/ jueves 24 de mayo de 2018

Propuestas sin sustancia real

En estas semanas hemos visto cómo se han configurado los escenarios del país y del ambiente internacional, simplemente materializando las amenazas previstas a principios de año. En ese momento, las previsiones sobre el combate a la inflación, la incertidumbre de los mercados, las políticas neopopulistas en países desarrollados, el aumento de las tasas de interés en EEUU -a pesar de haber sido previstas- son un verdadero campanazo a los indicadores y combustible para la volatilidad y la incertidumbre.

También se planteó a principios de año, la influencia del proceso electoral en el desempeño económico y como factor de incertidumbre y volatilidad. Sin negar que hay una influencia determinante en el ánimo económico y el las expectativas de inversión por el proceso electoral mexicano, lo cierto es que la economía va bien a pesar de todos los elementos de perturbación.

Los candidatos han señalado claramente que la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria pero no suficiente para un desarrollo competitivo con inclusión. Con diferentes matices, las propuestas de los candidatos están en línea con lo políticamente correcto.

Aquí me gustaría detenerme en la reflexión sobre el fomento empresarial y las políticas públicas que han propuesto los candidatos para integrar cadenas productivas, fomentar la internacionalización de las PYMES, mejorar el marco regulatorio, ampliar el acceso al financiamiento y, sobre todo, relanzar la innovación como eje del desarrollo económico con inclusión, donde emprendedores y PYMES son la gran esperanza económica para México.

Ciertamente no se alcanzan a visualizar las diferencias de fondo, ni los medios de implementación. De hecho, los candidatos no han llegado a nivel de propuesta real, sino de enunciados que respaldan las instituciones y las políticas públicas globalizadas que inciden en marco de certidumbre macroeconómica.

Por supuesto, no es una propuesta sólida y clara, afirmar que se defenderá el Estado de derecho, o el libre comercio y los tratados comerciales, refrendar la estabilidad macroeconómica y la autonomía del Banco de México para combatir la inflación. Sencillamente, los órganos constitucionales autónomos eso son, autónomos y cualquier variación en su marco legal implica sendas propuestas y discusiones en el poder legislativo, así que estas afirmaciones pueden ser para acallar las dudas y perspicacias que pudieran dar un golpe de timón al modelo económico actual.

En este espacio insistimos que es, en los medios de implementación de las políticas públicas, donde se encontrarán las diferencias de fondo de los candidatos en materia de política industrial, ya que todos los candidatos respaldan la inversión privada como medio para alcanzar mejores niveles de desarrollo y reorientar la inversión pública a enfoques de mayor alcance y evaluación de costo-beneficio social.

La convergencia más notable entre los candidatos es el tema de la integración productiva, es decir, cómo aumentar el contenido nacional de nuestras exportaciones. Hoy 4 pesos de cada 10 pesos que exportamos son de origen nacional y varía de rama industrial en rama industrial, donde en paralelo, sólo el 28 % del PIB se otorga en financiamiento al sector privado y el restante es financiamiento provisto por los proveedores. Esta es una deficiencia estructural y no parece que la Reforma Financiera haya cambiado de raíz este bajo margen de intermediación, el bajo nivel de bancarización de la sociedad mexicana y el énfasis a financiar el consumo en condiciones de mercado francamente leoninas.

Otro aspecto, del que no se ha tomado nota de manera formal y seria, es cómo usar el poder de compra del Estado para apuntalar la base empresarial y fomentar el crecimiento de las PYMES. Este tema es controversial en el TLCAN 2.0, ya que las políticas públicas de compras de gobierno de Canadá y EEUU no son una simulación como sucede en nuestro país, sino que realmente se mantienen RESERVAS DE MERCADO de compras públicas para PYMES y minorías, las cuales son superiores al 30%, además de contar con sistemas de apoyo reales para acceder a las licitaciones en un primer momento, pero una vez ganada la licitación se activan otros mecanismos, tanto financieros como técnicos.

