/ lunes 15 de enero de 2018

Premios y castigos para los estados

Hace tres años se invirtieron grandes esfuerzos en el proyecto de un “presupuesto base cero” que nunca se concretó. Hoy, el Gobierno Federal continúa con la terrible práctica de repartir recursos de manera discrecional, con sobrejercicios en diferentes áreas, pero también con grandes tajadas a sus gobiernos, mientras desatiende y retiene ociosamente dinero a entidades y municipios con fines políticos. Premia a quienes sobresalen por sus irregularidades en las Cuentas Públicas, mientras que quienes tienen manejos transparentes, les castiga con cientos de “trabas”.

Entre los escándalos más sonados, están los 15 mil millones de pesos extras que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el Ejecutivo ha gastado en materia de Publicidad Oficial, casi 40 mil millones en total, que representan  71.86% más de lo aprobado por la Cámara de Diputados.

Sin embargo, el dispendio de recursos se ha destinado por igual a fortalecer aquellos gobiernos priistas estatales o municipales, que resultan claves en momentos electorales. Mientras tanto, sectores como salud, previsión del delito o incluso promoción del empleo han  sido áreas sensiblemente afectadas por los constantes recortes de Presidencia que en los últimos cuatro presupuestos federales han ascendido a más de 560 mil millones de pesos.

Según información de México Evalúa, Chihuahua fue la entidad que menos recursos recibió del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), a pesar de que a través de éste, Hacienda ejerció de manera extraordinaria el año pasado, más de 29,500 millones de lo que la Cámara de Diputados le había aprobado, que fueron apenas 3 mil 244 millones de pesos, esto además conlleva a que dichas asignaciones las decida el Ejecutivo a través de Hacienda y no se atienda lo que se aprueba en el Pleno del Congreso.

De estos recursos, y en medio del proceso electoral al Estado de México se le otorgaron 5 mil 291 millones de pesos, mientras que, solo por mencionar un estado en la polémica, a Chihuahua sólo le fueron entregados 60 millones, a pesar de que el promedio por entidad era de mil millones de pesos.

Sin embargo, derivado del análisis del informe de las Cuentas Públicas realizado por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en 2014, 2015 y parte de 2016, el Estado de México junto a estados como Veracruz, Chiapas, y Tamaulipas fueron las entidades con mayores observaciones sobre el uso de los recursos públicos, y  pesar de ello, y como hoy se sabe con las más recientes revelaciones de Mexicanos contra la Corrupción, la llave de los recursos estuvo abierta para estos gobiernos, sin importar la terrible opacidad y el uso faccioso del presupuesto público.

Especialistas han denunciado ya, que existen riesgos en el manejo del Ramo 23, sobre todo por el excesivo aumento del gasto y por el amplio margen de discrecionalidad, lo que facilita que el dinero público se use para fines políticos, se promuevan actos de corrupción, y se generen disparidades en las contiendas electorales. Tan sólo en 2017 las transferencias de este fondo pasaron de 131 mil 865 millones de pesos aprobados por las y los Diputados a más de 254 mil millones de pesos ejercidos.

La ASF ha sido superada y se presume ha sido omisa en indagar a fondo gobiernos reiteradamente señalados por actos de corrupción o endeudamientos. Desde el Congreso es urgente se busquen los mecanismos para garantizar castigo a estos dispendios y combatir la corrupción. Se debe impedir el reparto a diestra y siniestra, que luego termina coaccionando el voto...incluso del legislativo.

Diputada por Movimiento Ciudadano

Hace tres años se invirtieron grandes esfuerzos en el proyecto de un “presupuesto base cero” que nunca se concretó. Hoy, el Gobierno Federal continúa con la terrible práctica de repartir recursos de manera discrecional, con sobrejercicios en diferentes áreas, pero también con grandes tajadas a sus gobiernos, mientras desatiende y retiene ociosamente dinero a entidades y municipios con fines políticos. Premia a quienes sobresalen por sus irregularidades en las Cuentas Públicas, mientras que quienes tienen manejos transparentes, les castiga con cientos de “trabas”.

Entre los escándalos más sonados, están los 15 mil millones de pesos extras que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el Ejecutivo ha gastado en materia de Publicidad Oficial, casi 40 mil millones en total, que representan  71.86% más de lo aprobado por la Cámara de Diputados.

Sin embargo, el dispendio de recursos se ha destinado por igual a fortalecer aquellos gobiernos priistas estatales o municipales, que resultan claves en momentos electorales. Mientras tanto, sectores como salud, previsión del delito o incluso promoción del empleo han  sido áreas sensiblemente afectadas por los constantes recortes de Presidencia que en los últimos cuatro presupuestos federales han ascendido a más de 560 mil millones de pesos.

Según información de México Evalúa, Chihuahua fue la entidad que menos recursos recibió del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), a pesar de que a través de éste, Hacienda ejerció de manera extraordinaria el año pasado, más de 29,500 millones de lo que la Cámara de Diputados le había aprobado, que fueron apenas 3 mil 244 millones de pesos, esto además conlleva a que dichas asignaciones las decida el Ejecutivo a través de Hacienda y no se atienda lo que se aprueba en el Pleno del Congreso.

De estos recursos, y en medio del proceso electoral al Estado de México se le otorgaron 5 mil 291 millones de pesos, mientras que, solo por mencionar un estado en la polémica, a Chihuahua sólo le fueron entregados 60 millones, a pesar de que el promedio por entidad era de mil millones de pesos.

Sin embargo, derivado del análisis del informe de las Cuentas Públicas realizado por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en 2014, 2015 y parte de 2016, el Estado de México junto a estados como Veracruz, Chiapas, y Tamaulipas fueron las entidades con mayores observaciones sobre el uso de los recursos públicos, y  pesar de ello, y como hoy se sabe con las más recientes revelaciones de Mexicanos contra la Corrupción, la llave de los recursos estuvo abierta para estos gobiernos, sin importar la terrible opacidad y el uso faccioso del presupuesto público.

Especialistas han denunciado ya, que existen riesgos en el manejo del Ramo 23, sobre todo por el excesivo aumento del gasto y por el amplio margen de discrecionalidad, lo que facilita que el dinero público se use para fines políticos, se promuevan actos de corrupción, y se generen disparidades en las contiendas electorales. Tan sólo en 2017 las transferencias de este fondo pasaron de 131 mil 865 millones de pesos aprobados por las y los Diputados a más de 254 mil millones de pesos ejercidos.

La ASF ha sido superada y se presume ha sido omisa en indagar a fondo gobiernos reiteradamente señalados por actos de corrupción o endeudamientos. Desde el Congreso es urgente se busquen los mecanismos para garantizar castigo a estos dispendios y combatir la corrupción. Se debe impedir el reparto a diestra y siniestra, que luego termina coaccionando el voto...incluso del legislativo.

Diputada por Movimiento Ciudadano