El magistrado José Luis Vargas propone anular la elección del Estado de Puebla y nos argumenta que se violó la cadena de custodia de la paquetería electoral. El Magistrado electoral toma argumentos del derecho penal para anular una elección.
En un sistema democrático gana la persona que obtiene más votos, así sea uno. El cómo se emiten y se cuentan los votos es tan importante como la votación misma. Por ello, tenemos leyes, al Instituto Nacional Electoral y los institutos electorales locales para que regulen la forma de emitir el voto y el método para contarlos. Una vez cumplidas las formalidades de ley y de los institutos electorales, entonces se deben validar los votos. La ley dice que esa validación se debe presumir como legal.
Las normas jurídicas asumen que el resultado al que llegue un instituto electoral debe tener cierto peso legal, como cualquier proceso que se verifica ante una autoridad del Estado mexicano. Así, el espacio de revisión de los tribunales se sujeta a verificar la legalidad del proceso y pocas veces en torno a la sustancia, dicho en otras palabras: un tribunal no puede modificar la votación ni presumir que se dio de cierta manera. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya ha presumido el sentido de ciertas votaciones, tal como en el caso del Bronco o de Margarita Zavala.
Los problemas comunes en una votación y que afectan la validez de una elección son: la compra de votos, el uso de recursos públicos en la elección, la modificación del sentido del voto, malos conteos, etc. Casi todos los problemas están centrados en que no se ataque, se compre o se modifique la voluntad de quien va a votar. Nuestra legislación electoral es una de las más completas del mundo, también de las más enredadas e inspiradas en la desconfianza. Así, es muy probable que seguidas las etapas del proceso electoral se dé un resultado bastante seguro al final. No me pasa desapercibida la capacidad que existe para violar la ley o para hacer fraude a la ley. Esta cuestión ha engrosado más nuestra legislación electoral, elección tras elección.
El Magistrado Vargas no encontró un problema clásico, común o frontal para hacer la propuesta de anular la elección, sino que acudió a la rama del pensamiento jurídico en la que todo se debe llevar con extremo cuidado y con el más alto escrutinio. Tocó la puerta del derecho penal. Una persona que enfrenta un juicio criminal se está jugando su libertad y como están las penas, se podría decir que pone en manos del sistema judicial su vida.
De allí que el estándar de cada cosa tenga que ser tan alto. Por supuesto que la legislación electoral no está diseñada con un canon de juicio criminal, así como el proceso electoral no puede ni debe llevarse con ese baremo. Cuando una persona comete un evento delictivo o sufre uno, la evidencia se debe tratar con sumo cuidado hasta llegar a las manos del ministerio público y después se debe cuidar que llegue impoluta a juicio. Una huella digital borrada o manchada puede arruinar la pesquisa. Un vestigio de ADN da cuenta o no de una desaparición forzada o de un homicidio. Me parece que no pasa lo mismo con la paquetería electoral. El núcleo de la paquetería electoral es que demuestre la voluntad de los electores.
El Magistrado Vargas nos tendría que explicar a pie juntillas como se infringió la voluntad de estos con los riesgos de la cadena de custodia. En caso contrario, los funcionarios de casilla tendrán que utilizar lentes, batas y guantes para no lesionar las actas y viciar la cadena de custodia del proceso electoral.
Doctor en Derecho @jangulonobara
