La semana pasada la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral emitió otra medida cautelar ordenando al presidente de la república que se abstenga de intervenir en el proceso electoral que inició el 7 de septiembre. La decisión no es nueva, es reiterada ante la contumaz violación a mandatos constitucionales que establecen restricciones a la actuación de servidores públicos durante los procesos electorales.
El punto sexto del acuerdo de la Comisión señala: “Se ordena que previo al inicio de las conferencias de prensa matutinas, de forma visual y auditiva, se haga público el siguiente mensaje: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución… la propaganda que difundan… los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública… (toda), deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.”
En otras palabras, la difusión de las mañaneras deberá estar antecedida del párrafo transcrito que les recuerda a todos, en especial al presidente, lo que dice, no la Comisión, sino la Constitución. Nos hemos colocado en el mundo de lo absurdo, la Comisión, como órgano de autoridad, hace lo que está a su alcance, conforme a sus facultades. López Obrador conoce las normas que debería acatar, son las mismas cuya formulación constitucional impulsó como opositor y las mismas que como presidente reiteradamente incumple. Sabe que sus expresiones no son espontáneas, si no que corresponden a una estrategia deliberada para apoyar las candidaturas de Morena y para ir demoliendo, paso a paso, la figura de sus adversarios. ¿Dónde está el talante democrático y el apego a la ley que a diario pregona?
Tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han sido enfáticos en que los principios de imparcialidad y equidad en la contienda, obliga a las y los servidores públicos a garantizar que los recursos públicos no serán utilizados con fines políticos o electorales y que no deben realizar actividades que influyan en los procesos electorales o en la voluntad de la ciudadanía, pues hay afectación al principio de imparcialidad, si quienes desempeñan cargos públicos, se pronuncian a favor o en contra de alguna candidatura o partido político, realizando actos proselitistas, como ocurre a diario desde las mañaneras, en favor de Claudia Sheinbaum y en contra de Xóchitl Gálvez.
Al día siguiente de la emisión de la cautelar, el presidente dio lectura al mandato del INE para mofarse y para señalar que si el Tribunal avala la medida, colocará un párrafo que indique más o menos lo siguiente: “Si eres conservador y estás en contra de la transformación del país, porque quieres que regresen los fueros y los privilegios y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa porque puede ocasionarte algún daño psicológico o emocional o afectar los intereses que defiendes”.
No hay sorpresa alguna. El INE hace lo que tiene que hacer, veremos qué hace el Tribunal ante el reiterado incumplimiento de las medidas cautelares. Pero sabemos que, hagan lo que hagan, resuelvan lo que resuelvan, el presidente seguirá aplicando su libreto, buscando conducir a su candidata a la presidencia; no es Jefe del Estado mexicano, es jefe de una campaña política desplegando inmensos apoyos en favor de sus candidaturas. Por lo pronto, debe cumplir la cautelar y luego será tiempo de una evaluación ciudadana en las urnas.
Profesor en UNAM, UP y UX. Especialista en materia electoral.
@MarcoBanos
