proceso judicial y (iv) la imposición de alguna medida al acusado para que no se sustraiga de la justicia, en caso de haber sido sometido al procedimiento.
Así las cosas, el juez debe revisar si la detención fue legal o ilegal. Una persona que es sorprendida, al interior del autotransporte público, con un arma de fuego y ordenando a los usuarios que entreguen sus pertenencias, es normal que acabe frente a un juez y con una medida cautelar por el delito de robo. Una persona que va caminando, la detienen, la golpean y confiesa un homicidio, es natural que acabe frente a un juez y éste la libere. En este caso, se decidió que la detención de la señora María fue constitucional.
Después de que el juez analiza la detención, los ministerios públicos tienen el deber de expresar de manera sencilla y clara los hechos por los que nos acusan y los fundamentos legales de dicha acusación. En el lenguaje de los abogados esto se conoce como formulación de imputación. Lo anterior sirve para saber en qué condiciones y cómo vamos a responder a esa imputación o pedir aclaraciones de la misma.
Más adelante se verifica la etapa de vinculación a proceso. En este trazo, el ministerio público debe de desarrollar de manera detallada y soportada con datos de prueba la acusación que nos hizo en la etapa de formulación.
Aquí es donde se caen la mayoría de los casos. Los ministerios públicos, a veces, no tienen las pruebas, no las saben expresar o existe falta de coordinación entre la policía y las procuradurías, lo que provoca que esas pruebas no lleguen bien ante el juez. En esta etapa fue donde liberaron a la señora María. No hubo suficientes pruebas. Una cuestión normal, en donde el proceso penal está basado en los derechos humanos.
Ahora bien, siempre está la opción de volver 400 años atrás y restablecer el tribunal de la Santa Inquisición, para que así, todos confiesen y sean condenados, esta opción nos haría violar derechos humanos por aquello de la tortura y otros detalles, pero dejaría tranquilo al sector de la sociedad que hoy clama por la cabeza de jueces y ministerios públicos.
Doctor en Derecho
@jangulonobara
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