Por: Ernesto Villanueva
Desde tiempo atrás la publicidad oficial se ha considerado, según su regulación, un mecanismo que puede convertirse en “censura indirecta”, sobre todo cuando la discrecionalidad y el pago de recursos públicos se hacen sin racionalidad alguna y a la luz de criterios de ventaja política de los servidores públicos. Este asunto ha sido uno de las grandes asignaturas pendientes en el caso de México, tema del cual me he ocupado tanto en libros como en diversas entregas periodísticas. A nivel federal, las cosas empiezan a transitar por buen camino por cuanto hace a los criterios de asignación de publicidad y a los contenidos que son susceptibles de ser promocionados. Falta, empero, reformar la Ley federal en la materia para hacer de la política pública actual una realidad concreta. A nivel estatal y municipal, los cambios siguen durmiendo el sueño de los (in)justos por las diferencias de desarrollo democrático de cada región del país que no es homogénea y las voces de que no se puede hacer mucho gozan de cabal salud. Por lo anteriormente dicho, es una gran noticia para el país el punto de quiebre que ha marcado el gobierno de Michoacán al haber aprobado el “Decreto por el que se establecen los lineamientos generales para el registro en el padrón de medios de comunicación impresos, electrónicos, digitales y al ternativos, de la Coordinación General de Comunicación Social del Estado de Michoacán de Ocampo” a cargo de Julieta López Bautista, quien ha dado un paso significativo en esta polémica y sensible asignatura. No se trata de mi apreciación personal, sino hay elementos de fondo que permiten sustentar lo que aquí afirmo. Veamos:
Primero. El Decreto, que hubiera sido deseable que fuese Ley pero es, con todo, un gran principio, incluye no sólo a los medios tradicionales y digitales, sino a los alternativos y, además, el artículo 6º de la citada normativa prevé que: “La CGCS procurará promoverá destinar recursos publicitarios a medios en idiomas lenguas originarialenguas originariaos. De la misma forma, destinará al menos el 7% del total de la publicidad a los medios universitarios y a las concesionarias comunitarias.” Esta sola prescripción legal da respuesta a un reclamo histórico que sólo había sido considerado en los textos académicos y discutido en los círculos especializados. Hoy, por vez primera en el país y en buena parte de la experiencia comparada, es una obligación legal que habrá que seguir de cerca.
Segundo. El referido Decreto aborda uno de los temas que nadie se había atrevido a discutir, menos a regular, el relativo a la veracidad de los contenidos publicitarios que dan el tiro de gracia a las tristemente famosas “gacetillas”; es decir, a publicidad disfrazada de información para manipular el derecho a saber de los gobernados. En este sentido, el artículo 5º dispone que: 4“En todo contenido publicitario se diferenciará del formato utilizado para la información a efecto de evitar la confusión de la sociedad. La CGCS aportará en sus contenidos publicitarios materiales veraces, imparciales y accesibles”. La veracidad, la imparcialidad y la accesibilidad a que se alude en el contenido de la hipótesis normativa en cuestión era, de igual modo que en el punto anterior, un reclamo reiterado en los espacios de discusión dedicados al tema y que hasta ahora salen a la luz pública con fuerza normativa que va en sincronía con las pautas democráticas del ejercicio del poder público. Hoy Michoacán se pone a la vanguardia en la experiencia comparada y representa un referente que debería ser replicado en el ámbito federal y en los estados de la República. Julieta López, y el apoyo del gobernador Silvano Aureoles a esta plausible iniciativa, dejan un listo alto que redimensiona lo que hoy se demuestra que cuando hay voluntad política se puede llevar a cabo contra todas las voces que bajo distintos argumentos han dicho una y otra vez que es muy buena idea pero es imposible concretar. Como michoacano me siento orgulloso que el estado se ponga a la cabeza en un rubro resbaladizo y siempre sujeto a la polémica. Seguiré escribiendo sobre los otros aspectos de esta pieza jurídica única para bien de los michoacanos. Hay que seguir el ejemplo michoacano en los gobiernos federal, estatales y municipales del país. ¿Quién dice yo?
@evillanuevamx
