/ martes 19 de septiembre de 2023

Programas sociales y elecciones

@ManuGuadarrama*

Se presentó el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024. Para el siguiente año se plantea un gasto histórico de 3.76 billones de pesos en materia de desarrollo social. Esto significa que 41% del gasto total iría destinado al otorgamiento de planes, acciones, proyectos, prestaciones económicas y sociales enfocados a la provisión de servicios y transferencias a personas y familias. Sin duda una buena noticia, el problema está en la otra cara de la moneda, ¿de dónde saldrán esos recursos?

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé ingresos ordinarios –sin incluir ingresos derivados de financiamiento– por un monto de 7.33 billones de pesos. Es decir, un monto menor (-1.8% en términos reales) que lo que se espera para el cierre de 2023. La diferencia se cubrirá con los ingresos extraordinarios -deuda pública- por un monto estimado de 1.74 billones de pesos. Más allá del discurso oficial, sería el monto de endeudamiento más alto del Gobierno Federal de las últimas décadas.

Que 19% del gasto para el siguiente año se tenga que cubrir a través de la contratación de deuda pública es un indicativo de que el Gobierno Federal no es capaz de cubrir sus gastos. Si bien México no tiene un problema de endeudamiento, la sostenibilidad de las finanzas públicas se puede ver comprometida en los siguientes años. Una mala práctica que administraciones pasadas realizaron fue la subestimación de los ingresos. Al establecer que se recibirían menos ingresos, la SHCP pudo manejar de forma discrecional los ingresos excedentes. Ahora, la SHCP pasó al otro extremo. A pesar de contemplar que en este y el siguiente año haya menos recursos de los que se estimaron originalmente, el Gobierno Federal aumentaría 4.3% real su gasto para 2024.

Sobreestimar los ingresos no sería un problema si se contaran con las herramientas financieras para hacer frente a tiempos de vacas flacas. Sin embargo, en cinco años, esta administración consistentemente ha consumido y extinguido el patrimonio público. Se decretó la extinción de fideicomisos, se aplicaron recortes por la austeridad republicana y se disminuyeron los fondos de reserva. Por ejemplo, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) pasó de contar con 279 mil 770 millones de pesos en 2018 a 38 mil 337 millones de pesos al segundo trimestre de 2023.

La sorpresa en esta ocasión es que el Paquete Económico no incluyó una miscelánea fiscal que ajustara la forma en la que el Gobierno recauda y cobra impuestos. Esta decisión implica que no habrá nuevas fuentes de ingresos ni una nueva estrategia para depender menos de la deuda. A pesar de ello, se prevé que la Secretaría del Bienestar cuente en 2024 con 544 mil mdp (más de medio billón de pesos, que representa un aumento de 25.2% real). De este presupuesto, tan solo el Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores abarcaría 85.5% de los recursos.

Actualmente, las personas beneficiarias de este programa reciben $4,800 pesos de forma bimestral. Para 2024, el apoyo se incrementará a 6 mil pesos bimestrales. Con este ritmo de gasto y sin una mayor recaudación, las finanzas públicas estarán más presionadas cada año. A este contexto, hay que agregarle que en 2024 se elegirán cerca de 20 mil cargos públicos.

El riesgo de contar con programas sociales clientelares no es nuevo. Sin embargo, sorprende que a estas alturas el blindaje electoral sea una mera fantasía. Por ejemplo, para operar y ejecutar los recursos públicos de programas sociales, la Secretaría del Bienestar es la que emite sus propias reglas para prevenir que el uso y manejo de los programas sociales se vea relacionado con fines partidistas y/o político-electorales. Sin duda, 2024 será un año en donde la política regirá la agenda pública, pateando la bolita sobre cómo hacer para generar mayores ingresos públicos. Gane quien gane, en 2025 llegará la cuenta y habrá que hacer ajustes dolorosos pero necesarios.


*Manuel Guadarrama es Coordinador de Gobierno y finanzas del IMCO. Las opiniones expresadas en esta columna son personales y no reflejan la postura institucional.


