Los terremotos que causaron graves daños materiales, centenares de heridos y hasta el momento más de 350 muertos, cimbrándonos hasta los cimientos en los pasados días 7 y 19 de septiembre, han llevado a un muy necesario replanteamiento de la realidad nacional, que incluye la forma en que se hacen campañas políticas, lo que hoy reclama más principios e ideas, porque nuestro país ya no está en condiciones de seguir teniendo una de las democracias más caras del mundo.
El clamor de la sociedad respecto a las grandes sumas destinadas a los partidos políticos, especialmente en tiempos de elecciones, ha ido en el concreto sentido de establecer prioridades y destinar el dinero público a los rubros en que más se le necesita, por ejemplo la reconstrucción tras los sismos y no a campañas políticas que despilfarren los recursos en spots de radio y televisión, anuncios espectaculares y toda suerte de pendones y mítines espectaculares por todo el país.
Finalmente, electores responsables como los mexicanos, ejerciendo sus derechos democráticos en el 2018 para elegir Presidente de la República, diputados federales y senadores, en el contexto federal, así como alcaldes y gobernadores en los órdenes municipales y estatales, ahora más que nunca, no determinarán el sentido de su voto por los populares grupos que se inviten a tocar en los mítines políticos o por aquellos que más spots en medios o anuncios espectaculares tengan, lo harán por ideas y principios con los que se haga frente a los grandes retos que México enfrenta, de lo que finalmente depende verdaderamente el bienestar y calidad de vida de la población.
Frente a una presión creciente por parte de la ciudadanía para que los partidos dispongan de menores recursos y el dinero público que se les daba en exceso se utilice para la atención a damnificados por los sismos y para la reconstrucción, los partidos políticos hicieron toda clase de ofrecimientos al respecto, casi siempre con la intención de no cumplir.
Es por lo citado que el partido Morena llegó a ofrecer el 50 por ciento de las aportaciones que recibe del erario, pero ante la exigencia de que cumplieran, hablaron de su desconfianza de la Tesorería de la Federación, por lo que plantearon el ilegal escenario de que abrirían un fideicomiso que fuera operado por periodistas e intelectuales de la confianza de quien opera como dueño de ese partido, Andrés Manuel López Obrador, para ellos hacer entrega de los recursos, es decir, destinarlos a clientelas electorales. El escenario es ilegal, porque el dinero público no es para gastarlo a placer, sino a los fines que se le han determinado, por lo que otro uso constituye una desviación.
Por su parte el Frente Amplio, formado por el PAN, PRD y MC, planteó también la cesión de sus prerrogativas, pero condicionadas al cumplimiento de una serie de iniciativas de ley que presentarían para la austeridad del gobierno. Lo que no saben o fingieron no saber porque los dirigentes de los tres partidos tienen experiencia legislativa, es que no se pueden presentar iniciativas de ley a menos de 90 días de un proceso electoral, como el actual que ya inició.
El caso del PRI fue otra cosa, ya que el Revolucionario Institucional, comenzó por renunciar al 25 por ciento de sus recursos del 2017, solicitando ya al INE que no se le entreguen, planteando además Reformas Constitucionales (que sí son legalmente viables) entre las que se busca retirar el 100 por ciento de los recursos públicos a los partidos políticos y eliminar los legisladores plurinominales, algo que todos los demás partidos rechazaron de entrada. Finalmente el único partido que renunció a prerrogativas fue el PRI, mientras el Frente Amplio y Morena, no solo no cumplen, además muestran cada vez menor vocación democrática.
Senadora por el PRI
yolandadelatorre@senado.gob.mx
YolandaDeLaTorreV
@Yoladelatorre
