La regulación de cannabis será de los temas prioritarios que se discutirán en este periodo legislativo en el Senado de la República. A pesar de los foros, reuniones y entrega de insumos por parte de la sociedad civil organizada y de las personas expertas, el proyecto de dictamen que está circulando sigue conteniendo riegos y fallas importantes.
Por ejemplo, incumple con priorizar la legalización total de la planta. No prioriza los derechos de las personas usuarias y productoras frente a los intereses del mercado; pero sí favorece a la gran industria y a las empresas extranjeras. No rompe con la descriminalización y la estigmatización actual de las personas usuarias, productos de años de desinformación sobre la planta, sus virtudes medicinales y terapéuticas. No atiende de manera privilegiada a las comunidades campesinas mexicanas desde una perspectiva de justicia social; tampoco protege a las semillas mexicanas frente a las industrias existentes.
Es por ello, que grupos de toda la República, como el Movimiento Cannábico Mexicano o la coalición Regulación por la Paz, compuesta de personas y organización de la sociedad civil, se movilizarán este 4 de febrero de 2020 de distintas formas exigiendo una legislación libre, justa e incluyente. Cada una y cada uno puede sumarse a la campaña desde la difusión digital de los mensajes, participación a actividades de información, capacitación, impulsando o asistiendo a acciones puntuales cerca del Senado de la República, en distintas partes de la Ciudad y del país, contactando al colectivo Regulación por la Paz en redes sociales.
Si bien la regulación de cannabis releva del ámbito federal, los poderes locales disponen de herramientas para contribuir a cambiar el paradigma en materia de política de drogas. La semana pasada, junto con la Dra. Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Esthela Damián, Directora General del Sistema DIF local, presentó una estrategia innovadora de atención integral del consumo de sustancias psicoactivas para la Capital. Hace varios años que Esthela Damián ha ido impulsando la regulación y la reducción de riesgos y daños con responsabilidad junto con las y los expertos desde distintos espacios, como la extinguida Asamblea Legislativa o desde la Asamblea Constituyente. Esta nueva estrategia, coordinada entre distintas dependencias de la administración pública local pretende implementar una política ambiciosa, incluyente basada en la no criminalización y en la garantía de los derechos humanos.
A pesar de los avances jurídicos hacia la inconstitucionalidad de la prohibición de la cannabis, los casos de extorsión y detención por portación simple siguen ocurriendo con frecuencia en la Ciudad, criminalizando a las personas usuarias. La nueva Fiscal, junto con el Secretario de Seguridad Ciudadana, tienen la competencia para instruir a sus equipos que ya no se priorice la persecución penal y la detención de personas por portación simple (hasta 5 kilos). Este gasto público dedicado a la persecución de consumidores podrá así ser potenciado para combatir delitos violentos y de alto impacto social. Mientras eso suceda, sumémonos a las acciones este 4.02.
