Por la libertad de expresión sabemos con mayor precisión de las acciones de los gobiernos. Ante las notas falsas, hay un antídoto: la información oportuna, puntual y transparente inscrita en la rendición de cuentas y en el Gobierno Abierto que significa que la sociedad civil no sólo exige información, se adentra a su revisión y verificación, participa en la toma de decisiones a partir del mejor interés público.
Quienes son gobiernos deben cumplir con las leyes de transparencia y licitación de las obras públicas. No gastan “sus” recursos; lo que usan es dinero de todos y obligadamente lo deben informar con peras y manzanas. Y en tiempos de crisis sanitaria por el COVID19 la revisión de los gastos del erario público es indispensable porque se deben tomar las mejores y extraordinarias decisiones. Por eso es injustificado que el gobierno lopezobradorista siga empeñado en construir sus magnas obras que no son indispensables hoy, en lugar de atender la crisis económica que deriva de la pandemia.
En algunos sectores se analiza si procede la separación de una entidad federativa del pacto federal, eso exigía el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y hoy ya no se ve como un contrasentido, es una alternativa frente al endurecimiento de la autoridad federal contra un territorio. Por la libertad de expresión se debe exigir una seria discusión sobre el pacto fiscal y las nuevas reglas de trato hacia las entidades federativas y municipios. Desde la libertad de expresión se exige a la Cámara de Diputados discuta la revisión del Presupuesto que ha colapsado por la pandemia para que atienda de manera debida la pandemia y la crisis económica que está dejando personas desempleadas y la pérdida de inversiones de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Sabemos que esto acontece porque alguien lo investiga, revisa, escribe, publicita, difunde, informa y se pide cuentas. Es el ejercicio de un derecho fundamental. Por esto, es muy peligroso vilipendiar a periodistas y medios de comunicación con nombre y apellido desde el podium que representa la investidura de la Presidencia de la República.
División de poderes y Libertad de Expresión están intrínsecamente relacionados en una democracia porque el segundo constituye un contrapeso a la poderosa figura presidencial que con López Obrador vuelve a tener poderes metaconstitucionales recordando a Jorge Carpizo: controla el Congreso de la Unión, poder judicial, constriñe a los organismos autónomos.
Hoy vuelve a ser fundamental exigir la división de poderes y respeto a la soberanía entre los órdenes de gobierno frente a un poder presidencial que ejerce el poder sin recato alguno y la libertad de expresión es un derecho que le resulta sumamente incómodo: en momentos de crisis, puede desatar otra crisis.
El artículo 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, la democracia no es concebible sin debate libre. Sus límites están inscritos en la Constitución y de ninguna manera se justifica los ataques que desde Palacio Nacional dirige el Presidente en contra de quienes no son paleros de la información oficial. La prohibición del pensamiento y de la crítica es una violación a los derechos humanos civiles.
