Dra. Norma Julieta del Río
Contar con un marco normativo sólido y a la vanguardia en materia de ciberseguridad es urgente y es un tema de máximo interés público para México, pues está en riesgo la protección de las instituciones y de la población en general. Aunque es un lugar común en la opinión pública, no deja de ser cierto y llamativo el aumento considerable, por un lado, de la digitalización de la sociedad mexicana y, por el otro, de los ciberataques registrados en nuestro país.
De acuerdo con una encuesta del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) hecha el año pasado, el 75% de las y los mexicanos utiliza internet y, de este porcentaje, el 84% emplea alguna red social. Además, se calcula que entre 2021 y 2022 se dio un incremento de 2.5 millones de personas usuarias de redes sociales en el país. De igual forma, México es el país de América Latina con más ciberataques y el cuarto a nivel mundial. Los especialistas calculan que en el territorio nacional se registran más de 2 mil 244 ciberataques diarios, es decir, ocurre una vulneración cada 39 segundos.
La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina reconocen que en nuestro país existe una alta vulnerabilidad cibernética, misma que puede afectar la infraestructura tecnológica y el desarrollo económico y social del Estado.
En el INAI coincidimos, ya que la Plataforma Nacional de Transparencia ha sido también objetivo de los ciberdelincuentes al tener 50 millones de intentos de ciberataques. Ninguno ha logrado vulnerar la información contenida, debido al trabajo constante trabajo de seguridad perimetral que se realiza, sin embargo, es por eso que también señalamos la necesidad de contar con marcos jurídicos y de acción que nos permitan estar mejor prevenidos en esta época donde nuestras actividades cotidianas se desarrollan cada vez más en el mundo digital.
Por estas razones, las instituciones deben trabajar por una estrategia conjunta de ciberseguridad; por ejemplo, en enero, el gobierno federal creó la Comisión Intersecretarial de Tecnologías de la Información y Comunicación y de la Seguridad de la Información (Comisión ITICSI), cuyo objetivo es coordinar una estrategia de política de Estado digital; sin embargo, ambos esfuerzos no sustituyen la propuesta de ley pendiente en la agenda legislativa, misma que, como lo escribí a inicios de este 2023, debe surgir del diálogo, la vinculación y el consenso con la sociedad civil, el sector privado y los expertos en la materia, pues sólo así tendremos disposiciones jurídicas claras respaldadas por la ciudadanía.
Durante la presentación del libro Tecnologías de la información y Derecho a Saber, de Alejandro Pisanty en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, especialistas de diferentes ramas señalaron que nuestro país debe analizar y aprobar iniciativas que nos permitan contar con un marco regulatorio en ciberseguridad, y eso impactará positivamente en el ejercicio del derecho a saber y la protección de datos.
Como siempre, refrendamos la disposición del INAI para colaborar en la realización del proyecto dentro de nuestra esfera de competencia: la garantía de las libertades informativas y la protección de la privacidad, ampliamente relacionadas con la ciberseguridad. La seguridad y la garantía de los derechos humanos de las y los mexicanos debe ser siempre la prioridad.
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