Hacia el 2024, el país enfrenta muchos y graves desafíos ante unas elecciones federales y una sucesión en el Ejecutivo Federal que se presentan, desde ahora, en una recta de polarización extrema, con problemas y riesgos económicos y sociales que se complican, más un menosprecio patente de la civilidad política en el ejercicio del poder público. Sin embargo, hay uno que despunta como el más acuciante y trascendente: la prueba, pudiera decirse que existencial, ante la que estará sujeto el Estado democrático de derecho. Ya lo está.
Cuidar al sistema democrático que se construyó a lo largo de muchos años de transición democrática, como eje fundamental de la convivencia y la organización política y social, es crucial siempre, pero más aún en el contexto político actual.
Más allá del desenlace de los comicios, ese sistema, con todas las fallas y áreas de oportunidad que pueda tener, es el único seguro que tenemos para mantener vigente la posibilidad, inherente en una democracia, de poder corregir de rumbo o refrendar el que se sigue en un momento dado en paz, institucionalmente, sin imposición. Es la infraestructura que permite realizar reformas sin ruptura, que da oportunidad al acuerdo y al procesamiento civilizado de las diferencias desde la base del reconocimiento mutuo y la corresponsabilidad en lo fundamental.
Hoy, el país enfrenta dificultades crecientes para conservar niveles mínimos de diálogo político, esencial para la cohesión social y el progreso. Al mismo tiempo, asistimos al regreso del riesgo de crisis sexenal en tres áreas al unísono: política, económica y social. Podemos evitar ese destino, pero es necesario trabajar para ello con responsabilidad y oportunidad en todos los sectores de la sociedad.
Por lo pronto, hay que partir del reconocimiento de que la democracia está bajo estrés por una serie de factores: centralización del poder político, descalificación de la pluralidad partidista y hostigamiento al régimen de división de poderes y pesos y contrapesos de gobierno, pero también contra diversos sectores de la sociedad, lo mismo de la academia, medios de comunicación o iniciativa privada. No sólo se trata del discurso, sino también de medidas administrativas y presupuestales, como se ha visto en contra de organismos constitucionalmente autónomos, como el INE.
El Estado de derecho es algo muy difícil de construir, pero puede debilitarse rápidamente cuando se trasgreden líneas rojas. Esos riesgos se traslucen, por ejemplo, en el intento de pasar un decreto para declarar como de seguridad nacional proyectos gubernamentales a fin de evitar requisitos legales y de transparencia, con la exposición de datos privados y confidenciales de personas, o con amagos y medidas de aplicación retroactiva de la ley.
La apuesta a la polarización política puede reproducir el estancamiento económico y, sobre todo, implica el peligro de fracturar los escasos puentes de conciliación y acuerdo que quedan entre las fuerzas de representación política. ¿Cómo procesar así las diferencias, las coincidencias y las respuestas a los grandes retos de la nación, en un contexto económico y de inseguridad pública que se complica?
A nivel interno, la criminalidad y la violencia sin visos de abatirse, con una delincuencia empoderada. En la economía, el fantasma de la estanflación: parálisis de inversión, principalmente por falta de certidumbre jurídica y de confianza para realizar proyectos productivos, lo cual retiene la generación de empleo y el consumo, y en medio de la mayor inflación en dos décadas.
A nivel Internacional, desaceleración económica global y en Estados Unidos, una posible recesión, como una medicina amarga, pero quizá inevitable para parar su propio proceso inflacionario, en récord de cuatro décadas. Con ello, vienen tasas de interés más altas, con la consiguiente presión para el crédito y la deuda pública.
El gobierno ha seguido ciertas políticas para mantener en relativo equilibrio las finanzas públicas, pero sin capacidad de resolver una precariedad fiscal persistente y riesgos latentes por el bajo crecimiento económico, el escenario de alza en el costo de la deuda y el agotamiento de reservas, fideicomisos y ahorros. Todo ello mientras las presiones de gasto no ceden, ante el costo de obras sin perspectiva de rentabilidad, subsidios a las pérdidas estratosféricas de Pemex y CFE, y ahora, la eliminación del cobro impuestos en las gasolinas.
Ante ese panorama, es inevitable que vuelva el recuerdo de los finales de sexenio con crisis, hasta la de 1994, con la preocupación de un historial de debacles por la tentación de acciones u omisiones para dar prioridad al factor político electoral.
La atención y la presión ciudadana deben elevarse para que no se crucen líneas que pueden llevar a una crisis política y económica. Defender el Estado de derecho y la independencia del Poder Judicial. Impulsar la pluralidad política con proyectos alternativos de nación propositivos, incluyentes y atractivos, junto con una organización sólida para restablecer equilibrios en la arena partidista. Cuidar al INE, tanto como a la autonomía del Banco de México. Alerta contra otras regresiones económicas, como la contrarreforma eléctrica.
Más allá de las diferencias políticas existentes, México puede y debe estar unido en lo esencial: lo que compartimos y lo que, con realismo, nos conviene a todos.