@ManuGuadarrama*

Se presentó el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024. Para el siguiente año se plantea un gasto histórico de 3.76 billones de pesos en materia de desarrollo social. Esto significa que 41% del gasto total iría destinado al otorgamiento de planes, acciones, proyectos, prestaciones económicas y sociales enfocados a la provisión de servicios y transferencias a personas y familias. Sin duda una buena noticia, el problema está en la otra cara de la moneda, ¿de dónde saldrán esos recursos?

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé ingresos ordinarios –sin incluir ingresos derivados de financiamiento– por un monto de 7.33 billones de pesos. Es decir, un monto menor (-1.8% en términos reales) que lo que se espera para el cierre de 2023. La diferencia se cubrirá con los ingresos extraordinarios -deuda pública- por un monto estimado de 1.74 billones de pesos. Más allá del discurso oficial, sería el monto de endeudamiento más alto del Gobierno Federal de las últimas décadas.

Que 19% del gasto para el siguiente año se tenga que cubrir a través de la contratación de deuda pública es un indicativo de que el Gobierno Federal no es capaz de cubrir sus gastos. Si bien México no tiene un problema de endeudamiento, la sostenibilidad de las finanzas públicas se puede ver comprometida en los siguientes años. Una mala práctica que administraciones pasadas realizaron fue la subestimación de los ingresos. Al establecer que se recibirían menos ingresos, la SHCP pudo manejar de forma discrecional los ingresos excedentes. Ahora, la SHCP pasó al otro extremo. A pesar de contemplar que en este y el siguiente año haya menos recursos de los que se estimaron originalmente, el Gobierno Federal aumentaría 4.3% real su gasto para 2024.

Sobreestimar los ingresos no sería un problema si se contaran con las herramientas financieras para hacer frente a tiempos de vacas flacas. Sin embargo, en cinco años, esta administración consistentemente ha consumido y extinguido el patrimonio público. Se decretó la extinción de fideicomisos, se aplicaron recortes por la austeridad republicana y se disminuyeron los fondos de reserva. Por ejemplo, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) pasó de contar con 279 mil 770 millones de pesos en 2018 a 38 mil 337 millones de pesos al segundo trimestre de 2023.

La sorpresa en esta ocasión es que el Paquete Económico no incluyó una miscelánea fiscal que ajustara la forma en la que el Gobierno recauda y cobra impuestos. Esta decisión implica que no habrá nuevas fuentes de ingresos ni una nueva estrategia para depender menos de la deuda. A pesar de ello, se prevé que la Secretaría del Bienestar cuente en 2024 con 544 mil mdp (más de medio billón de pesos, que representa un aumento de 25.2% real). De este presupuesto, tan solo el Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores abarcaría 85.5% de los recursos.

Actualmente, las personas beneficiarias de este programa reciben $4,800 pesos de forma bimestral. Para 2024, el apoyo se incrementará a 6 mil pesos bimestrales. Con este ritmo de gasto y sin una mayor recaudación, las finanzas públicas estarán más presionadas cada año. A este contexto, hay que agregarle que en 2024 se elegirán cerca de 20 mil cargos públicos.

El riesgo de contar con programas sociales clientelares no es nuevo. Sin embargo, sorprende que a estas alturas el blindaje electoral sea una mera fantasía. Por ejemplo, para operar y ejecutar los recursos públicos de programas sociales, la Secretaría del Bienestar es la que emite sus propias reglas para prevenir que el uso y manejo de los programas sociales se vea relacionado con fines partidistas y/o político-electorales. Sin duda, 2024 será un año en donde la política regirá la agenda pública, pateando la bolita sobre cómo hacer para generar mayores ingresos públicos. Gane quien gane, en 2025 llegará la cuenta y habrá que hacer ajustes dolorosos pero necesarios.


*Manuel Guadarrama es Coordinador de Gobierno y finanzas del IMCO. Las opiniones expresadas en esta columna son personales y no reflejan la postura institucional.