El lenguaje de la abogacía es un desastre: a) está lleno de palabras anticuadas, confusas, raras o latinajos; b) los libros generalmente no son amables con el lector; c) un sector de la abogacía premia la cantidad de hojas y no la calidad de las mismas; d) se confunde la elocuencia con la ofensa; y e) se trata de demostrar el conocimiento o la reflexión con citas o transcripciones interminables. Lo anterior es preocupante para todo el derecho, pero tiene una zona más alarmante: las decisiones que toman los jueces.
Las sentencias le pertenecen a la sociedad, pues resuelven los problemas de ésta. Los jueces llegan a decidir quién será el próximo gobernador de cierto estado, tutelan la libertad de expresión, regulan quién se hará cargo de los niños en un divorcio o deciden quién cometió o no un delito. Se puede afirmar que todos estaremos ante un juez, cuando menos una vez en la vida. Por ello, todos deberíamos entender sus razones para incidir en nuestro existir.
Un caso ejemplar fue una sentencia de amparo en el caso denominado los Porkys de Veracruz. En el caso concreto, el problema social era la violencia sexual en contra de las mujeres y la decisión que otorgaba la libertad a uno de los acusados y, por tanto, la sociedad necesitaba entenderla. Lo cierto es que nadie comprendía la sentencia. Incluso en el mundo de los abogados estaban las siguientes preguntas: ¿Qué quiso decir el juez? ¿El acusado involuntariamente atacó a la chica? ¿Hay pruebas o no hay pruebas?
Es indignante que en un caso de tal calado, la decisión no estuviera redactada para la ciudadanía. La legitimidad de una sentencia está basada en sus razones y en sus argumentos. Y como no se entendían las razones ni las motivaciones de ésta, luego entonces, era ilegítima. Esta sentencia está llena de largas transcripciones, que hay que leer con cuidado para no perderse o confundirse. El juez nunca explica en buen español porque otorga el amparo. En cambio, la resolución está atrincherada en una mala gramática jurídica, es decir, está llena de conceptos jurídicos que no se explican, ni se sabe cómo aplican. No existe un concepto jurídico que no se puede aterrizar a un lenguaje ciudadano. La decisión judicial no convenció y hoy el caso sigue en tribunales, es decir, no arregló el problema. Incluso se hizo más grande.
El último enemigo de la claridad en las sentencias, es la forma en la que entendemos la protección de datos personales. Ahora las resoluciones judiciales dicen: a las 3 horas iba […] en compañía de […] quien atacó a […] en conjunción de […], como lo señala […] Hemos llevado al ridículo la protección de datos personales, se necesita ponderar la tutela de estos y el aspecto republicano de las sentencias. En otras latitudes se utilizan sobrenombres para proteger estos datos, es decir, el nombre de la persona no equivale a […] sino a Juan Pérez o el sobrenombre que desee la persona que está litigando. Mejor aún, se protegen los nombres solo frente a la negativa de las partes a su publicación y no de oficio. Toda sentencia relevante debe llevar los nombres de las partes porqué van construyendo historia.
Los jueces no son elegidos por el voto popular, de allí que su legitimidad descansa en las razones que nos otorgan en sus sentencias. Es imposible que se sostenga esa legitimidad si los motivos de las resoluciones no son accesibles para una evaluación ciudadana, por ello, se necesitan sentencias claras y sencillas.