Por un lado, los programas de compras de gobierno de EEUU y Canadá apuntalan la asesoría jurídica para el cumplimiento de las condiciones contractuales, garantizando un acompañamiento institucional durante toda la vida del contrato que suelen ser tres años en promedio. También el contrato se acompaña de una garantía adecuada para el financiamiento requerido para el cumplimento del contrato, no sólo el contrato es garantía, sino que la banca de desarrollo la pone para garantizar un crédito focalizado para cada proyecto por aparte de la banca comercial que tiene productos adecuados para este tipo de acciones de política pública.

Otro elemento fundamental, es que en esos países no existe la posibilidad de impagos de los gobiernos producto del voluntarismo o la corrupción. También los centros de apoyo a las PYMES acompañan a la empresaria o industrial con asesoría y capacitación durante toda la vida del contrato para dos cosas fundamentales, la primera para controlar el crecimiento de la PYME con un proyecto que la puede “matar” y por otro lado, la mejora de todos los procesos de la empresa para garantizar la calidad estipulada en el contrato, para simplificar operaciones, reducir costos y lograr la diversificación de la PYME para que no dependa, ni de las compras gubernamentales, ni de un sólo proyecto.

Lo lamentable es que estas políticas llevan implantadas más de 30 años en nuestros socios comerciales y las políticas que contamos en México se basan en la simulación, en los eventos y en servicios genéricos que no llegan, ni a mejorar la productividad, ni a detonar la innovación de las PYMES involucradas, las cuales adquieren un alto riesgo de participar en este tipo de operaciones. Es por ello que, cuando en las negociaciones del TLCAN se busca avanzar en las compras públicas de los tres niveles de gobierno y otras agencias gubernamentales, lo que vemos es un gran desconocimiento en México de este potencial y de sus apoyos especializados con la reiterada negativa del gobierno mexicano de propiciar estas reservas.

Para ello, habría que modificar la Ley de Fiscalización y Responsabilidad Hacendaria que mandata consolidar todas las compras derivadas del Presupuesto de Egresas de la Federación, y aquí sí, NINGÚN candidato llega a contar con verdaderas propuestas y sus medios de implementación, y para muestra, basta un botón, tema que curiosamente está atorado en las negociaciones del TLCAN por nuestra cerrazón histórica de diseñar, instrumentar y evaluar una política industrial para el Siglo XXI.

En estas semanas hemos visto cómo se han configurado los escenarios del país y del ambiente internacional, simplemente materializando las amenazas previstas a principios de año. En ese momento, las previsiones sobre el combate a la inflación, la incertidumbre de los mercados, las políticas neopopulistas en países desarrollados, el aumento de las tasas de interés en EEUU -a pesar de haber sido previstas- son un verdadero campanazo a los indicadores y combustible para la volatilidad y la incertidumbre.

También se planteó a principios de año, la influencia del proceso electoral en el desempeño económico y como factor de incertidumbre y volatilidad. Sin negar que hay una influencia determinante en el ánimo económico y el las expectativas de inversión por el proceso electoral mexicano, lo cierto es que la economía va bien a pesar de todos los elementos de perturbación.

Los candidatos han señalado claramente que la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria pero no suficiente para un desarrollo competitivo con inclusión. Con diferentes matices, las propuestas de los candidatos están en línea con lo políticamente correcto.

Aquí me gustaría detenerme en la reflexión sobre el fomento empresarial y las políticas públicas que han propuesto los candidatos para integrar cadenas productivas, fomentar la internacionalización de las PYMES, mejorar el marco regulatorio, ampliar el acceso al financiamiento y, sobre todo, relanzar la innovación como eje del desarrollo económico con inclusión, donde emprendedores y PYMES son la gran esperanza económica para México.

Ciertamente no se alcanzan a visualizar las diferencias de fondo, ni los medios de implementación. De hecho, los candidatos no han llegado a nivel de propuesta real, sino de enunciados que respaldan las instituciones y las políticas públicas globalizadas que inciden en marco de certidumbre macroeconómica.

Por supuesto, no es una propuesta sólida y clara, afirmar que se defenderá el Estado de derecho, o el libre comercio y los tratados comerciales, refrendar la estabilidad macroeconómica y la autonomía del Banco de México para combatir la inflación. Sencillamente, los órganos constitucionales autónomos eso son, autónomos y cualquier variación en su marco legal implica sendas propuestas y discusiones en el poder legislativo, así que estas afirmaciones pueden ser para acallar las dudas y perspicacias que pudieran dar un golpe de timón al modelo económico actual.

