Sólo a cuenta gotas se presentan medidas para que la economía mexicana resista estos tiempos difíciles. Por ejemplo, extender el plazo para la declaración de impuestos y sólo para personas físicas. Pareciera que importa más salvar un proyecto político que a un país en emergencia sanitaria y económica. Que por encima de ello estuviera la defensa inflexible de una mezcla de ideas inconexas, banderas partidistas, prejuicios y obras que, si antes del Covid-19 eran innecesarias y de dudosa rentabilidad financiera y social, hoy son completamente inoportunas.
Como si blindar en lo posible la economía real –la de millones de personas y cientos de miles de empresas de las que dependen sus ingresos– fuera algo secundario frente al blindaje de una ideología. Así lo confirman los últimos anuncios de políticas públicas para enfrentar la crisis (nos concentramos en el Gobierno Federal, pues las recientes determinaciones de Banco de México tienen sus propias luces y sombras que ameritan un análisis aparte).
Ante la recesión y un deterioro acelerado de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica lo que hay son medidas dispersas. Sin sensibilidad sobre la complejidad del momento ni resiliencia. Sin un llamado a sumar fuerzas para tener una estrategia bien articulada, con respuestas que combinen oportunidad, impacto, viabilidad y corresponsabilidad. El gobierno abiertamente de derecha de Brasil lanzó un plan de estímulo fiscal que equivale al 6.5% de su PIB y en Perú van a inyectar más de 9% del suyo; lo presentado en México no es ni 1% siquiera.
Entre los anuncios de esta semana destaca el decreto que incluye la desaparición de 10 subsecretarías, reducción de sueldos a funcionarios de alto nivel y más freno al gasto público. Cuando en el mundo resurgen las recetas keynesianas y de intervención del Estado, aquí se refuerza la “austeridad republicana”, y con medidas que tienen más posibilidad de tener algún resultado mediático que de lograr algún efecto mínimamente perceptible en la economía.
Dejar sin aguinaldo a servidores públicos puede ser popular para algunas sensibilidades, pero de aporte microscópico a las necesidades de un país que tendrá una contracción de al menos 7% del PIB. Lo mismo aplica, a fin de cuentas, para la promesa de no ejercer 75% de presupuesto disponible de partidas de servicios generales, materiales y suministros. Más aún porque quedan exentos el Aeropuerto de Santa Lucía, la rehabilitación de las seis refinerías existentes y la construcción de la de Dos Bocas y el Tren Maya, entre otros proyectos estandartes del sexenio.
Lo anterior a pesar de que en el primer caso hay un gasto de inversión por duplicado, al tener que cargar con el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, además de la drástica caída del tráfico aéreo.
En el segundo, con el inconveniente de que la refinación pierde dinero en todo el mundo –más en México– y el precio del petróleo ha estado con números en rojo. Paradójicamente se va a subsidiar a Pemex para producir más, cuando su deuda vale 85% de sus activos, dos calificadoras le quitaron el grado de inversión y sus pérdidas en 2019 se acercaron a 2.7% del PIB (comparar con el 0.1% que costaría el programa de 3 millones de créditos de 25 mil pesos, si trasciende lo declarativo).
En el tercer proyecto, a pesar de que el turismo está parado a nivel global y difícilmente tendrá un rápido rebote, ya no hablemos de la inexistencia de un plan de negocios fundamentado y realista de ese tren.
También quedan excluidos los programas sociales emblemáticos, como la pensión para adultos mayores, Sembrando Vida, becas para estudiantes o Jóvenes Construyendo el Futuro. Sin duda, son un alivio para millones de familias. El problema es que en la parte de la sociedad que produce los recursos para financiarlos se perderán empleos y negocios.
Más aún, ¿qué pasaría si muchos de quienes se queden sin sus fuentes de ingreso solicitan ese tipo de apoyos, en lugar de, como hasta ahora, pagar los impuestos con que se cubren?
Para evitar una situación así vale la pena incurrir en deuda, como se está haciendo en todo el mundo, y en ese sentido cabe revisar la página que abrió el Fondo Monetario Internacional para consignar lo que está haciendo cada país, en la cual México es una señalada excepción. (Ver https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19).
Un déficit con esos propósitos es financiera y socialmente rentable, sustentable y pagable. Por ejemplo, para financiar el salario solidario sugerido por la Coparmex y/o la propuesta del Director del Banco de Pagos Internacionales, Agustín Carstens: un programa masivo de créditos para capital de trabajo con aval del gobierno, asimilables a devoluciones tributarias temporales según lo tributado en el ejercicio fiscal del año pasado. Además, los préstamos podrían ser titulizados para colocación en el mercado, vía banco central. Algo así, más algún esquema de apoyo para informales condicionado a que se den de alta ante el SAT, sería un gran respaldo.
Ese es el sentido del llamado a cuidar los empleos y las empresas: ayudar subsidiariamente a esa parte de la economía que es indispensable para sostener al país y en particular al gobierno. Es prioritario en este momento, más que demostrar alguna teoría que vincule soberanía y petróleo o llegar a una meta de producción al respecto.
