El presupuesto 2019 por ser el primero del nuevo gobierno debería caracterizarse por el cumplimientos de los compromisos de campaña. También a favor de las sociedades diversas y multiculturales de México buscando como dice la CPEUM un equilibrio y equidad para garantizar dos premisas: el funcionamiento real de los órdenes de gobierno inscritos en el pacto federal, del federalismo como forma de gobierno de nuestra República; la convivencia entre los Poderes de la Unión que son pares entre si; y el funcionamiento eficaz de los organismos autónomos.
El presupuesto debe garantizar los derechos humanos y avanzar hacia la progresividad en base a dos premisas: ningún retroceso respecto de lo logrado y a partir de evaluación diagnóstica se atienda aquellos ámbitos sociales que requieren mayores apoyos para una protección integral.
El erario público se conforma por la recaudación de impuestos, por los ingresos petroleros y el resto a otros ingresos no tributarios y de diversa índole. Hay un cálculo sobre la venta del petróleo que cada año toma en cuenta los vaivenes a nivel internacional y la producción que se espera, y sobre los impuestos un cálculo a partir de los tributarios cautivos y la miscelánea fiscal siempre a expensas de negociaciones en las dos Cámaras del Congreso.
Pero ha llegado la hora de la verdad. Cumplimiento de promesas de campaña, propuestas que debió fundar con certeza los equipos del candidato, a que puede y a que no puede comprometerse.
Y ya no estamos en campaña. Hay que tomar decisiones. Esperaría que como se dice de izquierda este gobierno, tenga avances y no retrocesos para concretar bienestar social y la igualdad sustantiva. Es preocupante y llamó la atención que en una reunión con legisladoras y legisladores de Morena el presidente López Obrador les indicó que no se le moviera ni una coma tanto a la ley de ingresos, como al Presupuesto de Egresos que enviase la Secretaría de Hacienda. O sea que el Congreso de la Unión, porque tiene mayoría de Morena, la orden es que deje de ser un Poder de la Unión y se convierta en el instrumento que concrete obediente lo que ordene el Presidente.
Pero en un análisis somero observamos retrocesos perniciosos donde se castiga al ámbito de la Salud con decrecimiento del 3.2% respecto al presupuesto de 2018; en Cultura (con su nueva Ley que requiere implementarse) es 7.6% menos; a Conacyt 12.8 % menor; a Agricultura y desarrollo rural 28.5% menos; a Medio Ambiente y Recursos Naturales 32.1% menos; a Comunicaciones y Transportes 24.4 % menos; a las entidades sectorizadas 8.7% menos; en cambio para el ámbito de la nueva dependencia para el bienestar aumenta 40.8% para apoyar sus programas asistencialistas con un cometido electorero manejados directamente por el Presidente a través de sus 32 delegados plenipotenciarios.
Promesas incumplidas: bajar el precio de la gasolina, diesel y gas LP, aumentar el salario mínimo y el aumento -contrario a lo que dijo- de gastos en comunicación gubernamental que se eleva en más de un tercio; en materia de igualdad sustantiva se decrece significativamente afectando derechos de mujeres.
La demagogia tendrá sus costos sociales, pero más grave es la sumisión del Poder Legislativo que ha dejado de ser el equilibrio de la Nación para ser simples empleados del Presidente. Cosas veredas.
Defensora de los Derechos Humanos
@angelicadelap