En este espacio insistimos que es, en los medios de implementación de las políticas públicas, donde se encontrarán las diferencias de fondo de los candidatos en materia de política industrial, ya que todos los candidatos respaldan la inversión privada como medio para alcanzar mejores niveles de desarrollo y reorientar la inversión pública a enfoques de mayor alcance y evaluación de costo-beneficio social.

La convergencia más notable entre los candidatos es el tema de la integración productiva, es decir, cómo aumentar el contenido nacional de nuestras exportaciones. Hoy 4 pesos de cada 10 pesos que exportamos son de origen nacional y varía de rama industrial en rama industrial, donde en paralelo, sólo el 28 % del PIB se otorga en financiamiento al sector privado y el restante es financiamiento provisto por los proveedores. Esta es una deficiencia estructural y no parece que la Reforma Financiera haya cambiado de raíz este bajo margen de intermediación, el bajo nivel de bancarización de la sociedad mexicana y el énfasis a financiar el consumo en condiciones de mercado francamente leoninas.

Otro aspecto, del que no se ha tomado nota de manera formal y seria, es cómo usar el poder de compra del Estado para apuntalar la base empresarial y fomentar el crecimiento de las PYMES. Este tema es controversial en el TLCAN 2.0, ya que las políticas públicas de compras de gobierno de Canadá y EEUU no son una simulación como sucede en nuestro país, sino que realmente se mantienen RESERVAS DE MERCADO de compras públicas para PYMES y minorías, las cuales son superiores al 30%, además de contar con sistemas de apoyo reales para acceder a las licitaciones en un primer momento, pero una vez ganada la licitación se activan otros mecanismos, tanto financieros como técnicos.

Por un lado, los programas de compras de gobierno de EEUU y Canadá apuntalan la asesoría jurídica para el cumplimiento de las condiciones contractuales, garantizando un acompañamiento institucional durante toda la vida del contrato que suelen ser tres años en promedio. También el contrato se acompaña de una garantía adecuada para el financiamiento requerido para el cumplimento del contrato, no sólo el contrato es garantía, sino que la banca de desarrollo la pone para garantizar un crédito focalizado para cada proyecto por aparte de la banca comercial que tiene productos adecuados para este tipo de acciones de política pública.

Otro elemento fundamental, es que en esos países no existe la posibilidad de impagos de los gobiernos producto del voluntarismo o la corrupción. También los centros de apoyo a las PYMES acompañan a la empresaria o industrial con asesoría y capacitación durante toda la vida del contrato para dos cosas fundamentales, la primera para controlar el crecimiento de la PYME con un proyecto que la puede “matar” y por otro lado, la mejora de todos los procesos de la empresa para garantizar la calidad estipulada en el contrato, para simplificar operaciones, reducir costos y lograr la diversificación de la PYME para que no dependa, ni de las compras gubernamentales, ni de un sólo proyecto.

Lo lamentable es que estas políticas llevan implantadas más de 30 años en nuestros socios comerciales y las políticas que contamos en México se basan en la simulación, en los eventos y en servicios genéricos que no llegan, ni a mejorar la productividad, ni a detonar la innovación de las PYMES involucradas, las cuales adquieren un alto riesgo de participar en este tipo de operaciones. Es por ello que, cuando en las negociaciones del TLCAN se busca avanzar en las compras públicas de los tres niveles de gobierno y otras agencias gubernamentales, lo que vemos es un gran desconocimiento en México de este potencial y de sus apoyos especializados con la reiterada negativa del gobierno mexicano de propiciar estas reservas.

Para ello, habría que modificar la Ley de Fiscalización y Responsabilidad Hacendaria que mandata consolidar todas las compras derivadas del Presupuesto de Egresas de la Federación, y aquí sí, NINGÚN candidato llega a contar con verdaderas propuestas y sus medios de implementación, y para muestra, basta un botón, tema que curiosamente está atorado en las negociaciones del TLCAN por nuestra cerrazón histórica de diseñar, instrumentar y evaluar una política industrial para el Siglo XXI.

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