Recientemente, durante una gira del Presidente López Obrador, declaró que los neoliberales promovieron en el mundo, “para poder saquear a sus anchas”, la creación o impulso de “nuevos derechos” y alentaron el feminismo, el ecologismo, la defensa de los derechos humanos, y la protección de los animales. Esta declaración de Presidente choca con la concepción que tiene de sí mismo como “humanista” y más bien retrata su forma de pensar en el terreno del conservadurismo y confirma que prefiere súbditos antes que ciudadanas y ciudadanos que ejerzan plenamente sus derechos.
Los “nuevos derechos” de los que se queja López Obrador, son los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) que forman parte de una tercera generación de derechos humanos, llamados colectivos, que se comenzaron a gestar en el marco de múltiples movimientos sociales durante las décadas de 1960 y 1970, y se caracterizan por la necesidad de obtener la cooperación entre grupos y naciones con el fin de enfrentar problemas globales como la violencia generada por las guerras y el daño provocado al medio ambiente.
Los DESCA se identifican como aquellos derechos que se relacionan con la satisfacción de necesidades básicas de las personas, comprenden distintos DDHH, entre ellos: a la alimentación, la salud, al agua, al saneamiento, a una vivienda digna, a la cultura, al medio ambiente.
Por el contrario, el objetivo del modelo neoliberal es mercantilizar todos los recursos, tanto naturales como humanos. El modelo jurídico neoliberal de la globalización se caracteriza por la reducción sustancial en la satisfacción de los derechos sociales. En este modelo, los ciudadanos tienen menos acceso al empleo, a la salud, a la educación, a la vivienda y a otros derechos sociales que en el modelo del Estado del bienestar. Por ello, la desigualdad en la distribución del ingreso, la riqueza y las oportunidades en el mundo es mayor con el neoliberalismo que la que prevaleció en cualquier año del siglo XX.
Así pues, la agenda progresista de derechos humanos, quienes la promueven y defienden (pacifistas, feministas, ecologistas, etc.) justamente lo hacen para hacerle frente a los efectos de políticas neoliberales y del capitalismo depredador que han violentado los derechos humanos de las personas.
En México a partir de la Reforma Constitucional de 2011 los tratados internacionales en materia de DDHH están al mismo nivel que la Constitución, se reconoció la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los DDHH. En nuestro marco jurídico se han incorporado, entre otros, los derechos a la cultura, a la alimentación, al acceso al agua potable, la prohibición explícita de la discriminación, un amplio catálogo de derechos de las personas indígenas, el principio del Interés superior de la niñez, el principio pro persona, y muchas otras conquistas más.
Sin embargo, a 10 años de la reforma constitucional, el paradigma de los derechos humamos no se ha arraigado en la visión y comprensión del Estado mexicano en todos los órdenes y niveles del gobierno y la administración pública, y tampoco se ha convertido en el eje de la discusión pública en torno a cómo construir un país de justicia e inclusión para todas y todos.
Es obligación del Estado mexicano adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que disponga (medidas legislativas, administrativas o de otra naturaleza) para lograr progresivamente la plena efectividad de estos derechos, evitando tomar medidas regresivas. Pero el “presidente más humanista de la historia de México” ha optado por descalificarlos y colocarlos en la bolsa de sus adversarios. No le interesa que la ciudadanía se sepa sujeta de derechos, que él, como jefe de Estado, tiene la obligación de garantizar.
