Por María de los Ángeles Huerta del Río
En el sexenio anterior nos dijeron que con la reforma energética todos los mexicanos íbamos a ganar, que se promovería la generación de energía eléctrica por medios renovables y sin contaminar, y que las tarifas serían más asequibles porque existiría una sana competencia entre la CFE y los particulares.
Pero como ocurrió con todo en el sexenio anterior, esto fue una gran mentira, y en la propia ley –de manufactura prianista– dejaron trampas para beneficio de intereses particulares.
Se nos informó que el Centro Nacional de Control de la Energía (CENACE) compraría toda la energía eléctrica que se produjera, empezando por las empresas que la vendieran al más bajo costo, pero no fue cierto. En realidad diseñaron una fórmula que sólo consideró una parte de los gastos en la producción de energía, y ello llevó a que se considerara –falsamente– que la electricidad producida por el sol y el viento casi no tenía costos. Efectivamente, no hay que pagar porque salga el sol o sople el viento, pero las empresas que producen esta energía sí tienen altísimos costos de operación.
Este tipo de energía sería la primera en adquirirse, dado que aparentemente se produce de modo más económico. Sin embargo, al momento de pagar el costo de esta energía “sustentable” se fijó un esquema en el que se pagaba tan cara la luz “verde” como la producida por combustóleo, es decir, al precio más alto que el CENACE pagaría por todos los tipos de energía. Es inadmisible, pero a todos los productores de electricidad se les paga el precio más alto.
Siguiendo con el ejemplo de la energía eólica, sus productores venden al CENACE cada megavatio en 84 pesos, cuando su producción asciende a 1,865 pesos; y no les importa porque saben que al final recibirán lo estipulado en las reglas del CENACE: “se les pagará el precio más alto encontrado entre todos los productores que le vendieron energía al CENACE”. Es decir, toda la electricidad producida en México, independientemente de su origen, es pagada por el Centro Nacional de Control de la Energía al mismo precio, que es el más alto; de tal modo que el kilowatt eólico de 84 pesos se convierte en un kilowatt de 6 mil pesos. Y pueden cobrar estos 6 mil pesos porque son el equivalente al precio más alto de compra de energía eléctrica del CENACE.
Esta es la realidad de la reforma energética Peña Nieto: el más grande fraude y negocio inimaginable para debilitar y, eventualmente, quebrar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como también pretendieron hacerlo con Petróleos Mexicanos. La supuesta estrategia neoliberal para acabar con la participación del Estado en materia eléctrica, sólo pudo ser avalada por los sobornos que Emilio Lozoya ha declarado que se entregaron a algunos legisladores del PRI y del PAN en aquellos tiempos de insaciable corrupción.
La iniciativa preferente enviada hace unos días por el Presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, a efecto de reformar la Ley de la Industria Eléctrica, busca establecer una competencia justa para todos los generadores de energía eléctrica y, sobre todo, acabar con el fraude a la ley realizado bajo el supuesto proceso de autoabastecimiento de energía para las propias empresas. Porque si bien se permite que éstas produzcan su propia energía, algunas aprovecharon este esquema para vender la luz de forma ilegal y de manera directa a otras empresas, con el argumento de que era autoabastecimiento, evadiendo impuestos y al CENACE.
Con la nueva iniciativa de ley se cambia la fórmula para determinar el costo de generación de energía eléctrica, y se propone que las empresas productoras de energía verde incluyan en sus costos los gastos de producción. De este modo ahora sí tendremos el precio real de la generación de energía eléctrica, como ocurre en cualquier negocio normal. El CENACE dejará de beneficiar con un “precio falso” a todas esas empresas que con la etiqueta de sustentables en realidad estaban aprovechándose de una legislación hecha a modo para obtener enormes ganancias, de manera totalmente indebida.
Es importante mencionar que con esta reforma no violamos ningún tratado internacional, al contrario, los cumplimos cabalmente, pues eliminamos el dumping, que sí está prohibido en nuestra legislación y en los propios tratados.
Esta reforma no es inconstitucional, es una propuesta que pondrá fin a una era de corrupción institucionalizada y de saqueo impune de los recursos de todos los mexicanos para favorecer a unos cuantos. La Cuarta Transformación avanza rectificando los grandes errores del pasado.
Diputada Federal Coordinadora Temática de Economía del Grupo Parlamentario de Morena
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