México enfrenta escenarios complicados en el corto y mediano plazo sobre la disponibilidad de agua para una creciente población urbana, las necesidades de seguridad alimentaria y energética, y el agua suficiente para los ecosistemas. Todo esto ante el agotamiento y contaminación de sus fuentes de abastecimiento.
Por ello, las decisiones que se tomen sobre la política pública y regulación del agua en el país tendrán efectos importantes a largo plazo en la seguridad hídrica, la conservación de los ecosistemas y el desarrollo económico y social de sus habitantes.
De conformidad con datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el horizonte de agotamiento de los recursos hídricos en el país se manifiesta en el hecho de que de los 653 acuíferos, 106 se encuentran sobreexplotados), principalmente ubicados cerca de los grandes centros urbanos, y 8 de las 13 regiones hidrológicas del país sufren de estrés hídrico, siendo el Valle de México la región más afectada. Asimismo, la disponibilidad natural media anual de agua per cápita ha ido disminuyendo de manera sostenida en las últimas décadas.
La propia CONAGUA señala que en el país aproximadamente 10 millones de personas no tienen acceso a agua, y muchos de los que tienen este servicio, desconocen su calidad o no lo reciben de manera continua. Por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estima que sólo el 53.6% de la población tiene acceso diario al agua en su vivienda, y el INEGI estima que por la falta de acceso al agua, 1 de cada 3 personas deben acarrearla a sus hogares, principalmente mujeres y niños.
Igualmente, existe una distribución desigual del recurso en diversas regiones, donde dos terceras partes de la población del país vive en zonas donde hay menos agua, y existe una creciente contaminación de nuestras fuentes de agua debido a descargas de aguas no tratadas adecuadamente con pocos porcentajes de reúso.
Como ejemplo de algunos casos locales, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México indica que la falta de continuidad del servicio a los habitantes se traduce en que 26% de la población no recibe cantidad suficiente de agua, 15% no cuenta con servicio diario y 1.8 millones de personas se surten con tandeo.
A todo ello habrá que sumar los efectos del cambio climático en los recursos hídricos, que afectan su calidad y cantidad, en la medida que afectan el ciclo hidrológico y, cada año, se incrementa la intensidad y duración de las lluvias con afectaciones importantes a la infraestructura y patrimonios públicos, privados y de los ciudadanos.
Es ante este contexto tan complejo, que se está llevando a cabo un proceso relevante de consulta por parte de la CONAGUA para la construcción de los programas hídricos regionales de cada una de las 13 regiones hidrológico-administrativas en el país.
Es evidente que la planeación de la política pública hídrica debe considerar que la gestión de los recursos hídricos requiere una visión de largo plazo soportada en el mejor conocimiento técnico y científico disponible y esquemas innovadores.
Pero también es evidente que este proceso requiere la participación de todos los sectores, usuarios y especialistas, con múltiples perspectivas, visiones y disciplinas, en complemento a las que tradicionalmente forman parte de ellas.
La naturaleza transversal y multidisciplinaria del agua, así como sus efectos en múltiples sectores, sumada al hecho que cada región tiene necesidades y realidades distintas, ameritan un proceso de planeación amplio, plural y participativo.
El reto en cuestión demanda el impulso de nuevos modelos de gestión con visión de cuenca y metropolitana, herramientas adecuadas de financiamiento y acciones innovadoras, como las soluciones basadas en la naturaleza que contribuyan al balance hídrico de las cuencas y a proteger las fuentes de agua, así como esquemas descentralizados a nivel urbano y de economía circular, complementado políticas adecuadas de prevención y gestión de riesgos y estructuras eficientes de gobernanza y participación social.
Sin ello, difícilmente transitaremos a un futuro con seguridad hídrica para todos los habitantes del país. En muchos sentidos, el desarrollo social y económico, y la preservación de los ecosistemas de las distintas regiones del país, dependen de ello.
