La incidencia delictiva aumentó con las crisis económicas. La inflación, la ausencia de empleos y la corrupción incentivaron a un sector de la población a delinquir y esta tendencia no solo se ha agravado, sino que además los delitos ahora se cometen con tremenda brutalidad. La violencia que afecta al país entró en una espiral que todavía hoy sigue girando.
El agente del ministerio público y la policía habían mantenido una relación estable y supra-subordinación con la delincuencia hasta los años ochenta, es decir, de cierta manera el delito se podía corregir cuando el poder del Estado se ejercía. Sin embargo, la espiral de violencia que ha azotado al país desde inicios de los años ochenta tomó por sorpresa a las instituciones de procuración de justicia que no han logrado controlar la situación y que, en ocasiones, han sido vencidas por la colusión. La debilidad de las procuradurías del país contrasta con las reformas que México ha sostenido para resguardar la democracia, la economía, la transparencia y la administración de justicia. Sin duda, la procuración de justicia es el ámbito más reticente para el cambio.
Las víctimas del delito empezaron con el problema de pagar abogado. El MP les había fallado y para remediar esto, necesitaban un especialista. Mientras tanto, el MP podía regañar al abogado de la víctima o aventarle la responsabilidad (“¡Uy, me hubiera exhibido esas pruebas antes Lic.!”). Ante este panorama, las víctimas comenzaron a mostrar inconformidad con los ministerios públicos y la policía. Las instituciones empezaron a ceder terreno en la investigación del delito y en los tribunales a las propias víctimas hasta llegar a una situación compleja: en vez de restructurar la institución del ministerio público, se decidió abrir camino para que las víctimas hicieran el trabajo de éste. Era casi imposible que las víctimas rechazaran estos derechos, los cuales, con el tiempo, se formalizaron con la Ley de Víctimas, la cual equipara los derechos de las víctimas con los del imputado. El Estado le había trasladado a los afectados la responsabilidad de acudir a los tribunales, con el riesgo de que en los tribunales las víctimas y el MP se confrontaran, lo cual pone al juez en un verdadero predicamento.
En 30 años se han encontrado subsidios, leyes y desplazamiento de responsabilidades para no reformar las instituciones de procuración de justicia. En el año 2014 se estableció, a través de una reforma constitucional, la creación de fiscalías autónomas y dos fiscalías especializadas. Toda la atención se ha centrado en quiénes serán los titulares y no en el personal del día a día. Sin embargo, cuando un ciudadano levanta una denuncia, no lo atiende el procurador o el fiscal general, lo atiende un policía o un ministerio público común.
La reforma constitucional de 2008 estableció un proceso penal digno de una democracia que, a pesar de sus beneficios potenciales, ha generado enemigos inmediatos: los gobernadores no están contentos porque sus fiscales no dan el ancho en juicio, pero esto no es un problema de ocho años, sino de varias décadas. Los gobernadores piden una nueva reforma que dé más facultades al MP y más oportunidades para meter gente a la cárcel. La misma historia: todo menos entrarle a reformar las procuradurías y policías del país. El CIDE, el IIJ-UNAM y el Inacipe han presentado algunas ideas al respecto, esperemos que pronto encontremos la forma de reconstruir las entrañas de estas instituciones.
@jangulonobara
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