Por: Raúl Rosales Ochoa
Uno de los principales ausentes en las discusiones en el Congreso para aprobar el paquete económico del próximo año es el tema del presupuesto en materia de seguridad. Aunque en términos generales, el Proyecto de Presupuesto 2021 en seguridad aumentó 6.6% respecto a este año, el desglose confirma nuevamente que la apuesta del gobierno federal se encuentra en la militarización del país, al mismo tiempo que se abandona a las policías locales, al sistema penitenciario y a las víctimas.
En dicho proyecto, aumentan los recursos para las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, y reduce los subsidios en seguridad para los estados y los municipios. Para la Secretaría de la Defensa Nacional, el incremento sería de casi el 16%, superando los 112 mil millones de pesos (MDP) y, para la Secretaría de Marina, de 2%, rebasando los 35 mil MDP. Además, la Guardia Nacional, que es una extensión de las Fuerzas Armadas, tiene asignado casi 36 mil MDP, un aumento de 18%, lo que equivale a poco más del presupuesto de la Secretaría de Marina.
Una de las principales fuentes de financiamiento para la seguridad en los estados y municipios son los subsidios del gobierno federal: el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN, fondo general del cual se pueden ocupar recursos para seguridad) y el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG). Contrario a las elevadas cifras de delitos de alto impacto, desde el inicio del actual gobierno, estos subsidios se han reducido año con año, o han registrado incrementos marginales que no permiten fortalecer las capacidades de las policías locales.
Para 2021, se mantiene al FASP en términos reales, mientras que el FORTAMUN se reduce en casi un 5%. Sin embargo, el caso de FORTASEG merece especial atención, pues no aparece etiquetado en el proyecto de presupuesto, lo que significaría que 300 municipios del país dejarían de recibir alrededor de 4 mil MDP. Lo anterior significa que, por primera vez, un gobierno federal define claramente el abandono de las policías locales del país, las cuales ya de por sí reciben magros salarios, pagan de su bolsillo parte de su equipamiento y cuyos derechos laborales no son respetados.
También son graves las reducciones presupuestales para el Sistema Penitenciario Federal, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de casi -1%, -5% y poco más del -13%, respectivamente. Por cierto, cabe recordar que la CNDH no sólo ha sufrido recortes presupuestarios, sino que también perdió su autonomía luego de que el presidente colocara a una titular a modo, dejando a dicho organismo subordinado al Ejecutivo. Resulta inadmisible que, en el actual contexto de violencia, y considerando la debilidad en que se encuentran tanto la CEAV como la CNDH, se insista en su destrucción y, por el contrario, se incrementen los recursos de los fideicomisos al Ejército.
Está claro que el gobierno federal acelera sus definiciones esenciales: militarización extrema, abandono de las policías locales, olvido de víctimas y desprecio por los derechos humanos. Es importante reiterar que la militarización es incompatible con nuestra democracia y no resolverá dicha crisis; que la opción larga, pero viable, es el rescate y fortalecimiento de las policías; que ninguna definición de seguridad funcionará sin una auténtica política social y de prevención; y que la atención a víctimas y la defensa de los derechos humanos no son optativos, sino obligación de cualquier gobierno en el país.
