La primera función de los parlamentos fue la presupuestal en cuanto a los ingresos de que podría disponer el monarca. La evolución institucional les dio también el poder de determinar el gasto, lo cual es de la mayor trascendencia política. En la democracia el diseño de los proyectos políticos tiene varios planos. El más elevado es el ideológico que sienta los principios y valores básicos del régimen. A partir de ellos, los partidos y candidatos presentan programas de acción en los que se precisan los objetivos a alcanzar y, constituido el gobierno, viene la expresión económica del proyecto en los instrumentos presupuestales que abarcan la previsión de ingresos y el presupuesto de egresos en el que se reflejan las prioridades decididas por el poder público.
Su estructuración corresponde al Ejecutivo, que tiene la facultad exclusiva de presentar la iniciativa en tanto que su programa de gobierno obtuvo la aprobación mayoritaria. El presupuesto aprobado deriva de la interrelación entre el Ejecutivo que lo propone y el Legislativo que, recoge de manera estricta la propuesta presidencial o hace las modificaciones que estime adecuadas.
Hay dos maneras igualmente democráticas de construir esta expresión económica de la política. Cada una depende del resultado electoral. Cuando el partido del Presidente tiene mayoría absoluta en el Congreso, su proyecto presupuestal representa el programa que consiguió el apoyo absolutamente mayoritario y es normal que reciba igual respaldo en el Legislativo. He sostenido este punto de vista tanto en mi actividad política como académica por más de 40 años, pues responde a la teoría básica de la democracia que se sustenta en el derecho de la mayoría a gobernar.
Carece de sentido discutir si el Presidente da o no “línea” a los legisladores; la da porque es su obligación constitucional hacerlo, ya que él presenta el proyecto, y si la mayoría de los legisladores fueron electos con el mismo programa de partido, su deber es apoyar integralmente lo propuesto. Nadie debe asombrarse de que los parlamentarios decidieran no mover ni una coma al proyecto presidencial. Es el resultado natural de la mayoría que ejerce un partido cuando dispone de ella. La etapa dorada del Desarrollo Estabilizador contó siempre con presupuestos equilibrados aprobados sin cambios por el Congreso.
El otro modo de construcción presupuestal proviene de un gobierno dividido, con un Presidente sin mayoría en el Congreso quien tiene que hacer concesiones a otros proyectos políticos. Tal modelo tuvo vigencia entre 1997, año en el que el PRI perdió la mayoría absoluta, y 2018 cuando se produjo la abrumadora victoria de Morena.
El método consensuado de elaboración presupuestal busca satisfacer pretensiones de las fuerzas distintas a la que ocupa la Presidencia y de ahí el “mocheo” destinado a atender solicitudes concretas de los legisladores que no necesariamente son producto de un interés ilegítimo o de corrupción, sino del afán de satisfacer demandas de sus distritos para demostrar a sus electores que han hecho algo por ellos, pues en nuestro sistema los ciudadanos esperan de sus representantes soluciones materiales que corresponden a los ejecutivos locales pero los legisladores, para congraciarse con la población y eventualmente aspirar a nuevos cargos, buscan llegar con respuestas de esta índole.
El procedimiento de armonización de tales demandas permitía satisfacer buena parte de esas necesidades planteadas individualmente y se lograba la unanimidad, pero esta no necesariamente es mejor que la mayoría. Ambas fórmulas son democráticas, la primera producto del consenso necesario en tanto la gente no se pronunció claramente por un programa específico; la segunda surge de que el proyecto presentado a la ciudadanía obtuvo una mayoría absoluta y su respaldo legislativo mayoritario tiene plena justificación.
Después de dos décadas del esquema compartido es comprensible la tensión política pues las fuerzas opositoras pierden la ventaja que significaba la negociación, pero en el terreno de la real politik es lógico que la mayoría ejerza su poder decisorio sin conceder las referidas ventajas. Además, ahora que es posible la reelección, la falta de acceso de las fuerzas minoritarias a una especie de ejercicio presupuestal directo a escala local, incrementa las inconformidades. Incluso es probable que en el partido mayoritario se buscaran también estas ventajas las cuales, sin embargo, no tienen el mismo significado en virtud de que la eventual reelección no dependerá solo del apoyo de la comunidad de origen, sino de que el partido vuelva a postular a la misma persona.
La vuelta a un partido mayoritario capaz de apoyar en plenitud el proyecto del Ejecutivo no es de ninguna manera un retroceso democrático, sino el producto mismo de la evolución de la democracia en el país. Corresponderá al pueblo ratificar o rectificar el modelo en las elecciones sucesivas, que para eso sirven.
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