Sin duda alguna la desmesurada corrupción que abate a nuestro país, apoyada e impulsada por su valiosa aliada, la impunidad, y reforzados por su derivada, la inseguridad pública, ensangrentada con creciente violencia, constituyen causales fundamentales de la progresiva indignación contra nuestros gobiernos. Pero en esta serie de artículos se quiere centrar el enfoque en factores de mayor alcance que están afectando a México pero también a gran parte, de las naciones del planeta y están provocando una cada vez más generalizada inconformidad global.
En la anterior colaboración del martes 22 en la que se analizaron las severas restricciones presupuestales que venimos padeciendo, quedó pendiente de especificar cómo esas limitaciones han venido afectando también de manera progresiva y deplorable la capacidad de inversión por parte del sector público. Si tomamos en cuenta, como se vio el pasado martes, que la simple suma del gasto no programable, más el gasto de operación, pensiones y jubilaciones, amenazaban ya con exceder el monto autorizado de cinco billones 280 mil millones de pesos para el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF’2018), se comprenderá la causa del brutal y creciente desplome de los niveles de inversión pública.
A pesar de que los PEFs han venido creciendo sistemáticamente, la inversión pública lamentablemente ha venido decayendo en forma persistente desde el año 2010. Este hecho es un verdadero drama en virtud de que el ritmo de crecimiento del PIB de un país, de su empleo y de su bienestar material, depende de manera determinante del nivel de inversión fija bruta que se realice. Como lo ha expuesto ya el destacado intelectual Carlos Elizondo, la inversión total entre 2008 y 2017 en México tuvo un promedio anual de 22.25% del PIB, de los cuales tan sólo el 5.03% fue pública y el resto fue privada. Pero en 2017 la inversión alcanzó el 3% del PIB.
Este desplome de la inversión pública —en gran parte debido tanto al exceso de endeudamiento como al disparo de los costos de pensiones y jubilaciones, y a la pésima conducción del ejercicio presupuestal con altos niveles de corrupción e ineficiencia— traerá como consecuencia lógica un freno al crecimiento económico y frustración del electorado que no verá cumplidas las desmesuradas promesas de campaña.
Podemos estar seguros de que los graves defectos mencionados de ninguna manera se superarán sino que se agudizarán si se adoptan dispendiosas e irracionales estrategias de gobierno, como la promesa de AMLO, quien arrastrado por su patológica ambición de poder no mostraría escrúpulos en volver a empoderar a la vandálica CNTE para que continúe heredando y vendiendo plazas.
Lograr un indispensable incremento de la vital inversión pública sólo se podrá alcanzar si se erradica la corrupción y se le imprime mucha mayor eficiencia al ejercicio presupuestal, a fin de procurar al menos mínima satisfacción a las crecientes demandas de una sociedad cada vez más participativa y exigente.
Presidencia, la rifa del tigre (III)
amartinezv@derecho.unam.mx
@AlejoMVendrell
