Desde el 13 de junio pasado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) lleva a cabo una serie de manifestaciones, por tiempo indefinido y en diferentes partes del país, en contra de la política neoliberal que prevalece en la nación sudamericana.
Estas movilizaciones indígenas no han sido un hecho espontáneo, sino que tienen sus antecedentes inmediatos en los años 1997, 2000 y 2005. Durante esas fechas, el movimiento tuvo una influencia determinante en la caída de tres presidentes: Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez, respectivamente. Las causas de estas remociones no son muy diferentes de las que hoy denuncian y combaten la misma CONAIE y su presidente, Leónidas Iza: congelamiento del salario mínimo, aumento del precio de los combustibles y apertura al capital privado en los sectores petrolero y eléctrico, entre otros.
Asimismo, pero en 2019, el expresidente Lenín Moreno enfrentó protestas de la CONAIE, las cuales consiguieron echar atrás —en aquel momento— la decisión de quitar los subsidios gubernamentales a los combustibles.
Actualmente, y desde mayo de 2021, mes en que asumió la presidencia del Ecuador Guillermo Lasso, se han realizado diversas reuniones entre el Ejecutivo y la CONAIE para escuchar y atender las demandas indígenas. Sin embargo, ante la falta de acuerdos concretos, la Confederación decidió convocar a las protestas ya señaladas.
Frente a ellas y ante el bloqueo de diversas vialidades del país, así como enfrentamientos con la Policía, el presidente Lasso decidió decretar por 30 días, en la noche del 17 de junio, el estado de excepción en las provincias de Pichincha, Imbabura y Cotopaxi. Posteriormente, derogó ese primer decreto y firmó uno nuevo, agregando tres provincias (Chimborazo, Pastaza y Tungurahua) a las ya señaladas.
El primer mandatario anunció también que se aumentará de 50 a 55 dólares un bono para las personas en situación de pobreza, se subsidiará un 50 por ciento del precio de la urea para pequeños y medianos productores, y se condonarán los créditos vencidos de hasta tres mil dólares del banco estatal Banecuador. A ello, Leónidas Iza respondió que “Los temas de fondo (…) usted no pretende, en este caso, resolverlos”, y agregó: “Saludamos los puntos en que se avanza. Aunque sean irrisorios, en algo ayudarán a los sectores más necesitados”.
Diez son las demandas principales de la CONAIE, entre ellas, reducción y congelamiento de los precios del combustible; revisión de los proyectos extractivistas (mineros); presupuesto digno para el sector salud; políticas de control de precios y de la especulación en el mercado de los productos básicos.
Sin duda, la subida de los precios de los combustibles ha sido el punto de mayor desencuentro entre la CONAIE y el Gobierno ecuatoriano, incluidas las administraciones de los presidentes ya referidos.
A pesar de que el primer mandatario Lasso suspendió en octubre de 2021 el incremento mensual de los costos de los carburantes, vigente desde 2020, también fijó el precio de éstos al alza. Esto significa que aumentó y congeló los precios del galón de diésel en 1.90 dólares y del litro de gasolina en 2.55. Lo que solicita la CONAIE es que disminuya el costo de ambos y los fije en 1.50 y 2.10 dólares, respectivamente.
En México, por ejemplo, el precio de las gasolinas y el diésel se mantiene sin aumentos por encima de la inflación. Además, el presidente López Obrador ha declarado el fin del neoliberalismo, el cual ha sido combatido no sólo por las corrientes progresistas de nuestro país, sino por una parte de la población indígena, particularmente chiapaneca, desde 1994. El aporte y la determinación de nuestros pueblos originarios en la lucha contra la pobreza, la marginación y la desigualdad han sido invaluables.
En el caso de Ecuador, las políticas neoliberales no hacen sino tensar cada vez más la situación política del país. La resistencia indígena a ellas ha mostrado determinación y capacidad de movilización que no deben ser subestimadas.
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